La Constitución Española consagra el papel de los partidos políticos en su artículo 6 al asegurar que:
Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento debe ser democrático.
Si bien en ningún momento se asegura que estas instituciones ostenten en exclusiva la actividad política, en la práctica podemos asegurar que la acaparan sin sonrojo ni vergüenza. Semejante situación emana precisamente del carácter colectivista de nuestra norma máxima, en la que la propiedad y la libertad individual están supeditadas al bien común y precisamente es este confuso concepto el que sobre todo la izquierda, pero también la derecha conservadora esgrimen para llevar a cabo sus intereses electorales que hacen coincidir con los intereses de los ciudadanos.
Este monopolio de la representatividad es sinónimo de totalitarismo encubierto cuyo grado de intensidad depende de la bondad del que ostente el poder. El supuesto comportamiento democrático de los partidos se limita a una votación, generalmente a mano alzada, para aclamar al líder de la facción que, entre bambalinas y con maniobras poco claras, se ha hecho previamente con el poder. Este proceder no debería sernos extraño ya que la educación pública y la labor de zapa de los partidos políticos ha convertido la democracia en sinónimo de elecciones.
El pluralismo político debería estar inspirado en las ideas de todos y cada uno de los ciudadanos, no en el sospechoso y en muchos casos corrupto comportamiento de un grupo que dicen responder a los deseos e intereses de los españoles o de parte de ellos como es el caso de los partidos nacionalistas. El poder del partido político radica precisamente en las competencias universales del Estado. Mientras los partidos a través de cada una de las instituciones que lo conforman, controlen y creen la legalidad y su aplicación, obtenga recursos pecuniarios a través de una fiscalidad cada vez más confiscatoria y sigan ampliando sus competencias, la situación no irá haciendo otra cosa que empeorar, pasando de la demagogia al totalitarismo.
Así, la corrupción, el control de facto de los poderes políticos en teoría separados, el subsidio de minorías políticamente relevantes o el control de la educación y de la cultura, entre otros asuntos, nunca serán cosa del pasado sino de un presente real y de un futuro inquietante, justificado por un porvenir mejor o por la necesidad de dejar un mundo idealizado a las generaciones venideras a través de planes utópicos o poco realistas de ingenieros sociales y soñadores de dudosa visión.
Algunos apuntan a la descentralización como una solución a medio o largo plazo. Personalmente, creo que la descentralización no sería mejor ni peor que una nueva centralización. Los males radican en la naturaleza del Estado hipertrofiado con competencias que regulan desde la educación a la manera de comportarnos, que nos aseguran precios "ideales" en servicios "estratégicos" o una vida "digna" con necesidades "esenciales", y donde lo "ideal", "estratégico", "digno" y "esencial" es dictado desde el poder. Mientras el ciudadano no recupere el control de su vida, la descentralización será una simple reasignación de competencias de forma que las secciones regionales de un partido tomarán más poder del que tienen las centrales del mismo, pero no una mejora. De poco serviría trasladar las competencias urbanísticas de los ayuntamientos a las comunidades autónomas o viceversa si no se reduce, o mejor, desaparece el papel de las administraciones públicas en el mercado inmobiliario. Estas medidas cosméticas únicamente terminan contentando a los que ven en la intervención la única solución para solucionar los males… de la intervención. A los demás sólo les termina frustrando.
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