Resulta paradójico que la Unión Europea, una asociación de naciones avanzadas, dedique la mitad de su presupuesto (unos cuantos billones de euros confiscados a los ciudadanos) a subvencionar la agricultura, una de las actividades económicas más primitivas. Muchas personas se sorprenderían y tal vez incluso se escandalizarían si supieran los muchos millones de beneficio neto que generan los invernaderos de la zona mediterránea española. Grandes fortunas particulares se han formado gracias al mar de plástico, y ya no cuadra la imagen tradicional del agricultor pobre y sacrificado. Esta riqueza puede utilizarse para influir sobre los políticos y para financiar campañas de propaganda demagógica (qué bonito es recordar que la agricultura es fuente de vida) destinadas a conseguir el apoyo de la opinión pública.
En un intento por justificar todos sus privilegios, las asociaciones de beneficiados por los invernaderos mencionan la enorme riqueza que aportan a España con sus exportaciones, riqueza que olvidan mencionar va a parar a sus propios bolsillos, a menos que se haya nacionalizado su actividad y no nos hayamos enterado. Es como afirmar que el que le toque la lotería al vecino del quinto supone un gran enriquecimiento para todo la comunidad.
Los pseudoempresarios de este sector agrícola intentan que se mantengan todas las regulaciones que los protegen, siempre a costa de los demás contribuyentes: precios garantizados por encima del mercado, subvenciones de todo tipo, y protección (aranceles y cuotas) contra los productos más competitivos de países menos desarrollados (lo cual dificulta su desarrollo y contribuye a mantenerlos en la pobreza). Dos de sus factores de producción les resultan especialmente baratos (aparte de la luz solar, que les sale gratis): la mano de obra inmigrante (frecuentemente ilegal o en condiciones precarias) y el agua regalada por el Estado.
El agua es legalmente un bien público, no se compra ni se vende. Como no existen derechos de propiedad privada sobre el agua ni un mercado de la misma, es imposible saber cuáles son sus usos más valorados por los ciudadanos. El precio del agua se fija mediante mecanismos políticos: los colectivos organizados pueden presionar para obtener mejores condiciones, y de este modo los agricultores consiguen agua mucho más barata que la destinada al consumo humano.
Todos los bienes públicos que se gestionan políticamente sufren el mismo problema de luchas encarnizadas por su uso. En el mercado libre los bienes se asignan a quien está dispuesto a pagar el precio más alto. En una economía intervenida reciben los bienes quienes más puedan influir, mediante favores o amenazas, sobre los gobernantes: todos quieren obtener la mayor cantidad posible de bienes y que los paguen los demás. Los políticos locales deben luchar con el gobierno central para recibir el máximo, siempre a costa de otras regiones: la política es un juego de suma cero, para que uno gane otro debe perder.
El problema del agua no se solucionará mientras se mantenga su gestión política. El mar contiene enormes cantidades de agua que puede ser desalada si los consumidores del producto final están dispuestos a asumir sus costes. También pueden realizarse trasvases desde zonas que estén dispuestas a vender el agua, teniendo también en cuenta el coste del transporte. En un mercado libre triunfaría la opción más eficiente. En la situación política actual, parece que las empresas constructoras de infraestructuras para trasvases tienen más amigos en el gobierno que las constructoras de plantas desaladoras, y que las regiones costeras tienen más peso político que las interiores. Pero todo se hace en nombre de la solidaridad interterritorial, claro.
