Siempre me han interesado las políticas públicas, la política y el destino de nuestra sociedad. Los que compartimos esta pasión hemos seguido análisis y controversias sobre la regulación, sus efectos, sus costes y beneficios. Sin entender bien este tipo de cosas no se puede hacer una política solvente, y eso es lo que ocurre en demasiadas ocasiones. En este campo, los economistas tienden a analizar asuntos de mucha relevancia para la sociedad: el mercado laboral, el sector financiero, la provisión de energía. A mí siempre me ha llamado la atención la falta de referencias asequibles sobre un tipo de regulación que afecta a nuestras vidas cotidianas, y con las más diversas excusas empeoran nuestra calidad de vida. Es la llamada protección al consumidor, que en tantas ocasiones se convierte en una limitación concreta de la libertad de los consumidores y en una disminución tangible de la calidad de los productos que consumimos.
Hace unos años viví fuera de España y a mi vuelta me traje un coche de una marca y un modelo que se vendía en España y que se fabrica en un sólo lugar. Como se trataba de un bien perteneciente al ajuar doméstico, su importación no exigía pagar más impuesto que el de matriculación. Pero antes había que hacerle la inspección en una ITV para comprobar que el vehículo estaba homologado. La administración rápidamente comprobó que había un problema: la regulación española exige que las luces anti-niebla sean accionadas separadamente, y no con el mismo interruptor. No me acuerdo cuánto me costó dejar el coche en condiciones homologables por las autoridades españolas, pero se trató de una factura relevante.
Entonces compré una cafetera eléctrica. Como mi familia es numerosa, tenemos la costumbre de que el primero en levantarse -yo- hace café, que los demás miembros de la familia van sirviéndose cuando desayunan. ¡Pues el café estaba siempre frío! Al principio yo creí que había comprado una mala cafetera, o que no había entendido las instrucciones. Hasta que conseguí averiguar la causa: la regulación europea exige que las cafeteras tengan un temporizador que impida su funcionamiento durante más de 40 minutos.
El otro día leí un artículo en el Wall Street Journal que me dejó extraordinariamente sorprendido: hace 35 años los lavavajillas limpiaban perfectamente en una hora de media. Hoy, para hacer el mismo trabajo, necesitan entre 3 y 4 horas. La regulaciones medioambientales obligan a que sea así, y también afectan a lavadoras y secadoras, que podrían ser mucho más eficientes de no ser por la regulación.
En el origen de muchas de estas regulaciones están consideraciones relativas a la seguridad de los consumidores o al efecto sobre el medio ambiente. Pero las maquinarias burocráticas dedicadas a estos asuntos siempre encuentran construcciones intelectuales que sirven a sus propósitos. Un fundamento muy frecuente de todo tipo de restricciones es el del etiquetaje de los productos. Se trata de que cuando uno compra jamón de Jabugo sea, efectivamente, de Jabugo y no de Tarancón. La garantía del origen de los productos podría dejarse perfectamente al mercado, por supuesto. ¡Pero es tan tentador regular el lenguaje! Muchos recordamos las controversias europeas sobre lo que es y no es un plátano, pero les traigo aquí un caso espectacular: el pasado 27 de diciembre ha sido declarado el de la “liberación del aliño francés”. La FDA americana definió en los años 60 lo que es, lo que puede contener y lo que no el famoso French dressing que se usa para aliñar las ensaladas: “(the)…French salad dressing be made of oil, ‘acidifying ingredients’ such as vinegar or lemon juice with vegetable oil constituting 35% by weight, though it need not include tomato paste”. Ahora, la FDA está derogando estas absurdas normas.
Mucha gente cree que esto son excepciones, pero no es así. La FDA exige que el kétchup tenga un PH de 4,2 o que las tartas de cerezas no tengan más del 15% de las mismas en malas condiciones. El motivo por el que el 14% de las cerezas estropeadas no es un problema, pero el 16% sí pertenece al reino de una fe que no está a mi alcance.
La crisis que hemos empezado a vivir a consecuencia de la COVID-19 no ha desplegado aún todas sus consecuencias, que para nuestro país van a ser devastadoras. Tenemos una extraordinaria ocasión de revisar tantas cosas que impiden que los españoles alcancemos nuestro máximo potencial de bienestar. Las regulaciones de “lo pequeño” discriminan a los más humildes, al encarecer los productos sin una justificación solvente. Hagamos de la revisión de la regulación una prioridad nacional.
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