Sherman y el origen liberticida de las políticas antimonopolio

Durante las últimas dos décadas se han sucedido los trabajos de economistas que criticaban las políticas antimonopolio, o antitrust, por sus perversas consecuencias sobre economía y porque terminan siendo un arma de intervención estatal sobre la libertad de contrato y la libre empresa cuya utilización perjudica a la sociedad en su conjunto. El retorno de una mayoría de los economistas a una posición claramente contraria a estas políticas –posición que era lugar común de la casi totalidad de los economistas a comienzos del siglo XX– también ha ayudado reconsiderar la irreal teoría de la competencia perfecta que ni es perfecta ni representa la competencia que se da en el mundo real.

Sin embargo, casi todos los especialistas en la materia siguen pensando que, en su origen, la intención que movía a los valedores de estas políticas antitrust era la defensa de la competencia y, en consecuencia, de los intereses de los consumidores. Pero un repaso a la historia de la Sherman Act, la primera gran ley antitrust promulgada en 1890, muestra que la verdad es justo la contraria.

John Sherman, senador del partido republicano de los EEUU, protagonizó una cruzada para introducir la primera ley federal que permitiese prohibir una larga lista de acuerdos contractuales y formas de gestión empresarial que, en su opinión, eran típicas de las uniones empresariales conocidas como trusts. En su cruzada contra los pujantes trust, Sherman esgrimió que aquellos reducían artificialmente la producción de sus industrias para controlar el precio y perjudicar a los consumidores, lo que le permitió pasar a la historia como el defensor de los mismos frente al desenfrenado poder de las grandes empresas.

Sin embargo, el argumento de Sherman no resiste el más mínimo análisis histórico, económico ni epistolar. Las décadas previas a 1890, año en el que se aprobó el Sherman Act, fueron tiempos de un gran crecimiento económico y de vertiginosas innovaciones tecnológicas. Precisamente en los sectores en los que más importancia tuvieron los trust fue donde más creció la producción y la productividad gracias al aprovechamiento de las economías de escala, a la aplicación de nuevas tecnologías y al uso de nuevos sistemas de transporte como el ferrocarril. Fue también en esos sectores en los que se registraron las mayores caídas continuadas de los precios, tanto de los bienes de consumo como de los bienes de producción. Este proceso difícilmente puede entenderse como un perjuicio para el interés de los consumidores.

Y no es que el primer gran activista en favor de leyes antitrust malinterpretase las estadísticas o careciera de la lógica más elemental. El senador Sherman se autoproclamó defensor de los consumidores sin que nadie se lo pidiera con el único objetivo de cubrir las vergüenzas de sus verdaderas intenciones. En efecto, el estudio de su correspondencia muestra que jamás se escribió con asociaciones de consumidores para estudiar las demandas de éstos y, sin embargo, sí mantuvo intensos contactos con empresas ineficientes incapaces de competir con la alta productividad de los trust. Sherman eligió a los consumidores como escudo pero igualmente podía haber utilizado a los conejillos de la india si estos le hubieran sido más útiles para sacar adelante sus políticas contrarias a la libertad de mercado y la soberanía del consumidor.

Así pues, el origen de la primera ley antitrust no fue otro que el intento desesperado por parte de productores ineficientes y políticos faltos de la más mínima integridad moral de usar la fuerza para que el consumidor no pudiera elegir libremente la que a su juicio era la mejor dedicación de los siempre escasos recursos económicos. La máscara de Sherman debió desintegrarse años más tarde cuando defendió con igual ahínco una ley para la introducción de aranceles. Sin embargo, la demagogia y el ilusionismo lingüístico lograron que escapara casi limpio.

Si el análisis teórico está relegando las leyes y las políticas antitrust al lúgubre lugar que le corresponden, la investigación histórica permite establecer de una vez por todas su claro origen liberticida.