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Referendos constitucionales

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Todavía calientes los resultados de las recientes elecciones autonómicas en el País Vasco y Galicia, una cuestión política trascendental apremia: La necesidad de una reconversión profunda de un régimen político podrido, asentado en abundantes mentiras (algunas tan siniestras como la autoría de los atentados del 11-M) y que hace tiempo se ha convertido en el mayor lastre para la libertad y el bienestar de los españoles individualmente considerados.

Con todas sus imperfecciones, el estamento político español se ha demostrado particularmente reacio a defender el estado de derecho, pues durante años cada una de sus banderías ha elegido cumplir solo las reglas que le convenían de la constitución de 1978 y violar aquellas que resultaban contrarias a sus planes de ocupar el poder. Obviamente, sin ninguna consecuencia judicial, puesto que la curia sometida "únicamente" al imperio de la Ley, según el artículo 117.1 de esa constitución, en realidad forma un apéndice por cuotas de ese opaco estamento partitocrático.

Podría debatirse largo y tendido sobre cuáles han sido los factores que han llevado directamente a la situación presente. Incluso habrá muchos que centren su atención en los experimentos posmodernos del chamán y su camarilla del PSOE, quien, después de impulsar reiteradas vulneraciones de las leyes, disfruta a costa de los españoles de un puesto como miembro vitalicio de una institución tan prescindible y redundante como el Consejo de Estado. Sin embargo, la inanidad y la incompetencia, cuando no la complicidad, de quienes les sucedieron en el PP, tras las elecciones generales del año pasado, no les hace mucho peores.

En una situación política tan abierta, debe responderse al órdago lanzado de forma conjunta por los partidos nacionalistas catalanes, vascos y gallegos. En medio de la vorágine de noticias e instantáneas, los medios de comunicación que solo reflexionan sobre lo que pasa el día anterior (o en la posguerra, claro) no resaltan que esos fanáticos nacionalistas sostienen unas ideas claramente fascistas, mantenidas con una coherencia y perseverancia notables, frente a la frivolidad de los llamados partidos mayoritarios. Durante años, con pasos hacia la superación de la legalidad y paradas tácticas (unos pocos días después del asesinato de Miguel Ángel Blanco), su estrategia ha sido clara: subvertir el orden constitucional en el que participan para, consiguiendo cuotas de poder, clientelas y el dominio de la educación y los medios de comunicación, horadarlo desde dentro y alcanzar la independencia antes o después "como sea". Por el camino, han compartido sustanciosos botines de la corrupción político mercantil común en toda España, pero esa es otra historia, relacionada con lo anterior…

Así las cosas, no debe temerse una discusión sobre la independencia, cualquiera que sea el significado que esta idea tenga en términos prácticos para quienes proclaman su voluntad de someterse, empero, a las directrices de la Unión Europea. Por el contrario, la casta política debe a los españoles (entre quienes se encuentran por derecho propio catalanes, vascos y gallegos) un debate monográfico sobre esta cuestión como paso previo a otra serie de reformas constitucionales. Ha hurtado demasiadas veces el debate público al mismo tiempo que por detrás (reforma del estatuto de Cataluña y otros) subvertía una legalidad que parte del presupuesto histórico de considerar a España como nación. Para muchos extranjeros resultará una muestra más de nuestro pintoresquismo (¿mayor que el de los británicos?), pero los españoles contemporáneos podemos (y debemos) discutir (y decidir) si procede trocear en estaditos ese otro mayor que ha sometido nuestras vidas durante tanto tiempo. Todo ello a pesar de que la nación a la que pertenecemos había surgido -de acuerdo, pudo ser de otra manera en algún momento del siglo XVII- mucho antes de que el convaleciente Sabino Arana aprendiera sus primeras frases en vascuence, Joan Maragall compusiera su "Oda a Espanya" o Murguía lanzara sus embates racistas a los pocos gallegos que quisieron escucharle en el siglo XIX. Nos guste o no, esa identidad nacional fruto de una larga evolución nos distingue de otras naciones y así puede percibirse objetivamente, a poco que uno salga de su particular aldea.

No obstante lo anterior, si los españoles queremos demostrar que hemos llegado a altas cotas de civilización, a pesar del maniqueísmo imbécil destilado en las grutas de la propaganda nacionalista, debemos exigir a los gobernantes que los términos de ese debate sigan los cauces de la legalidad constitucional refrendada hace treinta y cuatro años. Las reglas de convivencia pacífica de una sociedad libre deben reformarse o mantenerse de acuerdo con las normas vigentes y no imponerse por vías subversivas o coactivas. Por lo tanto, por una vez, y, acaso para que sirva de precedente, no puede aceptarse el planteamiento de una de las partes interesadas de esa casta política, esto es, el anuncio de convocatoria de un referéndum ilegal y tramposo por parte del presidente de la Generalidad de Cataluña, Artur Mas, máximo representante del Estado en dicha Comunidad autónoma hasta, al menos, las elecciones del próximo 25 de noviembre.

Antes al contrario, de acuerdo con la constitución (Art.92) y la ley orgánica que regula las distintas modalidades de referéndum, "todos los ciudadanos españoles" son el cuerpo electoral que tiene derecho a participar en un referéndum consultivo sobre una cuestión tan crucial: Nada menos que la alteración de la comunidad política sobre la que se asienta la propia constitución y el ordenamiento jurídico.

Por otro lado, tiene todo mucho sentido que todos los españoles sean consultados sobre la pertinencia o impertinencia de que determinadas partes de España se separen para formar nuevos estados. Después de tantos años de pactos secretos y enjuagues en la trastienda, bajo los que los políticos han escondido sus planes reales, resulta necesaria una clarificación de posturas. Si las viejas preguntas de quiénes somos, de dónde venimos y adónde vamos cobran palpitante actualidad, todos tienen derecho a dar su opinión. Para expresarla con todas sus consecuencias no necesitan de la interpretación que avispados iluminados otorguen al "espíritu del pueblo". El gobierno debería estimular los debates públicos pacíficos y garantizar la libertad del voto, así como los habituales mecanismos contencioso-electorales velar con especial celo por la limpieza del resultado. En las últimas elecciones, el 34´17 por ciento de los vascos y el 37´20 de los gallegos se abstuvieron de votar a ningún partido. ¿Cabría una abstención similar en un referéndum sobre la concreta cuestión de la independencia de sus respectivas comunidades?

En consecuencia, a mi modesto entender, de acuerdo con el procedimiento constitucional, la pregunta que debería formularse en la convocatoria de referéndum por parte del Rey, a propuesta del presidente del gobierno, previamente autorizado por el Congreso de los diputados, debería ser la siguiente:

¿Aprueba Vd.la independencia de las comunidades autónomas de Cataluña, País Vasco y Galicia del resto de España?

En cuanto a la fecha, frente al ciudadano Mas, yo prefiero la primavera de 2013. No entiendo la necesidad de aplazar una consulta tan urgente. Asimismo, tengo preparado mi voto negativo para tal eventualidad, aunque, cualquiera que fuera el resultado, creo que, a continuación, dentro de un proceso de reforma constitucional posterior ineludible, los liberales deberíamos contribuir para que los proyectos colectivistas pergeñados hasta ahora en España cedieran paso a un estado mínimo… de Derecho.

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