Una política económica liberal

Generalmente se plantea la política económica como el conjunto de saberes que, partiendo del conocimiento de la ciencia económica y de los instrumentos del Estado, ayudan a la consecución de una serie de objetivos sociales. En función de cuáles sean esos objetivos y los fines perseguidos se puede hablar, en principio, de una política económica socialista o liberal, en mayor o menor grado. De hecho, lo hacemos constantemente. Pero, así planteada, no puede haber una política económica plenamente liberal.

En primer lugar por lo que se refiere a los objetivos sociales. Generalmente están definidos como la mejora económica de ciertos grupos sociales o la prevalencia de ciertos valores morales, estéticos a veces, sobre otros. O la prestación de determinados servicios o la remoción de determinados comportamientos que se consideran negativos o antisociales. También se definen sus objetivos en términos más etéreos si se quiere, menos aprehensibles, de carácter macroeconómico.

El planteamiento de estos objetivos parte de dos errores. Uno de ellos es tan viejo como el pensar sobre cuestiones comunales o sociales, y es la idea del bien común. Los bienes tienen un valor subjetivo. Y puesto que las valoraciones personales son muy distintas y además son cambiantes, no puede haber un bien común. Literalmente, el bien común es una utopía. Cuando pronunciamos juntas las palabras "bien" y "común" sentimos una llamada atávica, impresa durante generaciones a fuego en nuestra alma, acaso en nuestros genes. Resulta duro separarse de una idea tan querida. Pero es una contradicción en los términos, tal como es la naturaleza humana, y la búsqueda de un imposible sólo puede causar decepción, desesperación y acaso melancolía.

Relacionado con este hecho está el error hayekiano, es decir, el de creer que podemos conocer o definir cuál sea ese bien común, y cuáles de los objetivos sociales que nos podamos plantear son los que más se acercan a esa quimera. Además, los políticos tienden a hacer promesas o a plantearse objetivos con un objetivo concreto (reducir la pobreza a la mitad en 15 años, crear un millón de puestos de trabajo en una legislatura, etc.). Pero los efectos concretos de unas u otras medidas dependen del comportamiento concreto de las personas sobre las que recaigan. De este modo, el que se puedan cumplir ese tipo de objetivos más concretos depende, además de que la medida adoptada acerque a ellos o sea compensada por otros factores, de circunstancias que condicionan el comportamiento concreto de las personas, parte de las cuales todavía no se han producido. Por ello insistía Hayek en que lo más que puede plantearse un político, honradamente, son objetivos generales tales como reducir la inflación, aumentar el empleo, etc., sin formular promesas más concretas.

Más adelante nos encontramos con los problemas de los medios, de las medidas concretas de política económica. La literatura sobre el tema es amplísima, y aquí el liberalismo muestra, por escoger la formulación también de Mises, que el intervencionismo provoca efectos que, o bien no son deseados por sus promotores, o bien no son previstos por éstos y son generalmente considerados negativos.

Entonces, ¿es inconcebible una política económica liberal? No, siempre que se tenga claro que toda política económica ha de tener el desmantelamiento del Estado como último objetivo. Puesto que el liberalismo confía en los procesos sociales espontáneos y ve al Estado como un órgano basado en la coerción, que no juega un papel en una sociedad basada en el contrato y el acuerdo voluntario, toda política económica ha de encaminarse a reducir su influencia, acaso hasta hacerlo desparecer.

Rothbard propone una estrategia radical, ya que reducir una medida intervencionista a la mitad supone mantener el intervencionismo, con los efectos negativos que, sabemos, creará. Como, además, hay que contar con que un sector de la población y especialmente de la política se opondrá a cualquier liberalización, lo conveniente es aceptar este inconveniente desde el comienzo y llevar los objetivos tan lejos como sea posible. Milton y Rose Friedman mostraron, además, que "la tiranía del statu quo", de los intereses creados, logra paralizar cualquier medida liberalizadora si se demora más allá de los primeros meses de Gobierno. La reforma ha de ser, pues, radical y rápida en la medida de lo posible.

No obstante, en ocasiones es imposible restablecer la plena libertad de los ciudadanos, pero sí se pueden arbitrar políticas que se acerquen suficientemente, como puede ser el cheque escolar o la municipalización de la gestión educativa. Una vez implantados, se puede proponer el siguiente paso hasta eliminar la influencia del Estado en la vida ciudadana.