La sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo supuso un test perfecto para comprobar el posicionamiento de muchos sectores sociales, ideológicos y políticos en España. Muchos de los que han dicho algo han valorado la sentencia, aspectos de la sentencia, la no retroactividad, la posibilidad de fraudes de ley y otras piezas jurídicas como si de principios esenciales se tratara o como si su aplicación en este caso estuviera fuera de toda duda. No cabe duda de que el principio de legalidad es digno de respetar hasta límites que están más allá de la comprensión de la mayoría. Dura lex, sed lex, reza el brocardo latino. Pero es igual o más cierto aún el hecho de que quienes han esgrimido la obligatoriedad de la sentencia del TDH aferrándose a este principio lo han hecho bien con las cartas marcadas por una intencionalidad política, bien por una inaceptable ingenuidad armonista común a variopintos divagantes de salón.
Esta sentencia se erige como un mojón importante en uno de los hilos de la negociación del PSOE de Rodríguez Zapatero con los nacionalismos antiliberales que en España padecemos con objeto de que se conviertan en un apoyo de poder para el PSOE y con la imposible esperanza de que el vínculo que les une a España no se rompa. Si lo hace, la jugada del PSOE se vuelve contra él. El hilo de la sentencia forma parte del entramado vasco en el que también figura el chivatazo a ETA, así como la sentencia del TC favorable a la presencia de Bildu en las instituciones. Cierto que esta última solo les permitió concurrir a las elecciones, mientras que fueron los electores quienes les han aupado a los cargos. Pero determinados liberticidas deberían estar fuera de estos. Los sistemas jurídicos y las leyes electorales deciden más cuestiones casi que los propios votantes. Modificarlos en beneficio de todos es una potestad de los políticos.
La parte vasca de los hilos de la negociación no es más que la mitad de esta y no la más importante. La otra mitad está en Cataluña, donde el proceso de ruptura con España presenta más avances políticos y hacia donde se mira desde Vascongadas para coordinar aquellos tiempos y modos de secesionismo que sean coordinables. La imbecilidad socialista en este proceso es notable y la pasividad de muchos españoles ante el mismo, sea por indolencia ignorante, sea por apatía ilustrada, es también notoriamente culpable del mismo mal.
¿Qué supone el nacionalismo separatista para las libertades de los españoles? Un fracaso en toda regla. España es una nación histórica y política mientras que ni Cataluña ni Vascongadas lo son. Para constituir a estas en nación hace falta un esfuerzo de coacción ciudadana en tantos ámbitos que la merma en libertades respecto de las existentes dentro de España es inevitable. Ya es un hecho que, en Cataluña y en al País Vasco, algunos derechos básicos están desaparecidos mientras que ETA sigue armada, no lo olvidemos; y con armas, siempre hay coacción.
El Partido Popular de Rajoy es el agente suavizante de este proceso de ruptura liberticida de España. Es el que apela al brocado una y otra vez. Reconoce su primera parte delante de las víctimas de ETA y repite la segunda ante todos los demás españoles. Calla ante quienes dicen que la sentencia del TDH es un fraude de ley en sí misma pues utiliza la ley para un objetivo contrario al que se pretende conseguir a la misma, lo mismo que la no aplicación de una doctrina interpretativa como la llamada "Parot" era un fraude de ley. Con su silencio Rajoy evita reconocer que sí puede hacer más por evitar las consecuencias de la sentencia y que nada quiere hacer ante el escenario de progreso del separatismo.
Y bajo este enfoque, con perfecta cabida entre los mecanismos de acción del Gobierno, Mariano Rajoy podría preparar la no aplicación de la sentencia. ¿Por qué no lo ha hecho y no lo hará? Por la misma razón por la que carece de estrategia jurídica y política para desalojar a Bildu de las instituciones políticas vascas y por la que no recurre la sentencia del "caso Faisán": está a hacerse perdonar por el nacionalismo. No plantea la misma abierta actitud negociadora con él, pero habla de la unidad de los españoles mientras cede a los nacionalistas los instrumentos que los afianzan. Pretende que de esta manera la ruptura no se alcance en esta legislatura y, luego… ya se verá.
No cabe terminar de otra manera que afirmando que quienes se han mostrado tibios o legalistas a la hora de opinar sobre la sentencia del TDH, han dicho sí al proceso secesionista en el que está incardinada. O eso o que propongan cómo frenar ese proceso.
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