Hasta el 9-M, el agua no era ningún problema en Cataluña. Ha sido acabar las elecciones y parece que los ciudadanos de Barcelona vayan a morir de sed en días. Ahora sabemos que el propio Gobierno pidió a la Generalitat que ocultase el problema del agua hasta pasadas las elecciones, lo que supone un claro fraude a los electores. Los políticos catalanes montaron hace unos años un jaleo de aúpa por el trasvase del Ebro alegando que crearía problemas medioambientales, de sostenibilidad, abastecimiento, etc. En cambio, ahora dicen que esos problemas no existen en el caso del Segre, que es un afluente del Ebro. Se ve que los problemas medioambientales dependen sólo de quién ostente el Gobierno.
Estos ilustrados políticos han permitido durante años que una fuga en Badalona perdiese, y pierda aún, tanta agua potable al día como para abastecer diariamente a 2.000 personas. No es un fallo nuevo; las autoridades sabían de su existencia ¡desde 1974! Los continuos problemas de falta de agua en Barcelona no son recientes y eso es algo que todo el mundo sabe. Pero ni el Gobierno central ni la Generalitat han hecho nunca nada para solucionarlo. Eso sí, los burócratas catalanes han encontrado conveniente gastarse 1,4 millones de euros, sólo en 2007, en estudios sobre los brujos y brujas (12.000 euros), la almeja brillante (casi 28.000 euros), la colocación de libros en las bibliotecas públicas de Girona (24.000 euros) o la trufa negra.
Mientras el Gobierno catalán se gasta nuestro dinero irresponsablemente, ahora se plantea si hacer el trasvase cambiándole el nombre para que nadie diga que es un trasvase, o si traerá el agua en cisternas, en trenes o a saber cómo. Tal vez se pongan de acuerdo cuando ya no quede ni una gota de agua en la ciudad. Eso sí, hay una medida que todos han encontrado necesaria y de inmediata aplicación: multar hasta con 3.000 euros a esos criminales que llenan sus piscinas y riegan sus plantas. Para tal labor, que conllevará un sustancial ingreso extra a la administración, no han dudado en movilizar a los mossos d’esquadra y policías locales más cualificados. El resto de delitos han pasado a segundo término.
Todo el mundo sostiene que el agua, como producto fungible que no es libre y que nos brinda la naturaleza, ha de tratarse de forma ecológica, sostenible y atendiendo correctamente a su buena distribución y precio. Esto significa que el agua, y el transporte de ésta, son escasos y la economía privada trata de esto precisamente: de la distribución de los bienes escasos, porque si nos sobra un bien o servicio no hace falta economizarlo ni cuidarlo. En 1968 la revista Science publicó un artículo del científico Garrett Hardin titulado La tragedia de los comunes. En el ensayo, Hardin decía que cuando un bien es libre, esto es, no tiene propietario, tiende a desaparecer por la sobreexplotación, por lo que de alguna forma, su producción o distribución ha de ser regulada, ya sea mediante el mercado, el Estado o alguna combinación de estos.
La respuesta estándar en nuestros días es que el Estado tome esta responsabilidad con las consecuencias de siempre y que hemos visto estas semanas. La irresponsabilidad y el oportunismo, así como el castigo hacia los únicos inocentes, los ciudadanos, son las únicas medidas que se aplican. Pocos caen en la cuenta que si un bien escaso se privatiza en su totalidad, las empresas del ramo y sus directivos, trabajadores y accionistas harán todo lo que puedan para que los consumidores, razón última de su existencia, no queden desasistidos. Las empresas no dejan que sus productos se desperdicien durante más de 30 años, ni prohibirían adquirirlo a sus consumidores y menos aún les multarían por usar de forma "incívica" aquello que les ofrecen.
Si el agua, por culpa de la ineptitud de los políticos, se ha convertido en un bien escaso, eso significa que tiene un precio. Hay dos caminos, privatizar todo lo concerniente a ésta y así asegurar su suministro, o seguir como ahora y volver a estar igual o peor año tras año. ¿Cree que los políticos van a renunciar a su negocio del agua?
