En el proyecto se contemplan medidas tan contrarias a los derechos individuales del ser humano (sea este hombre o mujer) como el que de manera obligatoria haya un mínimo de un 40% de mujeres en los consejos de administración de las empresas o que en las candidaturas para las elecciones al congreso, a los cabildos, a las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, así como al parlamento europeo, las mujeres tienen de estar representadas entre el 40 y el 60%.
Según la Fernández de la Vega, la ley de igualdad "no es para las mujeres, sino para los hombres y las mujeres, porque a todos dignifica". Vamos, que el gobierno no sólo piensa que todas las mujeres están lisiadas sino que cree que tanto hombres como mujeres tenemos averiada la facultad de razonar. La única forma de selección social que puede dignificarnos es una que pase por respetar los contratos libres en el mundo privado y los méritos en el público. Lo que propone el gobierno es un ataque de primer orden a la dignidad de la mujer y una agresión sin parangón a la libertad de contratos. Sorprende sin embargo que muchos amantes de la libertad individual estén callados por no contravenir el discurso políticamente correcto y que la inmensa mayoría de las mujeres no se estén organizando para contestar a este insulto del machismo más extremo.
Para Caldera se trata de una ley "que reparte cargos, ya que las cargas están mal repartidas". Además, añade, "el proyecto creará riqueza y productividad en las empresas". Por mucho que se empeñe el ministro, sus propuestas sólo pueden traer crispación y decadencia socioeconómica. Crispación porque quien deja de alcanzar un puesto merecido debido a la imposición política de una cuota sexista no puede más que indignarse, y decadencia económica porque el intervencionismo de la ley sólo puede limitar nuestro progreso. En su frenesí intervencionista, la ley se inmiscuye en sectores tan vitales como el de los seguros impidiendo que factores como el embarazo puedan tenerse en cuenta para el cálculo de una prima. El disparate es mayúsculo. Si la compañía de seguros no puede discriminar entre individuos con distintos riesgos asociados, el daño a los seguros voluntarios está servido; lo que difícilmente ayuda a la creación de riqueza. Pero claro "las cargas están mal repartidas" y nuestro ministro de trabajo metido a cocinero social sabe cómo hay que mezclar la carne ajena en su caldereta igualitarista para repartir bienestar. Es la fatal arrogancia de los socialistas de todos los partidos y todos los tiempos.
