Sin embargo, el sudoku carece de solución posible y, además, incumple de forma manifiesta los objetivos que, presuntamente, persigue.
El incremento poblacional de los últimos años, debido en gran medida a la llegada masiva de inmigrantes, y el creciente gasto público en materia sanitaria y educativa hacía acuciante la reforma del actual sistema de financiación, vigente desde 2001. No obstante, las arcas autonómicas presentan un desequilibrio entre gastos propios e ingresos algo superior al 33% de los recursos regionales, según los últimos datos de liquidación tributaria correspondientes a 2006. Es decir, la autonomía fiscal de las CCAA no cubre el coste de las competencias asumidas.
Además, tal dependencia financiera se ha visto acentuada gracias a las nuevas demandas que, una por una, han ido reclamando todas las comunidades autónomas a través de la aprobación de sus respectivas reformas estatutarias. La luz verde que otorgó Zapatero al Estatuto catalán permitió que los Gobiernos regionales se embarcaran en un peligroso juego, consistente en exigir "recursos adicionales" al Estado. Y ello, en base a toda una serie de criterios extravagantes, tales como la existencia de lenguas cooficiales, "déficit en infraestructuras", "deudas históricas", masa forestal e, incluso, "competencia desleal" porque algunas autonomías habían decidido eliminar o rebajar impuestos.
El problema es que los cálculos para determinar el nuevo reparto aún están por determinar, y la negociación se prevé difícil debido, precisamente, a las crecientes demandas económicas y los intereses contrapuestos de las distintas autonomías. Una merienda de negros que amenaza con prolongar la aprobación del nuevo modelo y que hace peligrar el consenso existente hasta ahora en esta materia. Además, salvo sorpresa, es de esperar que el sistema acabe beneficiando a las regiones socialistas en detrimento de las populares.
Sin embargo, más allá de los meros aspectos técnicos que propone Solbes, el sistema en sí adolece de un problema mucho mayor. La financiación autonómica se basa en un principio de solidaridad que, con el paso de los años, ha demostrado ser un fracaso absoluto. El Estado cuenta con la potestad de redistribuir la riqueza no sólo entre ciudadanos sino también entre territorios. Para ello, emplea toda su capacidad coactiva para robar a unos y beneficiar de forma arbitraria a otros mediante la recaudación fiscal.
En este sentido, Madrid es la comunidad autónoma que más aporta al conjunto del Estado, con una media de 12.304 millones de euros durante el periodo comprendido entre 1991 y 2005, duplicando la contribución de Cataluña (6.934 millones), segunda autonomía que más aporta al sistema de solidaridad. En concreto, cada madrileño destina al resto de Comunidades Autónomas 2.300 euros más de lo que recibe del Estado, según un estudio sobre balanzas fiscales elaborado por la Fundación BBVA.
Pese a todo, la comunidad que preside Esperanza Aguirre presenta el PIB per capita más elevado de España, junto a los territorios forales del País Vasco y Navarra. En concreto, la riqueza media de los madrileños y vascos supera en un 37% la media comunitaria (UE-27), según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Por el contrario, la comunidades más beneficiadas, en teoría, en el reparto de recursos se mantienen a la cola del ranking. La pretendida solidaridad interterritorial en nada ha mejorado la economía de estas regiones. Así, Extremadura es la única comunidad autónoma que mantiene un índice inferior al 75%. Mientras, Andalucía y Castilla-La Mancha presentan un PIB por habitante por debajo de la media europea en un 18% y un 17%, respectivamente. Dichas regiones, todas ellas socialistas, están a la altura de países tan desarrollados como Estonia, Eslovenia o Eslovaquia, según Eurostat. ¡Todo un logro después de casi 30 años de solidaridad!
El actual sistema autonómico constituye, pues, uno de los ejemplos más evidentes sobre la ineficacia del Estado de Bienestar y la ilegitimidad de la Administración Pública a la hora de redistribuir de forma arbitraria los recursos fiscales procedentes de individuos y empresas. Más allá de los sudokus de Solbes, el espíritu del sistema es el que ha de ser reformado.
