Este viernes el Gobierno va a aprobar entre otras medidas una "reestructuración fiscal" que "favorezca el crecimiento". Suena a broma después de haber subido los impuestos como nunca antes se había visto y en uno de los peores momentos económicos que sufre la población. Se comenta que el objetivo del Gobierno ahora es favorecer el crecimiento por la vía de facilitar fiscalmente las cosas a los emprendedores, las nuevas empresas o PYMES. Cosa que sorprende, igualmente, tras haberse subido enormemente los impuestos a esos mismos emprendedores y empresarios individuales que tributan en el IRPF a los que ahora se pretende "favorecer".
También se dice que se "favorecerá" a las pequeñas empresas, pero se subirá el Impuesto sobre Sociedades a las más grandes. Después de la importante recaudación a las grandes empresas (fue la subida fiscal que más recaudó en 2012), era un caramelo demasiado dulce para que el Gobierno no continuara su rapiña impositiva por esta vía de la discriminación fiscal según el tamaño de la empresa.
Y es que las discriminaciones fiscales es una oscura tradición de rancio abolengo y son innumerables las excusas que se han usado por el Poder y los intelectuales de pro para justificarla. Como decía el historiador Charles Adams, los impuestos discriminatorios, impuestos por una clase de ciudadanos contra otra, "son tan viejos como la Historia". De hecho, no hace mucho tiempo en Europa los judíos pagaban tipos impositivos más elevados que los cristianos, los protestantes gravaban con el doble de tipos impositivos a los católicos, y viceversa. Ahora, se trata de gravar a las empresas grandes, que son "poderosas", que "defraudan" y "evaden", para "favorecer" y "dinamizar" el crecimiento de los emprendedores -después de machacarlos, insistimos, con tipos marginales nórdicos en uno de los peores momentos económicos en décadas-.
Se habla de eliminar las "desgravaciones abusivas"a las grandes empresas, concepto que considera implícitamente que toda la renta de las empresas es propiedad del Gobierno, que sólo permite que se queden en sede de quien las ha producido, pero hasta cierto límite. Es difícil que con esta ideología destructora de valor se pretenda incentivar la actividad económica y favorecer la recuperación que van a llevar a cabo esas empresas.
Efectos económicos de modificar las deducciones
La existencia de un sistema de deducciones asimétrico, donde para algunos casos se permite una deducción completa mientras que para otros es parcial o incluso está subvencionado, crea, de por sí, distorsiones porque la imposición efectivamente soportada por las empresas variará en función de los activos y pasivo utilizados. Es decir, aunque exista un tipo único, cada empresa soporta un Impuesto sobre Sociedades diferente. Esto creará incentivos de producción y arbitraje alejados de los que habría en un mercado en el que no hubiera esta distorsión fiscal.
Modificar la tributación empresarial cambiando el sistema de deducciones del Impuesto sobre Sociedades (como se espera que ocurra, especialmente en cuanto a las grandes empresas) traerá consigo otro cambio en el patrón de distorsiones en la producción debido a este Impuesto. De modificarse de nuevo las deducciones, la imposición efectiva relativa de las empresas volverá a cambiar.
Esta diferente imposición efectiva modifica, de nuevo, las decisiones de inversión y financiación dado que el valor relativo de los activos y pasivos de la economía variará. Si, por ejemplo, la deducción de toda la amortización en un año de determinados bienes hace más productivo dichos bienes, las empresas querrán disponer de ellos con más intensidad (variará, por tanto, su demanda) modificando su precio con respecto a los demás activos (o pasivos) que no gocen de este tipo de deducciones.
La variación relativa en la imposición efectiva de las empresas provocará que éstas tengan una diferente presión para trasladar el impacto del impuesto soportado a los agentes económicos con los que se relacionan. Recortar los beneficios o la liquidez presionará para que las empresas afectadas busquen ampliar los beneficios o su liquidez tratando de reducir el precio a sus proveedores, de aumentar el plazo de pago, aumentar el precio a sus clientes, reducir la calidad de algunos productos, demandar menos factores productivos, etc.
También habrá un efecto sobre la estructura productiva de la economía. Incrementar la fiscalidad a través de la modificación de las deducciones supone incrementar la imposición efectiva media y marginal relacionadas con las deducciones que se eliminen o reduzcan. Elevar la imposición efectiva media perjudicará la creación de actividad nueva, mientras que incrementar la imposición efectiva marginal supondrá enfriar (todavía más) la intensidad de las inversiones. Esto provoca un anquilosamiento de la estructura productiva que entorpecerá y ralentizará el cambio de modelo productivo que necesita el país.
¿En qué medida se dejarán sentir estos efectos? Su intensidad dependerá de la subida fiscal, de las deducciones que se suban y la combinación de esto con la realidad económica actual. Puede que el aspecto fiscal no sea el determinante en muchas ocasiones, o no sea tan claro o automático, pero sí ejercerá su influencia y presión para que haya más probabilidades de que se den estos efectos descritos. No olvidemos que los impuestos pueden suponer una importante porción del resultado contable de una empresa o un buen zarpazo a su liquidez (especialmente, los pagos anticipados del Impuesto sobre Sociedades). Por tanto, no es un asunto baladí el fiscal, y aunque se trate de encubrirlo con una argumentación demagógica de subir impuestos a los más grandes para favorecer a los débiles (en una especie de David contra Goliat), subir los impuestos a las grandes empresas también traerá sus consecuencias negativas al resto de la economía, incluidas las PYMES.
Subir los impuestos a las grandes empresas también perjudica a las pequeñas
Por ejemplo, las empresas más grandes son una parte muy importante de la economía, que abre un mercado a las PYMEs al que de otro modo no tendrían acceso. No en vano, ellas son uno de los caminos importantes para que las pequeñas o medianas empresas tengan acceso a la cadena de valor internacional. Proveyendo bienes y servicios a las grandes, los proveedores locales (PYMEs) pueden aprovecharse de la internacionalización de las más grandes.
Además, las relaciones comerciales con empresas más grandes y más eficientes traen consigo también una mejora en la eficiencia para las pequeñas. Se ven obligadas a incrementar su valor para poder surtir de sus productos a las grandes, que compiten en mercados más globales. Incluso, las propias empresas más grandes obligan e influyen de manera determinante para que las más pequeñas se organicen de un modo más productivo. Es algo parecido a la mejora que experimentan las empresas que inician su internacionalización que mejoran continuamente su estructura dado que aprenden exportando.
Por no hablar de los efectos perjudiciales sobre la competitividad de realizar una actividad económica en España o de incrementar las inversiones en nuestro país. Habrá más presión, o bien para que las empresas de fuera no vengan a España (o vengan con mayor dificultad), o bien a que se reduzca el volumen de inversiones en nuestro país, o bien a la relocalización de actividades de aquí a otros lugares fuera del país. Algo que sin duda no ayuda al tejido productivo español poblado por microempresas y empresas de reducida dimensión. Basta de demagogia y de minar nuestra recuperación.
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