Primera regla económica: no empujen, por favor

Una de las razones que la mayoría de los economistas bienintencionados aceptan para justificar la intervención estatal es el impulso de una actividad "adecuada". Por ejemplo, tras los buenos datos de empleo de la economía española, son varios los profesionales que aconsejan que el Estado apoye, no a las actividades responsables de estos resultados positivos (consumo y turismo), ya que están demostrando su fortalecimiento, sino, dicen, actividades industriales creadoras de empleo, pero de un empleo más sólido, no tan dependiente de la coyuntura como el turismo o el consumo navideño.

Tiene su lógica. Pero una vuelta de tuerca mental más basta para desvelar la perversión de este razonamiento tan bienintencionado que, como muchos de los errores que acarrean las buenas intenciones, mezcla verdades con falsedades.

Es cierto que el nuevo empleo creado se centra en actividades que dependen demasiado de la coyuntura económica del momento y, en el caso del turismo, de la situación económica de otros países. Es cierto que sería ideal que España desarrollara un sector productivo basado en actividades más sólidas, como las industriales. Es cierto que el apoyo del gobierno debería mirar a los empresarios más que a lobbies que aseguren la victoria electoral. Es cierto que el apoyo a los empresarios y la creación de empleo es la mejor política social, porque permite que los trabajadores recuperen su renta, su modo de vida y sus expectativas frente a la vida.

Pero ¿de qué apoyo hablamos? ¿Se trata de subvencionar actividades?

El error del razonamiento de partida consiste en la idea del empujoncito amistoso por parte del gobierno a los empresarios de esas actividades industriales que, supuestamente van a crear empleos más sólidos. Ese "pellizco" con el dinero de todos, permitirá supuestamente, atraer a inversores que verán una oportunidad de beneficio. Y luego ya se eliminarán las ayudas cuando la cosa marche.

Pero ¿quién decide de antemano qué actividades son esas? ¿quiénes sino los propios inversores pueden olfatear las expectativas de beneficio? Si el Estado pervierte las señales los inversores pueden equivocar sus decisiones de manera que, como en la profecía autocumplida, la propia intervención facilitará el resultado previamente sugerido y que sirvió de base para esa intervención. La historia reciente nos proporciona muchos ejemplos, como el supuesto éxito de algunas energías alternativas, o del sector agrícola, que son rentables con subvención, pero un desastre sin ella.

Con todo y con eso, aún hay un panorama peor. Y es el caso en el que incluso con subvención, la actividad sigue sufriendo pérdidas. El ejemplo perfecto es la minería del carbón en España que, tras muchos años de dinero de todos los españoles invertido en ella, ha resultado un pozo sin fondo y sus defensores, se han visto obligados a dejar de considerarlo un problema económico para apelar a la solidaridad. No deja de ser curioso dada la ingente cantidad de dinero malgastado en ello que no muestren los mineros la misma solidaridad que reclaman.

¿Cómo puede, pues, el Estado ayudar a la creación de empleos más consolidados? Pues simplemente retirando las piedras del camino de inversores y empresarios. Retirando las cargas que pesan sobre sus hombros. No más. Es, por descontado, un camino que reporta menos votos, más lentos, pero también sin duda, más seguro porque no pervierte la percepción del estado de las cosas de quienes tienen como misión descubrir las oportunidades de éxito empresarial y apostar por ellas.

Y luego está la otra solución. La más intuitiva. ¿Y por qué no afianzar esos sectores en los que ya sabemos que somos buenos? ¿Por qué no fortalecer el turismo y las empresas productoras de bienes tanto de consumo interno como para exportación? Y, de nuevo, no se trata de subvenciones sino de permitir la innovación, la diversidad y facilitar la inversión.

Todos los argumentos que me encuentro de frente se refieren al horror en el que nos vamos a convertir si resultamos ser la California europea, y suelen ser defendidos por personas que nunca han estado en California.

Si el Estado se limitara simplemente a no empujar a los empresarios y a eliminar trabas para que las inversiones fluyan allá donde hay rentabilidad, tal vez nuestros gobernantes no serían aclamados a corto plazo, pero sí se aliviaría el problema del desempleo, y esa sería la medida más social de todas las medidas económicas.