Cuando existe la oportunidad política[1] debemos pasar de una economía socialista, altamente intervenida, sobreregulada o equivocadamente regulada a una más liberal, de iniciativa privada, libre empresa y con un menor paternalismo. Los liberales solemos enfatizar en el valor de la privatización como principal medio para reducir el tamaño del Estado y permitir la participación del sector privado. Y ello para dar lugar al enriquecimiento característico de la economía de mercado.
Aunque la privatización tiene claros beneficios económicos, también presenta dos grandes desafíos: problemas de procedimiento y costos políticos. En este artículo, propongo una solución: antes de privatizar, es crucial liberalizar en la medida de lo posible. Esta estrategia, aunque evidente, no siempre se aplica. Hay países que salen del socialismo, como las repúblicas ex soviéticas o posiblemente Venezuela, Argentina y Cuba en el futuro. En ellos, la privatización puede parecer la prioridad más urgente, y la acción política más visible y coherente con el liberalismo. Sin embargo, privatizar sin liberalizar no resuelve el problema de fondo y puede generar descontento social contraproducente.
Retos del procedimiento
El proceso de privatización, es decir, el cómo se hará, es crucial para el éxito de la privatización. En el procedimiento de privatización se deben tener en cuenta los siguientes retos:
- Oligarquías. El principal riesgo es que el procedimiento no sea abierto y transparente. Y que las empresas pasen a manos de amigos de los políticos y no a manos del mejor postor.
- Cambios radicales. La privatización puede traer una renovación de la plantilla de trabajadores. Por lo general son solo los cargos importantes, pero puede conllevar un cambio en la estructura y funcionalidad completa de la empresa. Hay que tener en cuenta que algunos servicios o empresas públicas no existieran si no fuesen obra del Estado. Ello no confirma que el Estado sea necesario, más bien indica que el Estado puede llevar a cabo proyectos parasitarios que destruyen recursos. No obstante, los cambios radicales producto de la privatización pueden ser políticamente costosos o impopulares.
- No se compensa al contribuyente. Si quienes en última instancia los contribuyentes han sido quienes han financiado las empresas y obras públicas, ¿no debería los contribuyentes beneficiarse de la privatización? Sí, debería ser así. Pero repartir en acciones las empresas públicas no es sencillo, barato o necesariamente lo más eficiente que se pueda hacer.
- Pasar de bienes públicos a copropiedad. Puede darse el caso que la privatización amerite convertir el bien en una copropiedad. Esto puede implicar un reto político y social de coordinación y cooperación para los involucrados.
Costos políticos de la privatización
El nefasto Estado de bienestar y las empresas públicas suelen presentar el característico patrón maniacodepresivo del socialismo. Lo publico por lo general tiene un inicio relativamente exitoso, las nuevas obras publicas suelen ser ambiciosas y pomposas, las empresas recién nacionalizadas reciben un empujón por la vía de nuevo financiamiento, menos trabas para operar en el país o nuevos contratos públicos. Pero con el paso del tiempo, lo publico se va haciendo menos innovador y eficiente, y al llenarse de subsidios, empleados públicos innecesarios y ciudadanos dependientes del sistema, lo publico se torna enormemente costosos económicamente y difícil de desmontar políticamente. De esa manera, se atornilla la socialdemocracia, haciendo casi imposible salir de ella.
A pesar de que pueda alcanzar un Estado deplorable, lo publico no pierde clientes o usuarios por dos razones básicas: el subsidio y la ausencia de competencia. Lo primero es una estrategia insostenible, los ciudadanos pagan por la vía de impuestos un servicio que se subsidia, por lo que se distorsiona toda información sobre sus precios y demanda de mercado, llevando a excesos y carencias en la administración. Por otro lado, la ausencia de competencia es la vía por la que se consolida el paternalismo, la dependencia al Estado y se destruye la iniciativa privada.
Privatización: beneficios sociales, costes políticos
Las universidades y hospitales públicos no dejan de ser una opción para los ciudadanos porque el Estado frena, limita o encarece enormemente la participación privada en esos sectores. Por ejemplo, con regulaciones que limitan la apertura de nuevas escuelas de medicina. De lo contrario, habría una amplia oferta de la carrera y bajarían los precios. Ello permitiría al usuario tener una alternativa a lo público que no sea significativamente costosa.
En consecuencia, por lo general, lo público acumula una enorme cantidad de empleados y usuarios dependientes. Se deteriora lentamente, pero no muere del todo porque no puede quebrar sin una restricción presupuestaria dura. Y, al ser el único servicio (como la seguridad) o el único servicio a muy bajo coste (como la salud), no pierde usuarios por más bajo que caiga la calidad y eficiencia de su oferta. Estas tres razones hacen que la privatización sea muy beneficiosa económicamente para las cuentas públicas, pero muy costoso políticamente porque el mercado no ha tenido tiempo de desarrollar plenamente las alternativas a lo público.
Liberalización: el primer paso necesario
Liberalizar o desregular sectores de la economía es una forma de quitar poder al Estado. Permite que el orden espontáneo tome el protagonismo mediante el desarrollo individual y descentralizado de la función empresarial por parte de todos. Cuando la oferta pública decae, no surge inmediatamente oferta privada por las barreras de entrada. Sin embargo, cuando no hay barreras de entrada, a pesar de que sector público este funcionando relativamente bien, el sector privado suele llenar huecos en la oferta. Presenta sus sustitutos, que pueden no tener mucha fuerza en el inicio, pero la irán adquiriendo en la medida en que los clientes tengan mayor poder adquisitivo. O que el sector público empiece a presentar sus debilidades programadas.
Liberalizar o desregular también tiene costes políticos, pero son menores que los de la privatización porque los beneficios y perjuicios aparecen en paralelo y los beneficiados suelen ser mayoría. Por ejemplo, en el corto plazo, cuando se permite Uber o cualquier servicio similar los clientes se benefician y los taxistas se perjudican en paralelo. O cuando se permite ampliar sin restricciones la oferta académica, escolar y universitaria, las familias se benefician y las instituciones anteriormente privilegiadas se ven perjudicadas. En ambos casos los clientes, que son mayoría, ven un abaratamiento inmediato.
Aprovechar las situaciones difíciles
A pesar de ser minoría, los oligopolistas en forma de gremios y otras entidades se organizarán para protestar. Pueden ser «ruidosos» y persuasivos, y tornar la opinión pública a su favor. Ante esto es recomendable liberalizar en sintonía con la coyuntura política. Como suelen hacer los socialistas cuando aprovechan las crisis para aumentar su tamaño, pero de manera contraria. Se trata de aprovechar, por ejemplo, la subida del precio de los alimentos para reducir impuestos o desregular la importación o producción de alimentos.
Privatizar puede que lleve a una reducción brusca del gasto público. Pero liberalizar antes de privatizar no constituye una mala estrategia para sanear las cuentas públicas. La liberalización despierta sectores de la economía que estuvieron dormidos en el pasado, lo que trae nuevas inversiones y crecimiento que se puede traducir en mayores ingresos para el Estado. En paralelo, la nueva oferta privada de sanidad, educación, transporte, entre otros, retira usuarios de los servicios públicos. Ello puede reducir parte de sus gastos, principalmente costes variables.
Cocnclusión
En conclusión, si durante muchos años se desarrollan y conviven en paralelo empresas públicas y privadas sin mayores regulaciones monopolísticas, la privatización estará más cerca. Será más fácil, menos costosa políticamente y más aceptada por la población. Si en algún momento, políticos realmente liberales tienen la oportunidad de hacer un cambio, deberán hacerlo sin titubear. De manera determinada y radical. Pero la mejor estrategia será empezar por liberalizar y desregular, a un ritmo constante, aprovechando la coyuntura y lidiando con los grupos de presión. Con ello progresivamente se habrán construido los cimientos para las futuras privatizaciones.
Ver también
La privatización con cupones de la República Checa (José Carlos Rodríguez)
Desamortización civil (Cristóbal Matarán).
[1] El presente artículo parte de la premisa de que existen políticos liberales que buscan reducir el tamaño del Estado, sobre lo que el autor es escéptico. No obstante, es relevante reflexionar sobre estrategias políticas beneficiosas para el liberalismo.
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