Según la trasnochada teoría promovida por los adictos a las regulaciones estatales, la compra de una empresa por otra puede incurrir en un pecado de maliciosa concentración empresarial y, faltaría más, tiene que ser autorizada. Eso sí, la concentración nunca es perjudicial cuando se lleva a cabo por el Estado en variopintos sectores que van desde el bancario hasta el de la seguridad, pasando por el de envío de cartas.
El hecho de que en otros países o en la ultra-intervencionista Comisión Europea la misma compra no precise de ningún permiso da una idea de lo caprichosas que son estas normativas y lo confuso que son los conceptos que usan. Acuerdos similares al de Chupa Chups chocan de manera continua contra una pared de ladrillos teóricos unidos por una amalgama de arrogancia política. Por fortuna, en este caso a nadie le ha dado por decir que los Chupa Chups son un bien cultural nacional protegido que no puede quedar en manos extranjeras, que son un producto estratégico para la economía española o que son importantes para la seguridad nacional. Después de todo, ¿quién dice que los extranjeros no van a usar su control de los ricos caramelos para envenenar a nuestras futuras generaciones de soldados y contribuyentes?
En realidad, los acuerdos libres entre ciudadanos o empresas privadas que son prohibidos con excusas igual de ridículas por los distintos tentáculos estatales de control empresarial son el pan nuestro de cada día. El caso del gobierno español tratando de evitar la archifamosa OPA de E.On sobre Endesa a través de la Comisión Nacional de la Energía y del Tribunal de Defensa de la Competencia, el del gobierno francés prohibiendo la compra de una empresa de yogures por parte de (¿lo adivinan?) extranjeros, o el reciente veto del gobierno italiano a la compra de una empresa de autopistas nacional por una española sólo son algunos ejemplos llamativos del arbitrario pero regular ataque del estado contra la libre competencia.
Sin duda, los dueños de Chupa Chups y de Perfetti estarán celebrándolo con cava y prosecco. Pueden considerarse afortunados. Sus derechos no han sido saboteados por los guardianes de la incompetencia. Para que todas las demás personas físicas y jurídicas corran la misma suerte en el futuro, urge desmontar el entramado de tribunales y órganos estatales que desautorizan según les conviene los intercambios y acuerdos libres que tratan de emular, rivalizar y, en definitiva, competir de verdad en el mercado.
