Prevaricación típica

El Gobierno teme que el trabajo realizado por los agentes de la Guardia Civil sustente otras querellas contra sus miembros.

El desprecio del Gobierno español actual por el Estado de derecho y el imperio de la ley ha quedado patente en un nuevo episodio que anuncia, a su vez, derivaciones indeseadas para sus aspiraciones de impunidad. Me refiero naturalmente al terremoto causado por el conocimiento del informe elaborado por dos agentes de la Guardia Civil, en funciones de policía judicial, por encargo de la juez instructora que investiga la presunta prevaricación administrativa cometida por el Delegado del Gobierno en Madrid, José María Franco Pardo, al no desautorizar las manifestaciones y actos multitudinarios que tuvieron lugar entre el 4 y el 14 de marzo, a pesar de la recomendación emitida por el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades, de fecha 2 de marzo de 2020, sobre la COVID-19.

Por lo que se sabe hasta ahora, la instructora del juzgado número 51 de Madrid inició las diligencias previas después de recibir el 20 de marzo una denuncia del abogado Víctor Valladares que incluía al presidente del Gobierno y los delegados en las restantes comunidades autónomas. Asimismo, indicaba también la presunta comisión de lesiones imprudentes y otros delitos que se pudieran derivar de la investigación de los hechos denunciados. No obstante, en la misma incoación la juez inadmitió la denuncia contra el primero, que goza de aforamiento en el Tribunal Supremo, así como contra los delegados del Gobierno en otras CC. AA. por hallarse fuera de su competencia territorial. Por otro lado, tras recibir un informe de un médico, archivó las investigaciones por las lesiones imprudentes, si bien no se sabe si el Letrado denunciante ha recurrido esa decisión. 

Sea como fuere, llama la atención el contenido del informe policial -que siguió las detalladas instrucciones de la juez, incluyendo la práctica de las diligencias que se considerasen necesarias para el esclarecimiento de los hechos- por la profesionalidad de los autores. Lejos de amilanarse por las repercusiones que la investigación podría tener para el Gobierno, profundizaron en el objeto de sus pesquisas, recopilaron indicios y los relacionaron entre sí con gran perspicacia, teniendo muy presentes los elementos del delito de prevaricación administrativa (en su doble modalidad activa y omisiva, artículo 404 en relación al 10 CP ) que la juez les había indicado.

A la hora de analizar si los funcionarios de la Delegación del Gobierno tenían conocimiento de la gravedad de la situación sanitaria que le hubiera permitido valorar el peligro de la celebración de manifestaciones o concentraciones sobre la salud pública, resaltan la existencia de una “información general sobre medidas preventivas básicas a adoptar en el enlomo laboral frente al nuevo coronavirus (SARS-cov-2)” elaborado el 28 de febrero por su Servicio de Prevención Riesgos Laborales -el cual fue difundido entre todas las cuentas de correo electrónico de la delegación, según aseveran, por sus comprobaciones in situ– en la que se instaba a los empleados públicos a mantener la distancia, en especial en aquellos puestos de contacto directo con los ciudadanos, ante la “gravedad” de una enfermedad que podía “incluso” ocasionar la muerte. Obviamente el investigado Franco Pardo, situado en la cúspide de esa estructura y máximo responsable en cuanto resuelve los expedientes administrativos tramitados en su seno, podrá negarse a declarar contra sí mismo y confesarse culpable (art. 24 CE). Sin embargo, si no contara con la implacable maquinaria de hacer picadillo al servicio de su Gobierno, tendría una defensa harto complicada. Los agentes constatan la experiencia del delegado gubernativo en prohibir la celebración de otras 6 manifestaciones en el período acotado, generalmente por falta de comunicación en el plazo fijado en la ley reguladora del derecho de reunión, excepto en un caso. Precisamente la que había convocado una asociación de agricultores en las inmediaciones de la vivienda del vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias Turrión, para el día 14 de marzo. En esta ocasión el delegado desautorizó sin más la concentración en un lugar de tránsito público, ponderando el conflicto que se planteaba entre los derechos fundamentales al honor, a la intimidad personal y familiar, y la propia imagen, así como inviolabilidad domiciliaria del vicepresidente frente al derecho de reunión de los convocantes[1]. 

 Por otro lado, su brillante análisis jurídico de la jerarquía en la organización administrativa española –obviamente un delegado del Gobierno central en una comunidad autónoma toma sus decisiones siguiendo las instrucciones que le da el gobierno que lo nombra- les conduce a investigar la actuación de las máximas autoridades en materia de salud pública del momento: el ministro de Sanidad, Salvador Illa Roca y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón Soria. El episodio de las reuniones de estos a primeros de marzo con los representantes de la Iglesia Evangélica para forzar la desconvocatoria de un Congreso que tenían previsto para los días 19, 20 y 21 de marzo en Madrid (acto para el que no precisaban comunicar nada a las autoridades, por cierto) se ve corroborado por la declaración de los propios interesados.

Otros muchos elementos, imposibles de resumir aquí, conducen a los agentes a dos conclusiones bastante plausibles: 1) los responsables sanitarios tenían un profundo conocimiento de los riesgos de la enfermedad, cuando menos a fecha 5 de marzo de 2020 y de cómo los mismos evidenciaron que las manifestaciones no debían celebrarse, por los riesgos que comportaban las concentraciones de personas y 2) la Delegación del Gobierno tenía conciencia del peligro que suponía la celebración de reuniones y manifestaciones en fechas previas a la declaración del Estado de alarma, de las cuales había tenido conocimiento y había permitido.

A continuación de la presentación de ese informe a la juez instructora vino el ruido de las destituciones de mandos de la Guardia Civil, presuntamente motivadas por las presiones de sus superiores al coronel Diego Pérez de los Cobos Orihuel para informarles de su contenido. Sin minusvalorar en absoluto las dimensiones del escándalo, si los propios cesados solo formulan recursos contencioso administrativos, mal contribuirán al esclarecimiento de los hechos.

En cualquier caso, además de sus minuciosas investigaciones, los agentes sistematizan un conocimiento que era notorio entre los que han seguido la actuación del Gobierno, por los múltiples rastros dejados en sus declaraciones públicas. La sorpresa del Gobierno viene determinada porque, en su entendimiento autoritario del poder político, su actuación no se traduce en muchas ocasiones en actos administrativos concretos y determinados, y, por lo tanto, reglados. Argumentarán que todos sus actos son “políticos” de “un Gobierno democrático”, que están  justificados y, por supuesto, emularán las trapacerías cometidas en grandes procesos criminales con implicación de agentes del Estado (como los GAL y la masacre del 11-M) para intentar tapar la vía de agua, gracias al férreo control de la Fiscalía, dirigida por Dolores Delgado García.

Ahora bien, los indicios racionales de criminalidad para sostener una sólida imputación contra el delegado del Gobierno en Madrid por prevaricación administrativa están sobre la mesa de una juez instructora. En el momento de escribir este análisis, la policía judicial ha aportado otros informes que los apuntalan aún más y las trabas a la investigación  opuestos por el Gobierno. En definitiva, el Ejecutivo teme que el trabajo realizado por los agentes de la Guardia Civil sustente otras querellas contra sus miembros, no solo el ministro de Sanidad y su subordinado director del CCAES. No en vano, una vez aquilatada la imputación por prevaricación, la relación de causalidad con las muertes de miles de personas por dolo eventual o imprudencia grave quedaría a un paso de ser susceptible de investigarse.