Un estatuto liberticida

Nos recordaba el profesor Jesús Huerta de Soto, hace unos días, que la librecambista Castilla se vio obligada a aceptar las medidas proteccionistas aprobadas merced a la presión de la burguesía catalana, que no quería competir con los de fuera. La historia parece repetirse con el estatuto aprobado en el parlamento catalán. Tanto lo del proteccionismo como lo de, por sorprendente que parezca, emplear Madrid para imponerlo a toda España.

El intervencionismo del estatuto se puede mostrar sin más que citar algunos fragmentos en los que se llega al extremo de decir que “corresponde a la Generalidad la competencia exclusiva en materia de tiempo libre” (134.4), reconoce el “derecho a gozar de los recursos naturales y del paisaje en condiciones de igualdad” (27) mientras, al mismo tiempo, “los poderes públicos deben facilitar el acceso a la vivienda” (47), ardua tarea si alguien quiere disfrutar del paisaje que tenía antes de la construcción de más viviendas. Entre muchos otros ejemplos. Es difícil encontrar un artículo que no sea liberticida.

Sin embargo, como de todos es sabido, el exceso de presencia del estado provoca una clara y evidente pérdida de competitividad. La solución consiste en garantizarse que el resto de España tendrá que padecer una presencia similar. Por eso, el artículo 182 del estatuto otorga a la Generalidad la potestad de designar representantes en todos los organismos reguladores de algo cuyas decisiones pueda afectar al peinado de cualquier catalán del reino, es decir, todos. Banco de España, Comisión Nacional de la Energía, Comisión Nacional de Telecomunicaciones (claro), Comisión Nacional del Mercado de Valores, etcétera, etcétera.

La jugada es, por tanto, la misma que antaño. Se utiliza ese malvado centralismo que tanto critican para evitar que el resto de España pueda optar por reducir los impuestos o liberalizar mercados mientras se emplean las nuevas competencias para reducir aún más los pocos resquicios de libertad que hay en Cataluña. La única ventaja es que, en un mundo cada vez más globalizado, resulta más difícil que nunca esconderse debajo de un ala tan pequeña como es España y seguir prosperando. Francia también lo está intentando, cobijándose bajo una Unión Europea que quiere convertir en una réplica de su fracasado modelo político, intentando así alargar su agonía. Es una prioridad para mantener nuestra prosperidad que fracasen ambos en su intento.

Aprovechando que este estatuto está provocando tanta tensión sobre la constitución, el PP haría bien en plantear una reforma distinta: la eliminación de estatutos en todas las comunidades y su sustitución por un sistema en que las competencias fueran cedidas a todas las comunidades, sin excepción, recogiendo el gobierno central sus impuestos y las regiones los suyos. Lo malo no es que el régimen foral permita al gobierno vasco reducir su impuesto de sociedades para atraer inversiones espantadas por el terrorismo y la coacción institucional, sino que La Rioja no pueda hacer lo mismo, favoreciéndonos a todos de esa competencia entre gobiernos.

Pero eso jamás lo querrán los nacionalsocialistas que gobiernan en lugares como Cataluña o el País Vasco, pues lo que desean es tener más poder que sus vecinos e intentar imponerles sus opciones políticas y económicas. Porque, mal que le pese a don Jesús, eso del nacionalismo liberal no se lleva.