Quienes defienden la prohibición de la marihuana están indirectamente inflando los beneficios de los cárteles mexicanos de la droga.
Existen muchas razones para legalizar la marihuana. La principal, que debemos respetar escrupulosamente las decisiones de cada persona acerca de cómo vivir su vida (siempre que, claro está, esa persona también respete las decisiones de los demás acerca de cómo vivir sus vidas). Es del todo lícito que tratemos de persuadir a otros individuos sobre por qué no deberían tomar determinadas drogas —sean estas cannabis, tabaco, vino o cerveza—, pero en ningún caso deberíamos utilizar la violencia contra ellos para impedírselo.
Afortunadamente, parece que cada vez más estados dentro de EEUU están optando por aplicar una solución liberal —la legalización— a la cuestión de las drogas y, en particular, al estatus jurídico de la marihuana. De momento, ya son nueve los estados donde la producción y distribución de marihuana para consumo recreativo no son perseguidas por medios policiales: Alaska, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Nevada, Oregón, Vermont y Washington; más el Distrito de Columbia. A su vez, la producción y distribución para uso exclusivamente medicinal también son admitidas en otros 20 estados: Arizona, Arkansas, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Hawái, Illinois, Luisiana, Maryland, Michigan, Minnesota, Montana, New Hampshire, New Jersey, Nuevo México, Dakota del Norte, Ohio, Rhode Island y West Virginia. Por consiguiente, 70 millones de estadounidenses (el 21% del total) ya residen en territorios donde la marihuana es plenamente legal; y 185 millones (el 56% del total), allí donde lo son al menos su producción y distribución medicinal.
Y si bien la razón básica para promover la legalización de la marihuana es esencialmente moral —el respeto a la libertad individual—, no deberíamos desdeñar otras muy beneficiosas consecuencias sociales que este proceso de apertura está cosechando: me refiero, más en concreto, a sus efectos deletéreos sobre la organización de los cárteles mexicanos de la droga.
Recordemos algunas conclusiones muy sencillas de la teoría microeconómica. Prohibir la comercialización de la marihuana contribuye a elevar su precio en el mercado negro muy por encima de su coste de producción: esto es, contribuye a incrementar los beneficios extraordinarios de quienes osen desafiar la ley a la hora de producir y distribuir marihuana. Y dado que la ley suelen saltársela los criminales, la prohibición de la marihuana proporciona un estímulo económico muy fuerte para que crezca el número de delincuentes y para que aumenten las fuentes de financiación de aquellos grupos mafiosos mejor organizados. ‘A contrario sensu’, cabrá esperar que, cuando se ponga fin a la prohibición de la comercialización de la marihuana, aparezcan nuevos productores y distribuidores dentro de la legalidad que contribuyan a reducir sus precios y, por tanto, a erradicar los elevados márgenes oligopolísticos de los que se nutren los cárteles.
Pues bien, los economistas Evelina Gavrilova, Takuma Kamada y Floris Zoutman han demostrado en un reciente ‘paper‘ que la progresiva legalización de la marihuana medicinal en EEUU ha contribuido a reducir hasta en un 12,5% la tasa de criminalidad en los estados mexicanos más cercanos a la frontera, así como en un 40% la cifra de asesinatos relacionados con el tráfico de drogas. El motivo no es sorprendente y coincide con el que hemos expuesto en el párrafo anterior: el hecho de que la producción y distribución de marihuana sea ilegal en algunos estados no significa que esta droga mágicamente desaparezca de tales sociedades; lo que realmente significa es que les estamos entregando el oligopolio de su producción y distribución a las organizaciones criminales mexicanas.
Por el contrario, los autores constatan que, en aquellos otros estados donde se ha legalizado la marihuana medicinal, su producción y distribución es desarrollada por agricultores y comerciantes locales, hundiendo de ese modo los ingresos de los cárteles mexicanos. Como consecuencia, algunas de tales organizaciones mafiosas se ven obligadas a desaparecer y otras sufren una notable merma de los recursos que destinaban a financiar sus actividades violentas: por ambas vías, la criminalidad en México se reduce merced a la legalización de la marihuana en algunas regiones de EEUU.
Tan importantes efectos externos constituyen un poderoso argumento consecuencialista para defender la legalización de la marihuana. A la postre, México ha sido humana y socialmente devastado por la cruenta ‘guerra contra las drogas’ que ha sufrido el país desde el año 2006: se estima que, desde entonces, más de 140.000 personas han muerto como consecuencia de este sangriento conflicto: muy por encima de las muertes que se han producido conjuntamente en Irak y Afganistán durante ese mismo periodo. Por ello, si incluso una tímida legalización de la marihuana —limitada tanto geográfica (solo algunas regiones de EEUU) como funcionalmente (solo para usos medicinales)— conduce a reducciones del número de homicidios ligados al tráfico de drogas de hasta un 40%, ¿acaso —como también se preguntan los propios autores del ‘paper’— no experimentaríamos efectos mucho más sobresalientes en caso de que se legalizara en todo el país y para cualquier tipo de uso?
Quienes defienden la prohibición de la marihuana no solo están atacando de lleno la libertad de cada persona para decidir qué quiere hacer con su propio cuerpo: también están indirectamente inflando los millonarios beneficios de los cárteles mexicanos de la droga y, en última instancia, echando combustible a la brutal criminalidad dentro de esos territorios. Derrotemos a los cárteles otorgándole una victoria a la libertad individual.
