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Policías en los colegios públicos de Estados Unidos

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Los problemas del sistema educativo-judicial-policial se deben a la nefasta intervención del Estado en dos aspectos: económico y moral.

Leo en la revista Reason, en su número correspondiente a marzo de 2017, un artículo muy interesante que se titula: «Why are cops putting kids in cuffs» (¿Por qué hay policías esposando a chicos?). Los autores: Robby Soave y Tyler Koteskey.

Sí: policías en los colegios públicos de Estados Unidos. No en todos, claro, sólo en el 43% de ellos: por problemas de disciplina, dicen. Según el artículo, el origen está en la alta tasa de criminalidad del país a finales de los años 70, que no dejó de crecer en la década siguiente: para mantener esa violencia fuera de las escuelas, se decidió expulsar a sus estudiantes más problemáticos (bandas, drogas, etc.) ¿Quién mejor que la policía para hacerlo?

Como siempre, el Estado genera incentivos que no existían antes para justificar su intervención después: entre 1999 y 2005, casi 3.000 distritos escolares recibieron unos 753 millones de dólares del Departamento de Justicia para contratar esos policías. La oficina que actualmente gestiona esos fondos ha dado más de 1.000 millones de dólares desde 2010 para seguir contratando y retener a esos oficiales, que obedecen a las siglas SRO (School Resource Officer).

En paralelo, se aprueban leyes federales que limitan la capacidad de los responsables de los colegios e institutos para resolver temas de disciplina en sus centros: para poder seguir recibiendo fondos federales, se empezó obligando a expulsar a sus alumnos por el tema de las armas de fuego, pero esa ley se ha expandido dando lugar a situaciones ridículas, como la expulsión de estudiantes por llevar equipos de pesca o polvos que parecían drogas sin serlo.

No es cuestión de negar que la policía pueda ser imprescindible si un estudiante supone una amenaza para la seguridad del centro, pero eso no implica que haya que subsidiar programas para que las fuerzas del orden se encarguen de resolver problemas disciplinarios cuando eso debería ser responsabilidad de los profesores, de los directores y, por supuesto, de los padres.

Visto desde España, puede parecer que la cosa no tiene demasiada importancia, pero la intervención de la policía y la justicia en Estados Unidos es cosa seria: en 2016, un colegio de Florida suspendió durante 6 días a una niña de 11 años por llevar un cuchillo de mantequilla para cortar su fruta en la cafetería. El departamento de policía ha puesto el caso en manos del procurador del estado para decidir si se presentan cargos contra la niña…

Pero es que, además, el hecho de que los colegios llamen a la policía prácticamente ante cualquier infracción de las normas, supone una contradicción flagrante con la situación de la universidad: allí, el Departamento de Educación insiste en que sean las propias instituciones las que se encarguen del bienestar de sus estudiantes, no los policías. Si las universidades no investigan internamente los casos de acoso sexual, por ejemplo, pueden perder su financiación pública.

O sea, una situación de venganza amorosa juvenil en un instituto requiere la intervención de la policía (y nuestro Romeo, amén de quedarse sin Julieta, puede ver su vida arruinada por culpa del móvil), pero si ya son adultos, van a la universidad y la venganza tiene poco que ver con el amor y mucho con el sexo, no es obligatorio que la policía se inmiscuya en el asunto (a no ser que la víctima lo requiera). Oiga, ¡es que no se puede hacer peor!

Además de los incentivos perversos que provoca esta flagrante delegación de responsabilidad por parte de los que deberían ejercerla, el artículo también plantea un problema moral adicional: ¿se respeta la privacidad de los estudiantes cuando son interrogados por la policía o se les requieren sus dispositivos electrónicos, sabiendo que pueden acabar enfrentándose a penas de hasta 40 años de cárcel?

Es más, ¿se respetan sus derechos constitucionales? No parece que los futuros ciudadanos norteamericanos vayan a apreciar la libertad que les garantiza su propia Constitución cuando, como consecuencia de un comportamiento inadecuado siendo adolescentes, tienen que enfrentarse a interrogatorios policiales, detectores de metales y otros sistemas de vigilancia más propios de instituciones penitenciarias que de centros educativos.

El que no lo quiera ver, que no lo vea, pero es evidente que el sistema de educación pública estadounidense necesita reformas: federales, estatales y locales, por supuesto. Y los responsables de los centros tienen que volver a tener la autoridad moral para expulsar a un alumno si su comportamiento así lo exige, sin preocuparse de posibles represalias legales o presupuestarias.

Para ello, lo primero que debe ocurrir es un cambio en la financiación de dicha educación pública, puesto que, actualmente, tiene poco que ver con lo que pagan los que la reciben y mucho que ver con un complejo y oscuro sistema de cálculo del salario medio de los profesores que determina cuántos pueden contratarse cada año. Como era de esperar, la falta de transparencia hace que, además de complejo y oscuro sea, sobre todo, un sistema ineficiente.

El presupuesto de los colegios e institutos debe ir ligado al presupuesto demandado por cada alumno, tal y como ya ocurre hoy en las instituciones privadas y concertadas (me resisto a denominar así a las charter schools, puesto que tienen más autonomía en su gestión que la escuela concertada en España, pero aceptemos el término para no tener que indicar continuamente que son colegios subvencionados públicamente, aunque no estén directamente gestionados por el Estado).

Es cierto que esas instituciones pueden tener ratios de suspensión más altas que las públicas, pero esos posibles abusos de autoridad en materia de disciplina se han mitigado mediante la implementación de medidas bastante simples que han mostrado resultados satisfactorios: en Nueva Orleans, por ejemplo, bastó con definir tres niveles de posibles ofensas que podían acarrear la suspensión del estudiante y actuar en consecuencia, ajustando el castigo a la falta cometida.

Obviamente, no todo el mundo prefiere que se apliquen medidas tan laxas sino entornos donde la disciplina sea más estricta, lo cual no debería de ser un problema mientras los padres tengan posibilidad de elección: los padres podrán mostrar sus preferencias (académicas o disciplinarias) y los colegios tendrán incentivos financieros de los que carecen hoy los colegios públicos tradicionales para mejorar el aprendizaje de sus estudiantes.

El artículo de Soave y Koteskey me ha parecido una magnífica descripción de la situación del sistema educativo-judicial-policial generado por la nefasta intervención del Estado en sus dos aspectos, económico y moral. Y luego hay que escuchar que los problemas son que Betsy DeVos no tiene una titulación en educación, nunca ha trabajado en la enseñanza y ni ella ni sus hijos han asistido a la escuela pública. Venga ya…

1 Comentario

  1. No veo la razón, y nadie me ha podido ofrecer una plausible justificación de por qué tiene que existir un Departamento de Policía Escolar en los Distritos Escolares. Coincido con el autor que ello es debido a los sórdidos y oscuros mecanismos del sistema educacional-judicial-policial que por supuesto está viciado y es inoperante. Todo esto trae como consecuencia que la escuela y el sistema educacional han perdido su autoridad de decidir “quién se queda y quien se va”, y no tener que recurrir a otros mecanismos que como sabemos cada vez son más feroces, arbitrarios, crueles y abusivos en grado superlativo. Esta misión sólo le correspondería a mi modo de ver como Pedagogo a la escuela y a la familia sin la intervención de otros sectores a no ser por razones extremadamente justificadas.
    Hoy se ve de todo. Hemos visto niños esposados, revolcados en el piso, pateados, y reducidos a la obediencia violentamente por un “personal” que está para “proteger, servir e inspirar” según su slogan. Y eso por no mencionar a otros menos afortunados que han sido lesionados y hasta muertos por errores de la autoridad. Hay muchos ejemplos y los casos están documentados observándose una desproporcionada incidencia en las minorías afroamericana e hispana. Ambos grupos llevan siempre la peor parte. Pudiera haber alguna predisposición? Cuestiono si esa autoridad está capacitada y entrenada para lidear con situaciones socio-emocionales que en la mayoría de los casos son el resultado de un desbalance familiar o la falta de estructura en la célula fundamental de cualquier sociedad. Las mismas “Leyes” le han quitado la autoridad a la familia y a la escuela y ha empleado a su aparato represor para que sea el “administrador” de esas leyes.
    En mi modesta opinión veo a la policía escolar y a la escuela como si fuera un hospital al que le añaden una funeraria dentro de sus instalaciones como diciendo “ si nó te podemos curar, te vamos a velar en la funeraria”. Es lo mismo que “si no te sabes comportar te vamos a arruinar la vida”.


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