El lunes 25 de mayo de 2020 la prensa nacional terminó de abdicar de sus funciones controladoras del poder político (el cuarto poder), regalándonos una coordinada y asquerosa portada conjunta en la que ninguno de ellos realizaba la menor crítica al gobierno socialista por su gestión de la pandemia. Aquel estado de alarma, y el que vino después, sirvieron no únicamente para secuestrar a millones de españoles en sus casas (algo posteriormente declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional), sino para algo mucho más macabro: el saqueo de fondos públicos con la excusa de la pandemia.
Así, un estado de alarma supone que las Administraciones Públicas pueden, entre otras cosas, adquirir material que consideren oportuno sin el necesario procedimiento de publicidad. No es que el sistema hasta la fecha se haya desenvuelto en euros una perfección supina. Ahí tenemos de forma recurrente condenas a alcaldes, consejeros o presidentes de comunidad autónoma por trocear contratos, entregarlos a dedo o filtrar el baremo de puntuación a los amiguetes para obtener prebendas. Pero esta vez se ha ido un paso más lejos: con la excusa de adquirir material sanitario al precio que fuera. Por ejemplo, Salvador Illa, ministro de sanidad por aquel entonces, pagó un 600% más a dos proveedores. Ahora bien, la causa ha sido sobreseída porque se ajustaba totalmente a la legalidad.
La «empresarialidad» de los dirigentes socialistas
En el ámbito autonómico, la cuestión no se queda atrás. Se premió a Francina Barmengol con la presidencia del Congreso; no sabemos si por el caso de la prostitución de menores tuteladas por la Administración que dirigía, y por el que ya hay condenas en firme, o por pasarse por el forro sus propias limitaciones horarias durante la pandemia con el fin de arruinar a los pequeños hosteleros, aunque ahora nos llore con cara compungida que estaba luchando contra el virus. En Canarias, Ángel Víctor Torres, ahora ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, pero que ya no recuerda nada, compró mascarillas a cierta trama supuestamente corrupta a través de ese mágico “Comité de Expertos” inexistente que ha transmutado en expertos en comisiones.
Aquí hemos llegado al meollo del asunto. Nada más declarase la pandemia, sociedades mercantiles con domicilio social en un trastero y sin actividad, comenzaron a vender material sanitario a las Administraciones Públicas. No existían procedimientos de control (que no es que sean muy buenos). Y no hay nada que no se pueda amnistiar o indultar si hace falta. Así, los ministerios o conserjerías pudieron, entre otras cosas, comprar mascarillas diez veces más caras, pagar 16 euros por unas batas que costaban 0,30 euros, pagar contratos a empresas que no habían sido constituidas o comprar gafas a 5,20 euros a un proveedor de nuestro pueblo y luego comprarlas en otro sitio al día siguiente por 2,37 euros. Ya se sabe, los políticos estaban luchando contra una pandemia desconocida y eso les obligó a comprar el material sanitario mucho más caro, pese a tener otras ofertas.
La Koldosfera
En medio de esta conjura de necios surgió, entre otros, el escolta de José Luis Álbalos, Koldo García. Con un pasado en la seguridad privada y en locales liberales (no me refiero a nuestra sede), este personaje aparece en las memorias de Pedro Sánchez, Manual de resistencia, aunque ahora parezca que no le conozca (“Ese señor del que Vd. me habla”). Por ejemplo, la trama vendió mascarillas a Puertos del Estado o a Correos muy por encima del precio ofrecido por otros proveedores, pero, como el estado de alarma esto lo permite (gracias a todos los partidos que votaron a favor del saqueo), es muy difícil que se les pueda imputar algún ilícito penal. Como mucho, y aquí es por donde se les puede pillar, se les podría perseguir por delito fiscal o blanqueo de capitales, como comprar pisos utilizando la cuenta de la hija menor de edad.
Tras todo ello, Sánchez respondió con mejores cargos, aumentos de sueldo y prebendas a todos. A todo menos a uno: a José Luis Ábalos. A ese se lo han llevado por delante, aunque manteniendo el escaño (aforamiento). La lucha contra la corrupción es un poco como la lucha contra el virus. Es algo novedoso a lo que no se había enfrentado nunca. De ahí que las personas que compraron a sus amiguetes sin ningún control se hayan premiado con mejores cargos, como ascender a ministro o presidente del Congreso.
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