Con el pretexto de la singularidad de Canarias, se ha constituido aquí un paraíso dentro del sistema eléctrico para algunas compañías del sector. Todas las inversiones en generación eléctrica en Canarias tienen asegurada una rentabilidad «adecuada». Si los precios de la electricidad en los mercados no aseguran ese beneficio, el Estado lo compensará, cosa impensable e inverosímil en cualquier lugar de la Península o del resto de Europa.
Esta compensación tiene dos partes, una para las inversiones en activos ya realizadas y otra por cada megavatio-hora producido. Además, estas contrapartidas no se calculan en base a los costes reales de las eléctricas, sino por una serie interminable de fórmulas e índices que hacen del cálculo un ejercicio tortuoso solo accesible a los burócratas.
Pues bien, conocemos que los MWh a producir y consumir previstos en 2014 en Canarias, sin tener en cuenta la retribución de las instalaciones ya construidas, deberán ser compensados por el resto de españoles, ya sea a través de los Presupuestos Generales del Estado o de los precios de la electricidad con un total de 639 millones de euros según el informe publicado en enero por la CNMC.
Es decir, la energía en Canarias está subvencionada en esa monstruosa cantidad y podría ser aún mayor si en 2020 se llega al 36% de producción eléctrica con un mix de renovables tal como pretende el Gobierno canario, pues este tipo de fuentes son más caras en un sistema ineficiente de red como el que tenemos, tal como mencioné en mi último artículo.
Sin embargo, dada esa singularidad canaria, las renovables podrían ser una buena oportunidad para rebajar dicha carga, pero no imponiéndolas en el sistema actual como quieren sus lobbys o muchos ecologistas radicales, pues esto empobrecería al conjunto de la sociedad, sino a través del autoconsumo, por ejemplo, con paneles fotovoltaicos.
Este hecho podría ahorrar una parte proporcional sobre esos 639 millones de euros, correspondiente a la energía autoconsumida. Sin embargo, si esta práctica se generalizara en la Península, los peajes de consumo, que son la fuente de recaudación para el pago de los cerca de 25.000 millones de euros del déficit tarifario, quedarían estrangulados, con lo que el sistema colapsaría y se pondría en peligro el cobro de las primas e incentivos recibidos por las empresas de producción de energía renovable, el Gobierno tendría que asumir el pago del déficit tarifario y las empresas eléctricas bajarían sus ventas a los consumidores domésticos y su facturación y rentabilidad caerían en picado.
Por ello, el Gobierno de España, aprobó en diciembre de 2013 innumerables trabas y multas, que podrían ir de los 600.000 a los 60 millones de euros, para todos aquellos que osaran acogerse al autoconsumo energético.
El Gobierno de Canarias, por una vez, debería defender la libertad de los isleños y reclamar el derecho a autoabastecerse energéticamente y el ministro Soria podría eliminar los peajes abusivos y el resto de trabas burocráticas y favorecer el autoconsumo, al menos en las Islas, como posibilita el artículo 9 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, pues esto al menos ayudaría a reducir el enorme déficit tarifario y sobre todo sería una victoria de la libertad de los ciudadanos.
