Sobre la ‘separación de poderes’ y el ‘diputado de distrito’ como panacea política

Tras un tiempo apartado de las redes, volví a interesarme por las mismas con ocasión de la famosa polémica de la fuga de youtubers a ese diminuto país vecino que, con buen tino, se aprovecha de los elevados tipos impositivos patrios. En mi retorno a dichas redes (Twitter), pude comprobar como ciertos sujetos predican lo que sería la panacea que solucionaría todos nuestros problemas políticos. A saber, siguiendo a García-Trevijano, sostienen, por un lado, que la democracia solo puede definirse (a pesar de que, como ya apuntara D. Dalmacio Negro, un autor detectó más de cinco centenares de definiciones) como sistema representativo + separación de poderes y, por otro lado, que, en defecto de la anterior, no hay democracia sino oligarquía. Y el corolario sería que la Constitución española, al consagrar un sistema oligárquico y, por consiguiente, no democrático, es la gran culpable de todos nuestros males ya que el demos no tiene cabida en ella.

Lo cierto es que estos señores con predicamento en las redes tienen, al igual que Trevijano, fuerza en la voz y, pues, parece que lo que dicen vendría a ser la verdad revelada en política. Empero, un sujeto un poco avisado en estos temas debe analizar -siempre dentro de los márgenes de un escueto artículo- si el axioma por ellos manejado, es decir, si la democracia existe si y solo si hay separación de poderes y sistema representativo, es cierto. Si este primer punto no es cierto, el segundo -que la Constitución, considerada en abstracto, es la culpable de todos los males- se caerá por sí mismo.

I

Todos los conceptos políticos nacen, viven y mueren en su historia. Mientras el concepto goce de buena salud en el lenguaje será empleado para designar distintas realidades políticas. El sustantivo «democracia» no escapa a esta ley histórica. La palabra «democracia», como es bien sabido, surge en Grecia. Servía para designar a los magistrados elegidos de entre todos los ciudadanos (que eran pocos y solo varones) mediante el sorteo. La mala praxis política surgida de este tipo de gobierno hizo que, durante siglos, la palabra «democracia» fuese prácticamente desterrada del lenguaje político.

Sin embargo, dicho concepto emergió con las revoluciones liberales de finales del siglo XVIII y, hasta hoy, es hegemónico. Da igual el signo del gobierno en cuestión, todos se proclaman demócratas: ya sean democracias «populares» o ya sean democracias «representativas», democracias de «partidos», etc. El vocablo goza de buena salud.

La primera reflexión que se debe hacer respecto de lo anterior es: ¿Qué tienen que ver las democracias modernas con la antigua de Grecia? Nada, absolutamente nada. Para empezar, los padres fundadores de los Estados Unidos, como demostró Manin, concibieron su sistema «en oposición a la democracia», pues «veían una diferencia fundamental entre la democracia y el sistema que defendían, un sistema que llamaban “representativo” o “republicano”». De hecho, los Melancton Smith, Brutus, James Wilson, etc., defendieron que la naciente república era una «aristocracia natural», la cual se oponía a la aristocracia legal, es decir, hereditaria, puesto que serían elegidos los mejores. Ello estaría en la naturaleza, dice Smith, ya que el Creador «ha dotado a unos con más aptitudes que a otros».

Así pues, demostrado queda que, curiosamente, la primera democracia moderna se creó, empero, en contra de la democracia y el igualitarismo que esta implica. Por esto último, se decantaron por el sistema electivo, propio de la aristocracia, en contra del sorteo, arquetípico de la igualdad democrática.

Con el anterior ejemplo se ve la contradicción en el discurso de los youtubers. Por un lado, según su definición, quien inventó el gobierno democrático, a pesar de crear el concepto, no sería una democracia; y, por otro lado, la única democracia que encajaría (con muchos matices, como a continuación veremos) en su definición fue concebida, precisamente, en oposición a la democracia.

II

Sobre la «separación de poderes» cabe decir que no se sabe qué quieren decir con tal «separación». Es algo que se suele dar por sobreentendido, lo cual provoca una grave confusión conceptual. Simplificando el análisis, separación puede significar: o bien que hay tres poderes que actúan totalmente al margen uno de otro, es decir, que hay una triarquía de poderes, o bien que el poder, pese a ser uno, tiene tres funciones, o sea, que hay una trinidad de poderes. En el último caso, sería erróneo hablar de separación, puesto que, en puridad, habría un único poder solo que dividido funcionalmente.

Si tomamos el primero de los significados se debe sostener que ello es incompatible con la unidad del poder estatal. El Estado surge como forma política histórica -siglos XVI y XVII- al afirmarse frente al resto de poderes sociales dentro de su territorio (clero, nobleza) a la vez que negando todo universalismo por encima suyo (Imperio, Iglesia); proceso de unificación del poder continuado por el Estado liberal y llevado a su clímax por el Estado socialista de corte soviético. Como resume un gran jurista, el Estado absoluto «expropia a los señores y corporaciones de sus inmunidades, privilegios y potestades; asume la garantía de la seguridad de personas y haciendas antes dispersas por la sociedad». El Estado liberal «acentúa el proceso expropiador, tomando a su cargo funciones antes desempañadas por entidades eclesiásticas o laicas, como el registro civil, la beneficencia, la enseñanza, etc.». Y, por último, «el Estado socialista de modelo soviético estatiza los principales medios de producción y de cambio». Ergo, este gran expropiador que es el Estado es incompatible con la existencia de varios poderes en su territorio. Solo hay un poder: el estatal.

Por lo tanto, solo queda considerar la segunda de las opciones. Si no existe una triarquía de poderes, hay que ver si es posible una trinidad de poderes, o sea, si dentro de la unidad del poder estatal (Heller) hay o no varias funciones o potestades (C. Schmitt).

En resumen, es incorrecto hablar de separación de poderes dentro del Estado. Es una contradicción en los términos. Por ello, se debe emplear, en su caso, la expresión «división» del poder estatal o «distinción de funciones» o «potestades» del Estado.

III

Desde que Montesquieu ideara su racional modelo de equilibrio de poderes asignando a cada poder del Estado unas funciones bien delimitadas, el modelo fue exportado al resto de Estados, primero, e importado por sus constituciones, después, y llega hasta nuestros días. Este modelo descansaba en un sustrato sociológico donde los poderes sociales eran el rey, la nobleza y la burguesía incipiente. De acuerdo con este sustrato sociológico, Montesquieu señala que hay tres poderes: el Legislativo, que promulga leyes; el Ejecutivo, quien ejecuta las leyes, hace la guerra y la paz, garantiza la seguridad dentro del Estado y la independencia respecto de otros Estados; y el Judicial, que juzga los delitos y diferencias «entre particulares». Es fundamental, dice el genial pensador francés, que un poder no se inmiscuya en los asuntos (competencias) del otro, pues de lo contrario no «habría libertad».

Este modelo, válido para una época, no sirve para entender el presente, ya que ignora la existencia de otros poderes que han surgido en los últimos doscientos cincuenta años. Montesquieu ignora la existencia de los partidos políticos, de los sindicatos, de los lobbies, de las tecnoburocracias, la división vertical del poder (propia de los Estados descentralizados contemporáneos), etcétera, etcétera.

Asimismo, su modelo tampoco sirve para aprehender la realidad política del sistema político que los youtubers ponen de ejemplo: los Estados Unidos de Norteamérica. En primer lugar, el Poder Judicial -que para el autor francés es «casi nulo» y que debe ser la simple boca por la que habla la ley, la cual es aplicada por jueces no profesionales (jurados)- es un auténtico poder. Está compuesto por un estamento jueces profesionales (en contra de lo que decía Montesquieu); y, además, estos jueces no son la mera boca de la ley, sino que crean auténtico Derecho y tienen un cuerpo de funcionarios a su cargo para hacer cumplir sus resoluciones. En segundo lugar, el Ejecutivo, después de la Primera Guerra Mundial, legisla. El Estado de nuestro tiempo -incluido Estados Unidos- es un Estado de prestaciones. En este tipo de Estado, el centro de decisión pasa del Parlamento (propio del Estado liberal) al Gobierno (propio del Estado administrativo posterior a la Primera Guerra Civil Europea). El Ejecutivo interviene constantemente en la sociedad (algo impensable en el Estado liberal donde Estado y sociedad son dos círculos autónomos) mediante una legislación flexible y dinámica («motorizada», diría Carl Schmitt). Por último, según el pensador francés, el Legislativo no puede juzgar al Ejecutivo (impeachment, moción de censura), algo que tampoco se cumple en ningún Estado.

En definitiva, invocar a Montesquieu con la ligereza que se hace, tanto en la Universidad como, ahora, en Youtube, muestra una de dos: o que no lo han leído o, peor aún, que lo han leído pero no lo han entendido. El modelo del ilustrado francés no sirve, pues, para entender la realidad política del siglo XIX y, menos aún, la actual (¡tampoco la de Estados Unidos!). Por consiguiente, sería bueno dejar de repetir «separación de poderes» (sic) como si con ello se estuviese diciendo algo.

IV

Vivimos en la era de las grandes organizaciones. Algunos autores han acuñado el término «sociedad organizacional» para designar nuestro tiempo. Con ello se hace alusión a que nuestra existencia depende enteramente de la pertenencia a las grandes organizaciones. En nuestros días, al igual que si queremos ir al médico vamos a un gran hospital y no al curandero de un pueblo o que si queremos hacer la compra vamos a un gran supermercado y no a la tienda del barrio, si queremos participar en política necesitamos la existencia de grandes organizaciones, que son los grandes partidos de masas.

Los grandes partidos de masas, que rigen la vida política en el Estado contemporáneo, surgen para dar respuesta al reto de la sociedad organizacional, de un lado, y a la masificación del sufragio, de otro. Respecto de lo último, se debe señalar que, hoy día, vota la mayor parte de la población y esta ha crecido enormemente en el último siglo. Que vote la mayor parte de la población nos parece un derecho legítimo y evidente en nuestro tiempo, mas a los padres fundadores de Estados Unidos -por seguir con el ejemplo- no les parecía tan obvio, pues en el «todos» de Jefferson no se incluían ni los negros ni los esclavos ni las mujeres. (Esto nos hace preguntarnos si es más democrático el sistema norteamericano actual o el decimonónico. Respuesta: responden a realidades distintas y ambos, cada uno en su tiempo, contribuyeron y contribuyen a estabilizar el sistema político. No se puede ver en términos de más o menos democracia, sino de pura pervivencia -estabilidad- del sistema).

Las organizaciones imperan en la época presente. Sin embargo, como bien apuntan los youtubers, la sola existencia de estas grandes organizaciones partidarias introduce cambios de enorme calado en el sistema jurídico-político, que no salió de los formales textos decimonónicos. Resaltaré uno de los cambios más notables -y que ellos emplean para decir que no hay democracia-, a saber, desaparece el diputado de distrito y con él el sistema representativo decimonónico. Quien niegue esto, ahí les doy la razón, no sabe lo que dice. Pero si bien desaparece la representación del diputado y, con ella, la democracia representativa decimonónica, no es menos cierto que la representación es asumida por el partido en el sistema de la democracia de partidos. En nuestro tiempo, época que responde a la realidad sociológica citada (sociedad organizacional y masificación del sufragio), se vota a un partido que representa -si cumple su programa- al elector. Todas las elecciones adquieren carácter plebiscitario, ya que el elector, entre las diferentes propuestas, que representan, en el mejor de los casos, una cosmovisión, se decanta por una; no vota al candidato, no, vota al partido. Pero no por ello deja de ser democrático el sistema; si bien, claro está, se trata de una democracia de partidos, no de una democracia liberal-representativa.

V

Para finalizar, se debe resolver si este sistema de 1978 es democrático u oligárquico. Para ello, debe partirse de una ley política: la oligarquía es la forma trascendental de gobierno. Haya sufragio universal, restringido o no exista el sufragio, señala Pareto, «es siempre una oligarquía la que gobierna y quien sabrá dar a la “voluntad del pueblo” la extensión que desea». Hay oligarquías democráticas y hay oligarquías autocráticas. La diferencia entre la oligarquía en un sistema democrático de partidos y la oligarquía en un sistema autocrático estriba en que la primera recurre «al arte y a la clientela», mientras que la segunda «recurre a la fuerza». Por consiguiente, ya sea en España, en Estados Unidos o donde fuere, un estudio sobre el régimen democrático que no considere las oligarquías financieras, religiosas y demás, que operan tras los partidos, «solo existe como pío deseo de teóricos, pero no se observa en las realidades, ni en el pasado, ni en el presente», concluye el autor italiano. Esta es la única verdad política.

 Como señalé al empezar, y partiendo del relativismo que la democracia presupone, no puede decirse que el sistema griego sea más o menos democrático que el sistema liberal decimonónico o que el sistema de partidos actual. Responden a circunstancias históricas distintas. Por ello, decir que el sistema norteamericano es más democrático, en abstracto, que el español o que el alemán es de una ingenuidad que causa ternura. En resumen, ningún sistema es mejor o peor en abstracto; y todos llevan a la oligarquía.

El sistema político hay que ponerlo en relación con una sociedad dada. El sistema de diputado uninominal existió en España hasta hace menos de cien años (hasta 1931). ¿El resultado? Un desastre. El más evidente -brillantemente expuesto por Joaquín Costa en su Oligarquía y caciquismo como forma actual de gobierno en España: urgencia y modo de cambiarla- fue el caciquismo. Luego, es muy ingenuo pensar, como piensan los youtubers, que la mentalidad de un pueblo entero va a cambiar de la noche a la mañana con un par de modificaciones formales de la Constitución. La oligarquía gobernante hace lo quiere si no existe una sociedad civil (un poder social) muy activo y fuerte que sea temido por dicha oligarquía. Ello es independiente de las reglas de juego, si bien estas, qué duda cabe, pueden contribuir a tal empresa. Y, en España, dicho poder social ni existía hace cien años con el voto al diputado de distrito ni existe ahora votando a un partido. La diferencia es que el pasado rara vez vuelve y, mientras dependamos de las grandes organizaciones para organizar nuestra vida en todos los ámbitos, no volverá. Esta es la única realidad política.