En periodos cercanos a las elecciones, uno de los temas que más suele sacar a colación la clase política es el del salario mínimo. Las leyes que lo regulan establecen un importe mínimo, por debajo del cual, está prohibido celebrar cualquier contrato de trabajo. Este concepto fue introducido en su forma actual en el siglo XIX en Australia y Nueva Zelanda, y en la actualidad la mayoría de los países del mundo lo implementan de alguna forma.
Los defensores del concepto de salario mínimo suelen ver esta medida como uno de los pilares de la llamada «justicia social», que permite elevar el nivel de vida de aquellos trabajadores cuyos ingresos son más reducidos, y que, sin este tipo de medidas, estarían condenados a la pobreza.
Este argumento no tiene gran solidez, y la prueba la tenemos en que ni los más acérrimos defensores del salario mínimo se atreven a subir el importe de esta cifra más allá de ciertos límites. Si la retribución de los trabajadores dependiese sin más del cuerpo normativo de un país, lo lógico no sería dejar esta cifra en 570,6 euros al mes, sino elevarla a importes más elevados, como 5.000 ó 10.000 euros mensuales. Puesto que los ingresos del trabajador dependen de lo que marque la legislación, lo razonable sería incrementar esta cifra lo máximo posible.
No obstante, esto no ocurre así, y las subidas suelen mantenerse dentro de determinados márgenes, ya que los defensores de este concepto son conscientes de la poca consistencia del concepto del salario mínimo como defensor de los trabajadores con menores ingresos.
La lógica empresarial no entiende de los buenos deseos políticos y la contratación laboral se rige por otros parámetros. Cualquier persona, a la hora de contratar a otra, busca obtener un beneficio del trabajo de ésta. Así, el bien o servicio que va a ayudar a producir dicho trabajador debe valer para los clientes de la empresa más que todos los costes en que se han incurrido para elaborarlo, incluido el salario del empleado. En caso contrario la empresa no podrá sobrevivir mucho tiempo en el mercado y acabará quebrando.
En el caso de que se produzca una subida del salario mínimo pueden darse dos circunstancias, que dicha empresa siga siendo rentable o que no. En el segundo de los casos, los efectos del salario mínimo habrán sido catastróficos para los empleados que trabajaban allí, ya que, por culpa de los nuevos importes mínimos, habrán perdido su medio de trabajo. En el primero, la situación es un poco más compleja, ya que son más difíciles de medir los efectos. Si el precio de los productos de la empresa se mantiene, la subida de salario mínimo producirá un estrechamiento de los márgenes, lo que puede llevar a tratar de recuperarlos. Esto se puede producir, entre otras medidas, mediante un adelgazamiento de la plantilla, lo que de nuevo elevaría el desempleo, o una subida de precios, lo que repercutiría negativamente en los clientes de la empresa, que a su vez se verían obligados a recortar de alguna manera sus costes o a trasladar la elevación de los mismos. También podría suceder que, en lugar de buscar la recuperación de dicho beneficio, el empresario considerara dicha bajada como definitiva. Esto último traería como consecuencia el que menos empresarios se viesen atraídos a ejercer dicha actividad, por lo que se demandarían menos trabajadores y más gente quedaría desempleada.
Por lo tanto parece claro que el primer efecto de la subida del salario mínimo es que determinados trabajadores quedarán desempleados, aquellos cuya productividad no sea lo suficientemente elevada como para justificar dicho nuevo salario. Pero el efecto más perjudicial no radicaría ahí, sino en los trabajadores que carecen de experiencia y tienen una formación más reducida. Estos trabajadores aportan muy poco valor a la empresa cuando se incorporan por lo que una subida del salario mínimo puede hacer que su salario sea superior al producto que son capaces de ofrecer. Al no tener formación su productividad es muy reducida y la única forma de incrementarla, y por tanto, de ganar más, radica en la experiencia que puedan obtener. No obstante, al existir un salario mínimo no existirán empresas interesadas en contratar personas de tan baja productividad.
Por tanto se puede concluir afirmando que la mera existencia del salario mínimo perjudica a los trabajadores, por muy buena que haya sido la intención del legislador. Y es especialmente grave en el caso de los trabajadores con menores ingresos, al ser éstos los que cuentan con menor formación, que verán cómo se limitan las posibilidades de incrementar su productividad mediante la experiencia, siendo condenados a la pobreza el resto de su vida.
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