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Wert, la educación y la pregunta que (casi) nadie se hace

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Desde hace un año, la conocida marea verde llena las calles con asiduidad con el reclamo de la paralización de los recortes en la partida presupuestaria de educación y la mejora, o al menos mantenimiento, de las condiciones laborales del profesorado. Tras la reciente aprobación en el Congreso de la reforma educativa presentada por el ministro de Educación, Cultura y Deporte José Antonio Wert, muchos han sido los que han criticado con dureza la reforma por muy distintos motivos. Hacía mucho tiempo que no estaba una parte significativa de la población con la misma preocupación en mente: la educación. Y, sin embargo, el debate no podría ser más pobre, insustancial e irrelevante ya que las medidas para mejorar el sistema educativo aún no se han abordado en profundidad. Pero ¿por qué sucede esto?

Las principales críticas de la marea verde y así como de una parte de los ciudadanos son varias, pero difieren según el grupo que las exponga. Los profesores están en contra del despido de funcionarios interinos y de cualquier otro tipo de medida que busque la reducción de personal. Además, se oponen a rebajas salariales y a un aumento de sus horas lectivas obligatorias. También critican que tengan que dar clase sobre materias que no conocen por imposición. Los alumnos (y sus padres), se quejan de tener que elegir a una edad muy temprana una rama académica, lo que condiciona las posibilidades formativas que el alumno tendrá en un futuro próximo. También critican que las tasas hayan subido de forma sustancial, ya que esto supone una gran traba para el acceso a la formación universitaria independiente del nivel económico de sus familias. Una de las mayores polémicas de la llamada "Ley Wert" de educación ha sido precisamente la propuesta de exigir una nota mínima de 6,5 para poder solicitar una beca escolar. Hasta la fecha, la nota exigida era de un 5. Junto con el endurecimiento para poder tener acceso a una beca, se une la eliminación de multitud de ayudas sobre transporte, comida y libros. Estos recortes presupuestarios han enfurecido a muchos padres, que han visto cómo sus posibilidades económicas limitan los servicios que sus hijos reciben. Tras la eliminación de la polémica asignatura Educación para la Ciudadanía impulsada por el PSOE, ahora toca adoctrinar según los cánones ideológicos del PP y la asignatura de Religión vuelve a ser obligatoria y a tener un peso muy importante a nivel curricular. Para rematar los principales puntos que critica la población sobre la polémica Ley, faltaría mencionar el tema lingüístico. Todos los partidos políticos utilizan su influencia política para favorecer o perjudicar el idioma que les interese por motivos de lo más diversos, ninguno de ellos siendo la mejor formación del alumno. Pues bien, éstos son los aspectos en los que se centra el debate que hay en este país sobre educación y su mejora, como rezan las absurdas siglas de la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad de la Enseñanza).

Hagamos por un instante un ejercicio mental. Imaginemos por un momento que absolutamente todas las exigencias del colectivo de la marea verde se cumplen por arte de magia. Imaginemos que no se recorta un solo euro y que se gasta por alumno lo mismo que antes de la crisis. Imaginemos que ni un solo profesor es despedido. Imaginemos que no ven aumentadas sus horas lectivas, que tan sólo dan clases sobre las materias que son de su competencia. Imaginemos también que los niños no ven recortadas las ayudas que reciben. Comedor, libros y transporte, según el caso, igual que antes de la crisis. Las clases de religión eliminadas del curriculum. Y los padres eligen los idiomas en los que sus hijos son educados. Y ahora, hagámonos esta pregunta, ¿dejaría de haber un serio problema con el sistema educativo en este hipotético escenario? En mi humilde opinión, no. El problema de fondo seguiría estando sin resolver.

Entonces, ¿cuál es el verdadero problema, qué es lo que falla en el sistema educativo español? Lo que falla puede que moleste a los amigos de lo público y defensores a ultranza del mal llamado sistema de bienestar: el sector público controla de forma salvaje la educación. Sin entrar en consideraciones históricas de cómo hemos llegado al sistema actual y cuál fue su origen, conviene simplemente recordar que nace como un poderoso instrumento adoctrinador y homogeneizante, en donde la diversidad no tiene cabida y la uniformidad es un objetivo. El problema fundamental del control de la educación por parte del Estado es doble. Por un lado, la legislación educativa persigue satisfacer los particulares intereses del Estado y no las necesidades concretas de los alumnos. En segundo lugar, el férreo control estatal y la maraña legislativa en esta materia impide todo atisbo de innovación educativa de cualquier índole. Ya sea un rejuvenecimiento de las materias, incluyendo temas tan interesantes como emprendimiento, desarrollo personal, educación emocional, educación financiera, habilidades sociales y profesionales como la oratoria, la comunicación, la persuasión o la mejora de la productividad en el trabajo; ya sea introducir igualmente cambios sustanciales a nivel metodológico, explicando las materias de forma transversal, fomentando la colaboración y el trabajo en grupo de los alumnos, intentando hacer las materias atractivas para despertar la curiosidad intelectual de los alumnos, poniendo un mayor énfasis en lo práctico sobre lo teórico, reduciendo la importancia de la memorización en el proceso de aprendizaje y dando un mayor peso a la comprensión y combinación que posibilite la integración de los nuevos conocimientos con los ya existentes.

El alumno debe ser el centro de todo este debate y queda siempre relegado a un tercer plano. Al igual que en la prestación de cualquier servicio en cualquier ámbito de la economía, el cliente es el que manda, el mercado debe esmerarse por darle al cliente lo que desea al mejor precio posible. Todos estos deseables cambios son una utopía si el Estado no se aparta por completo y permite que padres, alumnos y pedagogos sean total y absolutamente libres de decidir cómo, cuándo y a qué precio desean educar y ser educados. Toda la innovación necesaria necesita ser legal, como es lógico, pero también precisa algo tan importante como es el ánimo de lucro. Mientras el Estado subvencione la educación a toda la población tiene la sartén por el mango. Su poder es total, ya que los ciudadanos no tienen, salvo que paguen dos veces, otra alternativa. Y uno se pregunta ante esta situación, ¿quién es Wert -o el ministro de turno- y el Estado en general para decirle a los padres de un niño cómo debe de ser educado su hijo?, ¿por qué no son totalmente libres de educar a sus hijos de la forma que ellos deseen sin que tenga que cumplir con una extensa, torpe y limitante regulación impuesta por el Estado?

Decía Nelson Mandela que la mejor forma para cambiar el mundo es a través de la educación. No podría estar más de acuerdo. En lo que queda de siglo vamos a ver grandes avances en cuanto a aprendizaje y conocimiento se refiere. Pero la educación estatal será un mero obstáculo de este progreso y no lo habrá facilitado de ninguna manera. Internet está suponiendo una auténtica revolución en temas educativos. Iniciativas como Khan Academy, iTunes University, coursera, edX y multitud de MOOC (clases online abiertas masivas) son sólo el principio. Los costes de la educación van a caer de forma dramática para aquellos que decidan educarse lejos del control del Estado. Pero en España nos cuesta mucho ver esto. Aquí seguimos hablando de las notas de corte para recibir una beca o de si los docentes deben tener 18 horas lectivas y no 20. Si nada cambia en el debate sobre educación en España, si no se empiezan a tratar las cuestiones importantes y dejamos de lado lo superfluo del debate, si los ciudadanos no logramos tener el control de la educación en detrimento del Estado, nos espera un futuro ciertamente incierto con un sistema educativo de tercera división y del siglo pasado para el competitivo mercado global en el que las nuevas generaciones tendrán que competir. ¿A qué esperamos entonces para exigir al Estado que no se entrometa en la educación de nuestros hijos?

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