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Victimas apaleadas

Publicado en Libertad Digital

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No descubriré la pólvora si digo que nuestro sistema judicial se ha convertido en una farsa en la que la restitución de la víctima brilla por su ausencia y dónde ingentes recursos se dilapidan en lograr que los delincuentes salgan cuanto antes de la cárcel, sean felices a lo largo de su estancia o en que ni siquiera lleguen a entrar. Sin embargo, contar casos en los que el sistema trata a la víctima como criminal y encima le obliga a indemnizar al agresor muestra el grado de perversidad al que se ha llegado con el abandono de la justicia a secas y el abrazo a la justicia social.

El pasado mes de julio se produjo la encarcelación de un honrado ciudadano cuyo delito fue tratar de defenderse de un agresor. Es el último episodio de una historia en la que Luis (de 63 años) y su familia han tenido la oportunidad de conocer en profundidad las entrañas de la bestia: el sistema judicial del estado. Todo comenzó en 1998 cuando nuestro infortunado protagonista descubrió que alguien entraba en su finca, le robaba y destrozaba la cosecha. El suceso se repitió en varias ocasiones y Luis, pensando ingenuamente que la misión de la policía es proteger nuestra propiedad y nuestra vida frente a los agresores, acudió a denunciar los hechos a comisaría. Así una y otra vez sin obtener ayuda o respuesta alguna. En vista del absoluto desamparo, la víctima decidió vigilar él mismo y proteger su propiedad con una escopeta de perdigones. El primer día de septiembre de 1998 un hombre de unos 30 años de edad trató de invadir su propiedad a través de un hueco en la pared de su invernadero y salió con un perdigón en el hombro.

Llegados a este punto, el lector pensará que a esta historia sólo le queda la detención del agresor, la imposición de una pena que restituya a Luis y el punto final. Quizás, en algún extraño país las peripecias de Luis podrían prolongarse incluso un poco más con la concesión de alguna condecoración a nuestro protagonista por haber colaborado de manera decisiva en la detención de un criminal que ponía en riesgo la propiedad de los vecinos de la zona. Nada más alejado de lo que ha sucedido desde entonces.

Aquel exitoso acto de defensa propia fue el comienzo de una pesadilla urdida por el monopolio del uso de la fuerza y la justicia. El primer paso lo dio la policía. Pero no precisamente metiendo al invasor en el calabozo sino denunciando y deteniendo a Luis, la víctima que había decidido solventar la incompetencia policial con su propio esfuerzo. A Luis le debió resultar difícil de entender que la agencia monopólica que sufraga coactivamente a precios abusivos decidiera arrestarle por solucionar su problema de inseguridad por su cuenta. Después vino la sentencia del juez de turno: culpable de homicidio en grado de tentativa. Es el mundo al revés. Condenan a la víctima a pagar 30.000 euros al agresor; bonita forma de entender la justicia.

Para saldar su deuda con la sociedad (quien sabe si por haber reducido la productividad de un ladrón o por haber dejado en evidencia a los incompetentes fuerzas del (des)orden público), ha sido penalizado con 4 años de prisión. Una razonable forma de entender este injusto despropósito es que el aparato estatal trata de imponer un escarmiento que sirva de ejemplo a todo el que se crea en el derecho de defender su propiedad o su vida. Las imágenes de la familia de Luis, un hombre de 63 años, llorando el encarcelamiento de su ser querido es un fenomenal desincentivo a la hora de mover un dedo para evitar que te quiten lo que es tuyo. La visión de una familia que está perdiendo su hogar de toda una vida porque la persona productiva de la familia se encuentra en la cárcel y no puede contribuir al pago de la hipoteca que hicieron para pagar al agresor, tampoco debe ser una imagen que estimule las ganas de protegerte.

Esta infame historia ha tenido lugar en Gran Canaria, pero podría haber sucedido en cualquier otro punto de cualquier estado moderno. Es el resultado lógico del monopolio del uso legitimado de la violencia y de la justicia a cargo del aparato estatal. A Minerva no sólo le han quitado la venda de los ojos sino que le han encargado que detenga cualquier atisbo de individualismo que ponga en peligro el estado y la justicia social.

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