Tiempo de elecciones en Polonia (II)… y en España

Las tentaciones populistas son aún peores que las socialdemócratas, pero echo en falta un partido liberal con posibilidades reales de influir en la política española.

Con un 50,92% de participación, el PiS (Prawo i Sprawiedliwości- Derecho y Justicia), apoyado por el 37,58 por ciento de los votantes, consiguió un número de escaños (235 de 460) superior a la mayoría absoluta del Sejm (cámara baja) en las elecciones parlamentarias del pasado 25 de octubre en Polonia. Las encuestas habían previsto la victoria de este partido, pero no con una ventaja tan abultada. Esta circunstancia le permitirá gobernar en solitario sin necesidad de recurrir a coaliciones poselectorales, al contrario de lo acontecido con los gobiernos anteriores que incluían a tres ministros del partido campesino (PSL) en el gabinete. En la oposición se encontrará con la debilitada Plataforma Obywatelska (Plataforma ciudadadana), el partido Kukiz’15, Nowoczesna y PSL.

Que la historia de los países debe conocerse para hacerse una composición de lugar de lo que sucede en ellos, no sorprenderá a casi nadie. Esto podría explicar que mientras que en España, donde la dictadura de Franco se ha identificado con la etiqueta de “derechas”, no existe ningún partido en las Cortes que se proclame como tal; en Polonia la única coalición llamada de izquierdas se quedó ante las puertas del parlamento por la asociación de algunos de sus líderes con la dictadura comunista, o, como dicen eufemísticamente muchos polacos, la RPL. No obstante, en el circo de la política, y, más concretamente, en el proceso democrático de sustitución de los gobiernos sin derramamiento de sangre mediante una votación (como le gustaba señalar a Karl Popper) se entrecruzan ideologías y personajes de forma mucho más transversal que la maniquea divisoría izquierda y derecha, tan del gusto de tratadistas y medios de comunicación.

Así, la irrupción de la nueva mayoría en el poder en Polonia en torno a un partido nacionalista, confesional y socialista, me ha recordado, en sus formas, al asalto a las instituciones que en España padecimos con la primera victoria del PSOE de González Márquez en 1982, al tiempo que se derrumbaba la UCD, abandonada hasta por su fundador Adolfo Suárez.

De forma implacable y con las prisas propias de quién quiere perpetuarse en el poder, eliminaron controles constitucionales y legales mediante una legislación de urgencia, por no hablar de otras técnicas de eliminación de adversarios. Así, pocos meses después de su llegada al poder, expropiaron el conglomerado de empresas Rumasa por Decreto-Ley (23 de febrero de 1983). Aunque la implicación gubernamental no afloraría hasta años más tarde, los secuestros y asesinatos del GAL comenzarían ese mismo primer año de estancia en el poder con los casos Lasa y Zabala y Segundo Marey. En el año 1985 reformaron la LOTC, para suprimir el recurso previo de inconstitucionalidad contra leyes orgánicas y estatutos de autonomía (el PP ha promovido su reciente reintroducción, pero solo respecto a las futuras reformas de los estatutos de autonomía) y la Ley Orgánica del Poder Judicial para que las Cortes eligieran a todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno encargado de promocionar y sancionar a los jueces y tribunales del país. En definitiva, con éstas y sucesivas reformas legislativas, algunas de ellas promovidas por gobiernos del PP, se ha destruido la idea de justicia independiente que se plasma en la Constitución, o, cuando menos, se le ha sometido al ritmo que marcan los políticos con influencia en alguna de las instancias de gobierno.

Pues bien, un parecido ímpetu por preparar un terreno ayuno de controles al ejercicio del poder se observa ahora en esta parte de Europa. También resuenan los mismos argumentos de los socialistas españoles para justificar sus arbitrariedades en la “legitimidad democrática” recién conquistada en las urnas. Los ideólogos del PiS no ocultan que, con sus diferencias nacionales, guardan coincidencias en asuntos clave con el líder húngaro Viktor Orban.

En el poco tiempo que lleva en el cargo, con el argumento de que el proceso había estado politizado, el presidente Andrzej Duda ha concedido el indulto a un personaje del partido que le promovió, Mariusz Kamiński, para que, acto seguido, la primera ministra le nombrara Ministro sin cartera para la coordinación de los servicios de espionaje. Lo curioso es que la sentencia  que le condenó por un delito de abuso de autoridad cuando era el director de la Oficina Central Anticorrupción (CBA) del gobierno de Jarosław Kaczyński en 2009, ni siquiera había adquirido firmeza.

Entre las primeras decisiones del nuevo gobierno polaco, cuya candidata, Beata Szydło, obtuvo el voto de investidura de la cámara baja el pasado jueves, se encuentra la inmediata remisión de proyectos de ley al Parlamento, que reducirían los mandatos de los magistrados del Tribunal constitucional (elegidos con otras mayorías por el parlamento) o el reforzamiento de la dependencia de la fiscalía general del Estado, cuya cabeza pasará a ser el mismo ministro de Justicia del gobierno, en un país donde la instrucción de los procedimientos penales compete, precisamente, a los fiscales. La innecesaria detención a altas horas de la noche de Jan Bury, un político del PSL, acusado de fraude en la obtención de fondos europeos y aceptación de sobornos por la fiscalía, también ha desatado alarmas sobre el uso torticero de la Oficina Central de anticorrupción por parte del nuevo gobierno.

La primera ministra insistió en que su gobierno cumplirá las promesas populistas de la campaña electoral, esto es la reducción de la edad de jubilación; la subida del salario mínimo por hora, el mantenimiento de las minas del carbón estatales deficitarias (cierto es que algo tiene que ver la caída en desgracia de esta fuente de combustible en los últimos años impuesta por el Protocolo de Kyoto) o cheques para los padres de 500 zlotis al mes, a partir del segundo hijo y hasta la mayoría de edad. Pues, después de todo, “nos apañaremos” (“damy radę”) repetía la Señora Szydło con una fórmula publicitaria calcada del “Yes, we can” de Obama o el mismo nombre del español “Podemos”.  Cuestión diferente es que se puedan financiar unos programas que supondrían, según los cálculos más conservadores, gastos inasumibles para el gobierno polaco e, incluso, si esta zafia demagogía no decaerá en favor del pragmatismo. Esta por ver.

Las similitudes con la izquierda española se terminan ahí, ya que, como cabe imaginar, la iconografía de este populismo mojigato y nacionalista dista años luz de la deconstrucción posmoderna ensayada en España por aquella. En cambio, con justificaciones diametralmente opuestas, comparten un obsesivo objetivo por amoldar la sociedad a sus criterios morales usando la coacción del estado.

En cuanto al proceso que se abre en España con las elecciones del próximo 20 de diciembre, una vez constatado el final del bipartidismo, pocas veces ha resultado tan difícil pronosticar quién gobernará y si la política de la coalición resultante no agravará los problemas. Aunque sea una buena noticia la caída de los grandes corruptos (PP, PSOE y CiU) a la par que no constituirá una fuerza decisiva Podemos, el ascenso de Ciudadanos no se basa en unas propuestas muy diferentes a las ya conocidas. Para colmo de males, la deriva abiertamente golpista de los nacionalistas catalanes no augura nada bueno, incluso aunque algunos solo hayan querido jugar. Las tentaciones populistas son aún peores que las socialdemócratas, pero echo en falta un partido liberal con posibilidades reales de influir en la política española.