El consenso es amplio, o al menos tan poderoso como para que los políticos (en Europa, no fuera) no se puedan permitir discursos contra el Estado de Bienestar.
Solo que, como todo lo político, ese consenso es falso. Pagamos impuestos porque no podemos elegir otra cosa. Pero a la hora de recibir los presuntos beneficios confeccionados por la Administración con nuestro botín, los rechazamos. No nos devuelven el dinero, una vez nos quitan lo que hemos generado con trabajo y ahorro, no hay vuelta atrás. Todo lo que rechacemos de las dádivas del Estado no lo podremos recuperar por otro lado. Para mantener una conversación con amigos y demostrar a los demás lo solidario y generoso que es uno con el dinero de los demás, incluso para votar, está muy bien eso de defender el Estado Providencia.
Pero cuando le toca a cada uno, la gente prefiere pagar una segunda vez, añadida a los impuestos, y acudir al mercado para conseguir lo que realmente quiere. A la hora de elegir educación para sus hijos, la gente corre por sacar a sus hijos de los colegios públicos, si tiene la opción. Contrata seguros privados de salud, ahorra en pensiones o acciones. Aquí, además, una parte de los servicios públicos están siendo ocupados por trabajadores de otros países y, por la razón que fuere, es innegable que muchos no se sienten del todo cómodos compartiéndolos. Como dice Toni Mascaró en La teoría del desprendimiento, "cuando éste les ofrece sus servicios ‘universales y gratuitos’, ¡oh, sorpresa!, todo el que puede contesta en la práctica con un rotundo ‘¡no, gracias!’ que, de hecho, es un ‘¡no, gracias, y quédese el cambio!’". Asfixiada por impuestos y regulaciones, la empresa privada es capaz de convencer a la gente para que pague una segunda vez, ésta voluntaria, para obtener lo que desea. La gente, a la hora de la verdad, no quiere al Estado de Bienestar en su casa.
Este desinterés de la gente por los servicios del Estado se hará mayor cuanto más rica sea la gente, cuanto más pueda decidir sobre su vida con sus propios medios. Vivimos una carrera entre el Estado y la sociedad para ver quién se queda con la riqueza añadida que la parte privada de la economía crea cada año. Por eso es importante la iniciativa del Instituto Juan de Mariana de abogar por una sociedad de propietarios. El informe muestra que, sin excesivo esfuerzo añadido, sin más que ahorrar e invertir a largo plazo, con constancia y buen sentido, una familia media o incluso con escasa renta podría acumular en 20 ó 25 años el patrimonio suficiente como para seguir una vida independiente y segura. Incluso pueden bastar 15 años. Ha llegado la hora de sacar todo el partido a lo que nos queda de sociedad libre y desengancharnos, uno a uno, del Estado de Bienestar.
