España se enfrenta a la mayor crisis económica de los últimos 40 años. La destrucción de empleo, el creciente desequilibrio presupuestario y la intensa recesión económica acaban de dar comienzo y, por desgracia, contamos con un Gobierno que, además de mirar para otro lado, amenaza con subir los impuestos y disparar la deuda pública. Sin embargo, lo más preocupante es que carecemos de una oposición capacitada para afrontar el duro ajuste que sufrirán millones de españoles.
Resulta sorprendente y, sobre todo, triste, observar la escasa capacidad que muestra el Partido Popular a la hora de proponer alternativas realmente eficaces para atenuar los efectos de la crisis que se nos viene encima. Es indudable la desconfianza que inspira a todo liberal un Gobierno socialista al frente de una situación de estas características. Pero lo peor es que, hoy por hoy, no existe una alternativa real con el suficiente arrojo y valentía como para liderar desde el ámbito político los grandes retos y desafíos a los que se tendrá que enfrentar la economía nacional durante los próximos años.
Por citar tan sólo algunos ejemplos, España es uno de los países más vulnerables a la restricción de crédito internacional (credit crunch). Además, la banca del país y, sobre todo, las cajas de ahorro, precisarán recapitalizar sus balances conforme vaya aumentando la morosidad hasta niveles récord, debido a la elevada exposición de sus balances al desplome de la burbuja inmobiliaria. Por si ello fuera poco, nuestro mercado laboral es uno de los más rígidos del planeta, con lo que el incremento del paro está asegurado a medio plazo.
Nuestra alta necesidad de financiación exterior (déficit por cuenta corriente) y la escasa productividad e innovación propia de nuestra estructura productiva, junto al elevadísimo endeudamiento de empresas, familias, y ahora también Administraciones Públicas, colocan a España en una posición mucho más delicada que otros países de nuestro entorno.
Pese a ello, las medidas propuestas por el principal partido de la oposición, la formación de "centro reformista" que lidera Mariano Rajoy, no arrojan ninguna esperanza en cuanto a la aprobación de las reformas estructurales que, con gran urgencia, precisaría la economía del país para evitar, en la medida de lo posible, la sangría que está a punto de acontecer. Y es que, España, al igual que Estados Unidos, corre el riesgo de sufrir, no sólo una dura y prolongada recesión (al menos 12 meses, con tasas de crecimiento negativas), sino un largo estancamiento económico al estilo de Japón. Es decir, 10 años con avances del PIB próximos a cero.
¿Y qué hace el PP mientras tanto? Criticar la gestión del Gobierno, lo cual nunca está de más, pero ¿dónde está la alternativa? El PP acaba de proponer como medida estrella limitar el aumento del gasto público a poco más del 1,4% del PIB en los Presupuestos Generales del Estado para 2009. Un ahorro próximo a los 2.000 millones de euros respecto al proyecto presentado por el ministro Solbes.
En un momento en el que los distintos gobiernos aplican inmensos rescates financieros e industriales de cientos de miles de millones de euros a cargo de los bolsillos de los contribuyentes, un ahorro presupuestario de 2.000 millones para las arcas públicas resulta, como mínimo, irrisorio, por no decir vergonzoso. Ni una palabra sobre la acuciante necesidad de reformar el mercado laboral para proceder a su total y completa liberalización, ni una reforma sustancial de la política fiscal con el fin de atraer capital extranjero y facilitar la creación de empresas y, por supuesto, no apostar en voz alta por la energía nuclear con el fin de reducir nuestra elevada dependencia energética.
Aunque eso sí. Ni una sola crítica oficial al paradigma del cambio climático no vaya a ser que los populares pierdan algún voto entre sus amplias filas ecologistas, ¿verdad? Siempre he considerado que en tiempos de crisis, como el actual, también surgen importantes oportunidades, no sólo a nivel económico sino también político. Pero el PP parece no enterarse, y prefiere esconderse bajo el abrigo de lo políticamente correcto.
Desde mi punto de vista, el inicio del fin del PP, tuvo lugar cuando el Gobierno de José María Aznar decidió dar marcha atrás al denominado decretazo que, lejos de cumplir los ideales puramente liberales, al menos apostaba por flexibilizar el pétreo ámbito laboral español.
Ha llegado, pues, el momento de posicionarse con claridad. Resulta más necesario que nunca apostar firmemente, y con convicción (cosa de lo que carecen los líderes populares debido a sus profundos complejos ideológicos), por la energía nuclear, la liberalización total del mercado de trabajo, una reducción histórica y sin precedentes a nivel fiscal (similar a la de Irlanda, aunque sería necesario ir más allá), una drástica disminución del gasto público mediante la privatización de la mayoría de los servicios (incluyendo la educación y la Seguridad Social), entre otras muchas medidas, como la liberalización del suelo y las reformas penales necesarias para garantizar la propiedad privada.
Por supuesto, nada de esto va a ocurrir. Es triste, puesto que asistimos a una nueva oleada de intervencionismo y proteccionismo económico que, en gran medida, amenaza con recuperar estructuras propias de un pasado oscuro y tenebroso, propio de bloques puramente socialistas. Por ello, apostar hoy en día más que nunca por el libre mercado, e, incluso, por qué no, por la instauración de un paraíso fiscal en la Península, dotaría a nuestro país de una ventaja competitiva respecto al ámbito internacional única en la historia de nuestra joven democracia. Sin embargo, mientras Rajoy, el centrista rojo, lidere la oposición, España seguirá careciendo de una alternativa política real capaz de facilitar la vida a los ciudadanos y la actividad económica a las empresas de este país.
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