La eliminación, a partir de enero de 2006, del Impuesto de Donaciones para las familias que viven en la Comunidad de Madrid es una buena noticia que preludia sucesivas reducciones impositivas por parte de un gobierno autónomo inspirado en los valores de la libertad, pero hostigado permanentemente por un poder central socialista nada interesado en que los contribuyentes resuelvan con espontaneidad acerca de su ahorro a lo largo de generaciones.
La noticia es muy positiva, además, para la pervivencia de los emprendimientos familiares de volumen modesto (el 80% de la red empresarial española) y originará un eco favorable de la medida en los habitantes de otras autonomías que no disfruten de esta supresión (por ejemplo, en Castilla-La Mancha seguirán pagando al fisco una cantidad media del 20% de lo donado).
Hasta ahora era más recomendable -por cuestión de bonificaciones y plusvalías- esperar una herencia que donar en vida; situación extravagante, sin duda, por lo que tiene de asumir pasivamente el fluir, adverso o no, de los acontecimientos y de menoscabo de la libre voluntad sobre los propios bienes. El intervencionismo parece considerar a la donación como capricho simulador entre rentistas, cuando nuestro liberal código civil sugiere cautelas (usufructo, reserva de disponer, condiciones resolutorias…) que el donante puede establecer para defender, por su interés, aquello que los planificadores sociales siempre aseguran vigilar: la productividad, los empleos, la continuidad de una organización razonablemente próspera en el tiempo.
En definitiva, se dona por liberalidad, por provecho o por ambos conceptos a la vez; situaciones nunca entendibles por los envidiosos igualitarios.
La próxima siega, sin olvidar el Impuesto de Sucesiones, debería a su vez acabar con el de Patrimonio (IP), que nació hace casi treinta años con afán temporal para regularizar datos cuando se introdujo el IRPF en España, y que aún permanece como injusto monolito a la doble imposición, cuando la mayoría de los países de la OCDE lo han expulsado de su ámbito. Este IP mantiene uno de los tipos impositivos más elevados del mundo (2,5%), se acerca en algunos casos a la confiscación y dificulta en gran medida la acumulación de riqueza que puede planear de modo beneficioso en nuevas oportunidades para todos. ¿Para cuándo su merecido cercenamiento?
Ante el aliento liberalizador, no extraña la causalidad entre la anunciada supresión impositiva y la noticia del Ministerio de Hacienda sobre la importante mengua en la liquidación de ingresos para Madrid. Si hay más ciudadanos que pueden liderar numerosos proyectos en un sociedad mestiza, en ocasiones superficial pero templada ideológicamente, porque les queda más dinero en su cartera y animan a otros en su empeño, esta sociedad será inaprensible para los burócratas que desconfían de la complejidad y se verán en la obligación de desarticular su laboratorio ideológico por muchos años. Con certeza, es motivo para asfixiar las finanzas y ridiculizar los valores de los protagonistas de este seísmo fiscal que sacude los sofismas tributarios dominantes.
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