¡Pues vaya leche!

Los ganaderos se han puesto en el rol de víctimas y sobre él han justificado la coacción como herramienta para conseguir unos objetivos que sólo les benefician a ellos y a nadie más.

Cuando estoy escribiendo estas palabras, los ganaderos parecen haber llegado a algunos preacuerdos con algunas distribuidoras, pero el conflicto sobre el precio de la leche, sobre la diferencia entre lo que recibe el ganadero y lo que cobra la distribuidora al cliente final, sigue abierto.

La razón inicial de este conflicto habría que buscarla en la desaparición de las cuotas lácteas que fueron creadas por los organismos europeos en 1984, como una medida de Bruselas para frenar los excedentes de los países del norte que suponían una sangría para los fondos comunitarios. La llegada tardía de España, que ingresó en 1986, y la mala negociación del PSOE en la adhesión de España, aceptando condiciones muy desfavorables con tal de entrar, asignó una cuota final muy inferior a la demanda nacional.

A pesar de todo esto, las cuotas, más que favorecer una mejora sectorial, han propiciado que zonas menos adaptadas a la producción lechera pudieran tener parte de sus recursos orientados a este producto, en detrimento de otras zonas con mejores condiciones, impidiendo que estos recursos económicos se orientaran a actividades más eficientes, a otras formas de explotar el agro[i].

La desaparición de las cuotas ha expuesto a los ganaderos a un escenario novedoso para ellos: el libre mercado. Bueno, seamos realistas, a un escenario que puede ser un simulacro del libre mercado, porque las administraciones públicas, tanto comunitarias como nacionales, tienen aún mucho peso a la hora de tener la última palabra, pero en todo caso, una situación que responde más a la incertidumbre del libre mercado que a la “seguridad” de la intervención económica.

Lo primero que vaticinaron los agricultores fue el desplome de los precios, y así ha sido, lo que ha hecho que algunas ganaderías sean inviables económicamente: costes fijos elevados, precios a la baja y ayudas públicas en retroceso. Además, se han producido otras circunstancias que también les han perjudicado.

Al desaparecer las cuotas, se ha producido un incremento de la producción en Europa, que además ha coincidido con una mayor oferta en otros mercados internacionales como el neozelandés, el australiano o el estadounidense. Una de las consecuencias de la crisis con Rusia ha sido que Putin ha vetado los productos de la Unión Europea por su apoyo a Ucrania y ha eliminado de golpe un mercado “natural”. Por otra parte, la crisis en China ha hecho que las ventas en este país sean menores de las esperadas.

Estos factores, unidos al hecho de que otros productores mundiales tienen copados mercados alternativos con precios mucho más competitivos, explican la situación que viven nuestros ganaderos y por qué se han fijado en las comercializadoras finales como en los malos de turno. Al fin y al cabo, es más fácil ir a protestar al Carrefour o incluso a Bruselas que a Moscú o Pekín, y por supuesto, más fácil que hacer las cosas de otra manera.

En una economía libre, toda esta situación sólo quiere decir que el número de ganaderos, a los precios a los que estaban dispuestos a comprar los clientes, estén donde estén, sean los que sean, era excesivo; vamos, que hay un exceso de oferta. Cuando esto ocurre, los que no pueden cubrir costes deben buscar otros mercados donde hubiera una demanda acorde a lo que ellos ofrecen, y si no pueden porque hay impedimentos de orden mayor, destinar sus recursos a otras actividades más adecuadas.

Este asunto puede parecer aún más sangrante si tenemos en cuenta que las ayudas que han ido recibiendo durante tantos años se debían haber invertido en mejoras en el modelo de explotación para hacerlas rentables, mejorando las instalaciones, el rendimiento y el conocimiento del mercado, adelantándose a contingencias incluso tan drásticas como las actuales.

Pero no estamos en el libre mercado, estamos en una economía social y más en el campo europeo, donde sus protagonistas están acostumbrados a las ayudas y a la intervención de los mercados por parte de los organismos públicos, donde los productores están protegidos de los vaivenes y las incertidumbres frente al resto de mortales que tenemos que surfear con mayor o menor tino en este mar económico; eso sí, comprando productos más caros de lo que podríamos tener.

La bajada de precios ha puesto a los ganaderos en pie de guerra y éstos han hecho lo que todos los colectivos patrios que han dependido o dependen de las administraciones públicas saben hacer: movilizarse violentamente, a la vez que los negociadores entablan diálogos con las administraciones públicas que pueden revertir, al menos en parte, la situación en la que se encuentran.

Los agricultores desplazaron a Bruselas las protestas y consiguieron que la Comisión presentara en el Consejo Extraordinario de Agricultura un paquete de 500 millones de euros para apoyar a los ganaderos como respuesta a la crisis. Evidentemente, esta ayuda no ha sido ni es suficiente.

Los ganaderos han negociado y siguen negociando con la ministra del ramo que, como todos los ministros que se meten en esto del agro, son del tipo péndulo: ahora parece que te apoyo, ahora parece que no te apoyo. Así que Isabel García Tejerina anunció una ayuda directa de 300 euros por vaca en las explotaciones no rentables, es decir, que estén vendiendo leche por debajo de la rentabilidad. Agricultura estimó que esta medida beneficiaría a entre 2.500 y 3.000 explotaciones. Ya veremos cuántos pasan de la rentabilidad a la no rentabilidad de manera mágica[ii]. Pero en todo caso, esta ayuda no ha sido tampoco suficiente. Así que sólo quedaba el sector privado.

El intermediario siempre ha sido uno de los “malos malísimos” para los socialistas y los que se comportan como socialistas. Y entre el ganadero y el que se llena el vaso de leche por la mañana hay mucho intermediario malvado y capitalista. Uno de los más odiados, incluso con el aplauso del ciudadano, es el supermercado, generalmente las grandes distribuidoras, que son los que mejor pueden y saben negociar a la hora de conseguir un buen precio. Y a por ellos que se han ido. Y no se han cortado un pelo.

En todo el territorio nacional han realizado labores más propias de la guerrilla que de unos empresarios velando por sus intereses: bloqueos, amenazas, coacción… En Asturias, Galicia y Castilla[iii], han tirado al campo directamente millones de litros de leche para encarecer el producto. Y en este contexto se han puesto a negociar con las principales marcas, porque sí, porque ellos lo valen. Y han conseguido cosas, como mayores ingresos reduciéndoles el margen, o que no hagan ofertas de leche, de forma que el resto de los españoles tendremos el litro más caro, si los súper y los híper no deciden asumir económicamente esta operación.

Los ganaderos se han puesto en el rol de víctimas y sobre él han justificado la coacción como herramienta para conseguir unos objetivos que sólo les benefician a ellos y a nadie más, en vez de adaptarse a las nuevas condiciones y contextos de la economía, que es lo que hace la gente cuando le pasan cosas similares. Todo esto no ha sido una negociación entre dos patronales, la de la distribución y la de los ganaderos, o lo que habría sido mejor, una negociación entre empresas, esto ha sido un duelo en el que unos han esgrimido sin vergüenza sus armas, la manifestación y la violencia, y lo han hecho con la aquiescencia de las administraciones públicas, que encima les han premiado con ayudas. ¿Y éstas son las víctimas? ¡Pues vaya leche!