Hoy pasa el último obstáculo la Ley del Cine, una complejísima maquinaria de subvenciones, deducciones fiscales y privilegios, todo para ganarse el favor de un sector al mínimo precio de tender un "cordón sanitario".
Pero el Gobierno se enfrenta con un problema. Es fácil anegar los bolsillos ya adinerados con generosas subvenciones y darles privilegios fiscales. Saben que quienes los pagamos no tenemos ni el conocimiento ni el incentivo para revertir esta redistribución de la renta de los pobres a los ricos. Pero, como en cualquier sector, el del cine está compuesto por distintas ramas de la producción, que en ocasiones tienen intereses contrapuestos.
Explicaba ayer nuestro periódico que los exhibidores van a dejar de proponernos películas "sin interés" y sólo cederán sus pantallas a las que llamen al público. Los productores españoles, que necesitan cierta familiaridad con el público (no mucha) para cumplir el expediente y exigir subvenciones, y que hagan de éstas su negocio serán los más perjudicados. Seguro que consideran escandalosa la postura de los dueños de las salas. Yo también, porque su función fue siempre intentar acercarse a los gustos del espectador, no hacer concesiones a ciertos intereses sabe Dios por qué motivo.
Si el objeto de deseo es la subvención y para ganársela bastan 300.000 euros de recaudación, lo racional es hacer muchas películas, que atraigan a un puñado de cineadictos, y pasar por taquilla, la del Ministerio. No es necesario pensar en los españoles y en sus gustos. Así las cosas, no es de extrañar que cada vez se estrenen más títulos y que el número de espectadores vaya a la baja. 85 millones de euros de subvención, 14 películas más y 2,5 millones de espectadores menos. ¡Viva el cine español!
