Titulitis

La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega anunció durante la clausura del IV Congreso Africano de Mujeres Emprendedoras de El Cairo que las mujeres sin titulación que acrediten experiencia suficiente en el cuidado de niños o mayores podrán acceder a un título oficial equivalente al de un grado medio antes de que empiece el verano. Y yo me pregunto: ¿para qué?

Las perspectivas del Ejecutivo son asombrosas; por una parte asegura que esta medida beneficiará a medio millón de personas que no tienen estudios o los tienen primarios, además afirma que la medida fomentará el empleo en áreas como el cuidado de los mayores y de los discapacitados y, por último, hará visible a centenares de mujeres que llevan años ejerciendo sin que nadie les reconozca experiencia y capacitación. El Gobierno ha tirado de estadística estatal para defender su alcance, aprovecha el anuncio para dar algo de oxígeno a una ley como la de Dependencia que fue estrella y que ahora por no tener no tiene ni presupuesto, y apela a la moral pública y a cierto sentimiento de culpa de hijos desagradecidos para justificar una medida inútil.

Lo que la vicepresidenta no ha contado o quizá ni siquiera ha contemplado es que la creación de una titulación oficial supone una serie de recursos humanos, técnicos y presupuestarios que pagará el contribuyente le guste o no la medida. Tampoco se le ha ocurrido que se crea un título que, como todos los oficiales, limita o perjudica la entrada en el mercado laboral a infinidad de personas que habiéndose formado en otros circuitos educativos distintos de los reconocidos por el Estado, en las propias empresas o como en este caso en los hogares, buscan trabajos acordes con su experiencia y conocimientos sin necesidad de que nadie "oficialmente" tenga que reconocer su valor.

Llevamos décadas con empresas de limpieza en las que millares de mujeres y hombres han trabajado sin necesidad de aportar más conocimientos que los que ambas partes necesiten y reconozcan, incluyendo algunas de ellas cursos de formación que corrija carencias, ¿por qué no podía ser igual en el caso de empresas dedicadas al cuidado de niños, ancianos o personas con minusvalías? De hecho, y si las empresas empiezan a tirar de títulos oficiales, ¿no quedarán en la calle sin trabajo muchas personas que no puedan acceder a él al no tener tiempo ni ganas para pedirlo?

Hace unos meses, las autoridades madrileñas se sacaron de la manga un nuevo título que habilitaba a los porteros de discotecas para realizar su trabajo. El resultado ha sido que la demanda de portero "oficial" se ha disparado ya que se presentaron muchas menos personas de las que necesitan pubs, discotecas y otros garitos parecidos. En estos momentos y gracias a las autoridades madrileñas es posible que muchas empresas estén incumpliendo la ley para tener un mínimo de control en las puertas de sus negocios. Un problema de delincuencia ha derivado en una intervención estatal que ha generado paro por una parte e ilegalidad por otra, lo que dará pie a más faltas, esta vez estrictamente administrativas.

El título oficial es un papelito que pocas veces sirve de algo. La educación pública española está llena de títulos oficiales y los alumnos que terminan sus estudios tienen que seguir estudiando (y pagando) unos años más para obtener más títulos en forma de cursos de posgrado o algún que otro máster para optar con cierta ventaja a un puesto de trabajo. Paradójicamente, estos cursos de posgrado cada vez valen menos en tanto el Estado sigue exigiendo oficialidad a los organizadores y la oficialidad se reparte al mejor postor.

La sociedad española está aquejada de titulitis y la titulación oficial sigue expandiéndose tanto como el Estado sigue invadiendo aquellas partes de nuestra vida que aún manteníamos vírgenes. Y no parece haber vacuna.