Maduro aumentó la persecución a los comerciantes con el encarcelamiento a 35 gerentes de supermercados.
Recientemente un periodista le preguntó a Nicolás Maduro que cómo puede hablar de éxito del plan económico si cuando el 1 de septiembre dio a conocer sus medidas un cartón de huevos costaba 300.000 bolívares y el 15 de diciembre se situó en los 140 millones (1.400 soberanos), o sea, el precio se ha incrementado en 46.566,66%. Por supuesto, el presidente, en ese momento, no tenía una respuesta preparada. Pero, con toda seguridad, ya la tendrá. Probablemente le echará la culpa a las gallinas o a la calidad del alimento importado para aves. Esa ha sido su costumbre a lo largo de seis años de gobierno.
El presidente Maduro anunció un balance exitoso de su paquete económico que incluyó una devaluación de la moneda del 95,8%, controles de precios, aumentos salariales de 5.900% y aumento de impuestos. El salario mínimo legal lo multiplicó por 35 y lo ubicó en 30 dólares a la tasa oficial (DICOM).
Para evaluar los resultados del llamado “paquete rojo” impuesto por Maduro, hace poco más de tres meses, es necesario analizar algunas cifras. Debido a que el Gobierno dejó de publicar datos oficiales, la Asamblea Nacional construyó un indicador de actividad económica mensual que mide razonablemente el comportamiento del PIB. De acuerdo con este indicador, entre enero y septiembre de 2018 la actividad económica se contrajo un 28%. Para el período 2013-2018, la economía venezolana perdió aproximadamente el 53% de su tamaño. Igualmente desde octubre 2017 a noviembre 2018 la inflación fue de 1.300.000%. Una inflación de esa magnitud se explica fundamentalmente por la monetización del déficit fiscal, que a partir de 2014 no baja de 12%. Niveles inflacionarios como este explican, en parte, que los niveles de pobreza excedan el 80%.
La única medida con alguna repercusión favorable fue la de quitarle cinco ceros a la moneda, lo cual alivia la carga de billetes que necesita movilizar la gente para realizar sus compras.
En lugar de enviar un mensaje esperanzador a los empresarios y a los mercados en general, las expectativas económicas empeoraron, y aumentó la persecución a los comerciantes con el encarcelamiento a 35 gerentes de supermercados para que sirviera de ejemplo a los que no estuvieran dispuestos a acatar los controles y regulaciones.
A tres meses de la reconversión monetaria la escasez de billetes persiste y seguimos viviendo bajo un control de cambio.
El primer vicepresidente del gremio empresarial (FEDECAMARAS) denunció que las medidas económicas y la crisis que el país viene arrastrando han ocasionado un “holocausto empresarial”, debido al cierre de gran cantidad de negocios. Solo en el sector industrial, de 12.000 empresas quedan 3.200, y 900 de ellas en manos del Estado. En el sector comercial hay un 50% menos de comercios. El presidente de CONINDUSTRIA, Juan Pablo Olalquiaga, aseguró que para fines de año habrán cerrado unas 1.000 empresas, y recordó además que el 73% de las empresas trabaja por debajo del 30% de su capacidad instalada.
Según la última encuesta sobre condiciones de vida (ENCOVI), coordinada por la Universidad Católica Andrés Bello, el 87% de la población vive por debajo del umbral de pobreza. En el 61% de los casos la carestía es extrema.
La inflación ha sido de tres dígitos en los últimos seis meses. Cada día el Gobierno quiere repartir más pero es incapaz de producir más y a la vez inhibe la producción privada. Mientras tanto, sigue alimentando la hiperinflación con la creación irresponsable de dinero para cubrir el déficit.
Según los analistas económicos, basados en los datos suministrados por la Asamblea Nacional, en los últimos 12 meses los precios se duplicaron cada 25,6 días. Si ese ritmo se mantiene durante doce meses, 2018 cerrará con una inflación de 620.433,14% y el aumento de precios acumulado para julio de 2019 será de 1.683.311%.
Dentro del paquete de medidas, Maduro anunció que se había reunido con algunos empresarios y habían acordado mantener fijos los precios de los principales productos de consumo. No solo se fijaron los precios de 25 productos, sino que también se desplegaron miles de funcionarios por el país para fiscalizar comercios y obligarlos a cumplir los acuerdos. Conseguir productos regulados en las estanterías de los supermercados y comercios es una tarea imposible: ni están disponibles y cuando lo están no cumplen con los precios acordados entre Gobierno y empresarios.
El Ejecutivo, por medio de la Gaceta Oficial No. 6397, fijó a finales de agosto de 2018 el nuevo precio de la carne en 90 bolívares por kg., enmarcado dentro de la Ley de Precios Acordados y del Plan 50, y cuyo resultado fue la desaparición de dicho producto. Como respuesta, el Gobierno ordenó la intervención de 21 mataderos en el país. Con esta medida no solo provocó la profundización del mercado negro sino que ahora el kilogramo de carne está sobre los 2.000 bolívares.
Para ilustrar con mayor dramatismo lo que sucede en el área alimenticia y cómo se ha desbocado la inflación después de las medidas de septiembre de este año, veamos un ejemplo más: la canasta alimentaria medida mensualmente ha registrado algunas variaciones en los últimos cuatro meses.
- Agosto – 5.353,92 bolívares soberanos
- Septiembre – 12.211,55 bolívares soberanos
- Octubre – 22.515,79 bolívares soberanos
- Noviembre – 132.231,1 bolívares soberanos
En agosto un trabajador necesitaba 178,46 salarios mínimos para adquirir la canasta alimentaria. Tomando en consideración que para esa fecha el salario era de 3 millones de bolívares y no habían eliminado los cinco ceros a la moneda. Para el mes de noviembre, el mismo trabajador necesita 73,46 salarios mínimos para adquirir la misma cesta. A pesar de que en septiembre los salarios fueron ajustados un 5.900%. Para la segunda semana de diciembre el salario, ajustado a 30 dólares mensuales en septiembre, ya se había reducido a 2,5 dólares al mes.
Mientras tanto, Maduro anuncia el séptimo ajuste de salarios del año para este mes, pero según las estimaciones de los especialistas la canasta alimentaria en diciembre puede alcanzar los 300.000 bolívares soberanos.
Los efectos del ajuste se han sentido con mayor intensidad en el sector alimenticio. Sin embargo, no deja de ser devastador en otros ámbitos, como el de la salud, los medicamentos, vestido y calzado, entre otros. Se da el caso patético de los servicios funerarios donde se necesitan 20 salarios mínimos para cubrir los costos. Algunas funerarias ofrecen urnas de cartón. Algunas familias han enterrado a sus familiares en neveras, bolsas de plásticos o hasta en el patio de su casa.
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