La excusa de Caruana para presionar es que si los bancos no pueden participar en las cajas, éstas tampoco pueden tener capital de los bancos. Si Caruana realmente piensa así, está concentrando sus esfuerzos equivocadamente. Lo que ha de hacer no es obligar a las empresas a hacer lo que a él, como planificador central, le salga más a cuenta, sino presionar a los políticos para que privaticen las cajas de ahorros.
Las cajas de ahorros, de facto, se comportan igual que los bancos. Las obras sociales de las cajas podían tener sentido cuando nacieron al no existir un estado del bienestar todopoderoso (aunque fíjense que no nacieron de la visión de un planificador central, sino de la libre iniciativa individual como organizaciones católicas). Tampoco tiene sentido que un agente del mercado (las cajas) que es igual que su competencia (los bancos) haya de tener un trato de favor por razones políticas. Lo apuntado no implica que las cajas tengan que abandonar su “labor social” si no quieren (que, por cierto, cada vez es menor), más bien todos los miembros del mercado han de poder competir en igualdad de condiciones sin privilegios de ley.
Dejar las cajas de ahorros tal cual están ahora es defender abiertamente los intereses partidistas de los políticos en detrimento de la gente, mientras que si las privatizamos estaremos defendiendo que éstas dependan del grado de satisfacción que el consumidor financiero deposita en ellas, y además, les permitiremos conseguir una financiación y gestión más transparente a través de accionistas privados, como usted, cotizando en la bolsa de valores. En pocas palabras: democratizaremos el mercado crediticio español mediante la privatización directa y total.
Una vez alcanzada la igualdad entre cajas y bancos, tendríamos que ver las diferencias entre estas entidades y el resto de empresas que operan en el mercado. Al igual que no tiene sentido que un abogado se tenga que regir por leyes diferentes a las de un médico, un arquitecto o un fontanero, tampoco tiene sentido la existencia de leyes ni reguladores específicos para el sector crediticio. Si una empresa comete un mal intencionadamente, ya sea con un préstamo, en un litigio, administrando un medicamento o colocando una tubería en mal estado se está cometiendo una sola cosa: fraude. Y aunque éste pueda tener diferente magnitud no tiene porque ser regido por una ley u otra dependiendo de quién la realice. Un fraude ya sea industrial o financiero ha de tener un sólo castigo: indemnizar a la víctima. No necesitamos leyes que regulen toda la actividad humana, sino que castiguen los crímenes contra la propiedad privada y la vida (fraude, extorsión…). ¿Cree que tiene lógica que el Banco de España opine sobre cómo se ha de llamar un depósito a plazo fijo, o si la rentabilidad que ofrece es “adecuada”? La ley ha de servirnos a todos por igual para proporcionarnos seguridad, no para establecer comportamientos determinados ni para mantener monopolios.
En conclusión, si creamos planificadores centrales discrecionales, leyes para unos sí y otros no… sólo mutilaremos el mercado haciendo que las empresas financieras se muevan como rebaños sin voluntad por senderos prefijados impidiendo la innovación y el orden espontáneo. Cajas y bancos son lo mismo, y los dos son empresas que han de regirse por las mismas leyes que cualquier otra empresa. El único factor motor del progreso es la libertad. Planificadores centrales y leyes liberticidas sólo servirán para ampliar los intereses de unos a expensas de los derechos de los demás.
