Ni Harvard, Stanford u Oxford podrán publicitarse en Madrid si antes no obtienen el provinciano plácet del Gobierno regional.
La libertad de creación de centros docentes forma parte inseparable de la libertad educativa. Solo en una sociedad donde los ciudadanos pueden promover sus propios proyectos de enseñanza al margen de los caprichos del poder político, los estudiantes, y sus tutores legales, pueden verdaderamente escoger aquella formación más acorde con sus convicciones, inquietudes y necesidades.
La propia Constitución española, en su artículo 27.6, salvaguarda esta libertad fundamental: “Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales”. También la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en su precepto 14.3, recoge esta misma idea: “Se respeta, de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio, la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto a los principios democráticos”. Y lo mismo sucede con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, que en su artículo 13.4 aclara que: “Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los principios enunciados en el párrafo 1 y de que la educación dada en esas instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado”.
Por supuesto, el texto de cualquier constitución o de cualquier tratado internacional está sujeto a interpretación por parte de los poderes públicos: y, por eso, aquellos políticos preocupados por proteger la libertad de los ciudadanos harán una lectura tolerante de su articulado, mientras que los obsesionados con torpedear la libertad de los ciudadanos harán una lectura restrictiva y obstruccionista del mismo.
Cristina Cifuentes no es una gobernante con principios liberales: como la práctica totalidad de políticos, es una arribista sin más convicciones que su sed de poder y, por consiguiente, una maquinadora dispuesta a canjear las libertades de los ciudadanos por el apoyo de aquellos poderes fácticos y grupos de presión que le permitan ir colmando sus ambiciones personales. Evidentemente, cuando trate de captar el voto de ese grupo de electores más preocupados por las libertades personales, no dudará en rodearse de liberales y en hablar de las bondades de bajar impuestos o de atraer empresas: pura escenificación teatral dirigida a ocultar que, cuando caiga el telón, seguirá colocando palos en las ruedas de cuantos proyectos empresariales amenacen la posición privilegiada de aquellos capitostes y burócratas con los que mantiene alianzas estratégicas o pactos de no agresión.
De ahí que no sorprenda en absoluto que la nueva presidenta del PP de Madrid esté impulsando una ley regional de contrarreforma universitaria dirigida a cercenar la libertad de creación de centros docentes incluso con mayor saña que bajo la legislación actual. So pretexto de asegurar la calidad de la enseñanza superior, lo que busca Cifuentes es aprobar una maraña de regulaciones innecesarias, gravosas, arbitrarias y dirigistas cuyo único propósito real es el de acabar con cualquier conato de competencia educativa, cartelizando el sector y erigiendo infranqueables barreras de entrada contra cualesquiera nuevos proyectos de educación universitaria que pudieran llegar a surgir.
La educación, bajo la bota del político y del burócrata
Así las cosas, el Anteproyecto de Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior consolida, desde su mismo comienzo, el ultrapolitizado e hiperrestrictivo procedimiento actual para la creación de universidades: en su artículo 5, se decreta que la apertura de cualquier universidad privada estará subordinada a su aprobación por la Asamblea de Madrid a través de una ley ‘ad hoc’; ley que, para más inri, solo podrá ser promovida por el Gobierno madrileño tras recibir el visto bueno del Consejo Universitario de la Comunidad de Madrid (integrado por los rectores de las restantes universidades públicas y privadas) y de otras burocracias públicas.
Dicho de otra manera, la creación de una universidad queda totalmente sujeta al capricho de los políticos madrileños y de los potenciales competidores de esa nueva universidad. ¿Se imaginan que para crear una academia de inglés o una escuela de música necesitáramos de la aprobación expresa del Parlamento y del consentimiento de nuestros competidores? Pues ese es el modelo de educación universitaria que actualmente existe y que Cifuentes aspira a apuntalar: si una camarilla de políticos sectarios quiere bloquear la apertura de una universidad, basta con que vote en contra en la Asamblea de Madrid. Un derecho constitucional sometido a la arbitrariedad absoluta e irresponsable de nuestros mandatarios.
Pero las limitaciones a la apertura de nuevos centros universitarios no terminan aquí. El borrador de ley de Cifuentes también contempla restricciones personales al ejercicio de este derecho constitucional de carácter fundamental: en particular, su artículo 7 exige que los promotores de nuevos centros de enseñanza superior cuenten con una “trayectoria universitaria contrastada”, lo que en la práctica significa que solo aquellos que ya formen parte del mundo universitario podrán crear una nueva universidad (ni siquiera entro a valorar el enorme poder arbitrario que se otorga a los políticos y a los burócratas a la hora de valorar si alguien cuenta o no “con trayectoria universitaria contrastada” como presupuesto para ejercer su derecho constitucional de libertad de creación de centros docentes). Se da así portazo a la posibilidad de que empresarios con ideas disruptivas, innovadoras y no viciadas por la endogamia universitaria puedan promover proyectos empresariales novedosos en este campo. Personas como Elon Musk, Peter Thiel o Jeff Bezos (o sus pares españoles) tendrían radicalmente prohibido abrir una universidad innovadora en Madrid: si no vienes de la tribu universitaria, tienes vetada la apertura de un centro de enseñanza superior.
Mas las restricciones tampoco terminan aquí: aquellos proyectos de universidad que hayan conseguido superar todos estos abusivos filtros políticos se toparán con un cúmulo de exigencias absurdas y desproporcionadas para poder ejercer su actividad. En su artículo 6, el anteproyecto de Cifuentes obliga a todo centro de enseñanza superior a ofertar un mínimo de 10 titulaciones de grado o máster y a implantar un programa de doctorado en un plazo máximo de dos años: y, como guinda de este disparate, se exige que esas titulaciones sean complementarias y no reiterativas “respecto a las titulaciones preexistentes y consolidadas en el Espacio Madrileño de Educación Superior”. Es decir, Cifuentes prohíbe que se creen nuevas universidades en Madrid especializadas en ofertar formación en una única área de conocimiento (Economía, Derecho o Informática, por ejemplo) e incluso en diversas áreas de conocimiento si los títulos que imparten ya están siendo ofertados por algunas de las universidades ya existentes. ¡Mueran la competencia y la inteligencia! ¿Se imaginan que estuviera prohibido montar una academia de inglés salvo que, al mismo tiempo, se ofertara francés, alemán, portugués, italiano, chino, ruso, árabe, japonés y coreano? O, todavía peor, ¿se imaginan que estuviera prohibido montar una academia de inglés si ya hubiera otras academias de inglés en su ciudad? Pues eso es lo que busca imponer Cifuentes en el mundo universitario. Obviamente, se trata de un ruin tejemaneje dirigido a proteger a las ineficientes universidades establecidas a costa de cercenar la libertad educativa de los nuevos entrantes.
Tal es la ceguera proteccionista y antiempresarial de Cifuentes que no solo pretende blindar a las universidades madrileñas existentes de la potencial competencia de nuevos rivales, sino incluso de la competencia ejercida por las universidades del resto de España y del resto del mundo. El artículo 16 de su nueva ley impide operar en Madrid a las universidades autorizadas por otras autonomías salvo que cuenten con el visto bueno del Gobierno madrileño (¿dónde queda la tan cacareada “unidad de mercado” que dice defender el PP?); y el artículo 34 llega al disparate de prohibir la publicidad de universidades extranjeras que no cuenten con la preceptiva autorización autonómica: es decir, Harvard, Stanford u Oxford no podrán publicitarse en Madrid si antes no obtienen el provinciano plácet del Gobierno regional. Al parecer, la movilización política para convertir Madrid en la nueva City financiera de todo el mundo debe ser simétrica a sus ansias de expulsar toda competencia nacional y extranjera del sector educativo.
Y aun con todo, las cornadas del PP a la libertad de enseñanza van mucho más allá: el anteproyecto de ley de Cifuentes establece muchas otras cortapisas (como la necesidad de que las universidades, incluso las ‘online’, cuenten con “instalaciones deportivas”) y crea mucha más burocracia fiscalizadora (por ejemplo, un Consejo Asesor en Empleabilidad que inspeccionará las titulaciones universitarias para fomentar la “empleabilidad”); pero sería demasiado farragoso desgranar en este artículo todas y cada una de las numerosas tretas diseñadas para aislar a los centros universitarios fallidos actualmente existentes de la potencial competencia de nuevas opciones de enseñanza.
Baste señalar el inquietante grado de autoritarismo que estructura toda esta ley, según queda reflejado en su régimen sancionatorio: las sanciones administrativas vinculadas al incumplimiento de todos estos despropósitos regulatorios —la mayor parte de los cuales, repito, quedan sujetos a la libre interpretación de los políticos o burócratas de turno— alcanzan los 300.000 euros y pueden implicar, atención, el cierre de la universidad (artículo 39.2). Esto es, el PP de Madrid buscar imponer un amplísimo y complejísimo entramado regulatorio de muy ambiguo e incierto cumplimiento y, a su vez, otorgar al Gobierno regional la potestad de clausurar por razones políticas aquellas universidades que alegue que no se ajustan a alguna de sus muchas regulaciones. ¿Se imaginan qué podría llegar a hacer un Gobierno todavía más populista y liberticida que el de Cifuentes con esta ley en la mano?
En definitiva, nos encontramos ante un proyecto de ley antiuniversidad, anticompetencia, antiempresa, antiiniciativa privada, antiexcelencia y antilibertad; un proyecto de ley proendogamia, proprovincianismo, proburocracia, prooligopolio, proautoritarismo y procontrol político. Un proyecto que, arrastrado por ese fanatismo dirigista del PP de Madrid, llega incluso a enfrentarse con las directrices establecidas por el PP nacional en el reciente Real Decreto 420/2015 de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios (donde se han relajado las absurdas exigencias en materia de titulaciones o de infraestructuras mínimas que ahora Cifuentes pretende multiplicar). No es casualidad que este borrador legal haya salido de una Consejería de Educación dirigida por Rafael Van Grieken, antiguo Kommissar-jefe de la Aneca: una agencia que es el máximo exponente de ese paralizante, mediocrizante y uniformizador control burocrático ejercido sobre la educación superior española que, de hecho, Ciudadanos se comprometió a erradicar desde sus orígenes.
¿Qué hará Ciudadanos?
Y esa es, de hecho, la verdadera cuestión a dilucidar en esta tragedia teatral orquestada por Cifuentes para cercenar por entero la libertad educativa en Madrid: la incógnita ahora mismo es si Ciudadanos mantendrá su dignidad y plantará cara a una normativa autoritaria que atenta contra las bases programáticas de su propuesta de reforma educativa. La duda es relevante no ya porque Cifuentes vaya a necesitar de sus votos para aprobar este anteproyecto de ley (dada la afinidad ideológica liberticida, no debería costarle demasiado recabar el apoyo de PSOE o de Podemos), sino para comprobar si la formación naranja conserva una identidad reformista propia o si, por el contrario, ha terminado por diluirse en el marasmo de la casta política extractiva y profesional que domina España.
A la postre, Ciudadanos se comprometió desde un comienzo a eliminar la “omnipresente y estalinista burocracia universitaria, los mal llamados controles y comisiones de calidad, las infinitas necedades sobre la innovación educativa, etc.”; para los de Albert Rivera, “el actual sistema universitario es un ejemplo perfecto de sistema hiperregulado y, por tanto, muy poco eficiente”, de modo que toda nueva ley debería orientarse justo en la dirección opuesta a la de Cifuentes: a “rebajar considerablemente el nivel de reglamentación e intervencionismo universitario en todos los campos: reconocimiento de títulos, desaparición de la mayor parte de las atribuciones de la desastrosa Aneca, medidas antiburocracia…”. ¿Conservará Ciudadanos su palabra, su honorabilidad y el compromiso asumido frente a sus votantes o se plegará ante el rodillo antiliberal con el que pretende laminar Cifuentes la educación superior madrileña? Del PP de Madrid ya sabemos que no cabe esperar nada positivo para la libertad, y menos para la libertad educativa. Pero ¿y de Ciudadanos? Su actitud ante este borrador de ley nos permitirá saber hasta qué punto han renunciado a dar la batalla por los que se suponían que eran sus principios y valores.
