No ha sido la primera crítica que hemos recibido ni, probablemente, sea la última. Thomas Kuhn ya explicó que los paradigmas asentados tienden a resistirse a morir elaborando todo tipo de argumentos autojustificativos y, en España, la idea de que las ayudas estatales a cualquier sector naciente o moribundo son positivas para la economía está ciertamente asentada. Así que no es de extrañar que, pese a la marginación inicial en España y al fuerte impacto mediático en Estados Unidos, las críticas hayan sido proporcionalmente muy superiores en nuestro país.
El texto de José María de la Viña se adhiere en cada frase a esta cultura de la subvención para favorecer el desarrollo de ciertas industrias. Considera evidente que las renovables son un negocio con un enorme potencial futuro y de ahí colige que el sector público tiene que auxiliarlas mientras sean ruinosas. Se trata de un non sequitur con diversos problemas profundos que en breve trataremos de analizar, pero sobre todo parece que sigue sin captar lo que podríamos definir como la conclusión básica del informe: las subvenciones tienen un coste de oportunidad aun cuando no podamos observar sus efectos directamente.
José María de la Viña sostiene que el Estado tiene que obligar a los sectores más productivos de la economía –a aquellos que generan los bienes que desean los consumidores a un menor precio y con mayor calidad y que pueden reinvertir sus beneficios a elevadas tasas para producir aún más riqueza– a subsidiar a los sectores que sean ruinosos por si en algún momento, y tras dilapidar miles de millones de euros, cambian las tornas y sus resultados pasan del rojo al verde. ¿Misión cumplida?
Así parecen opinar quienes, como nuestro crítico, sólo se fijan en los resultados directos de la inversión pública. Pero, ¿cuánta riqueza se habrá dejado de crear hasta entonces? Los sectores a los que se les han arrebatado parte de sus beneficios para tapar los agujeros de las renovables no habrán podido reinvertir esas sumas de dinero en seguir creciendo e incrementando nuestro bienestar. En un incierto futuro puede que tengamos una energía renovable relativamente rentable, pero lo habremos logrado a costa de castrar el desarrollo de muchas otras industrias que, entre otras cosas, deben soportar una energía cada día más cara especialmente por la fijación estatal en las renovables. ¿No nos hemos planteado que en esto que se llama “división del trabajo” tal vez salga más a cuenta producir los bienes y servicios en los que seamos más eficientes, venderlos y con las resultas comprar la energía a quienes la generan de forma más barata?
Con esto tampoco estamos sosteniendo que no deba invertirse en aquellas industrias que en un principio arrojen pérdidas. Al contrario, somos conscientes de que todas las empresas suelen atravesar una fase en la que están montando sus infraestructuras, posicionándose en el mercado, innovando y acumulando experiencia durante la cual se asumen pérdidas por unos años para obtener unos enormes beneficios en el futuro. Simplemente afirmamos que para ejecutar inversiones en las que se asume un alto riesgo para ganar dinero ya existen instrumentos suficientes en el mercado: los mercados de valores y los fondos de capital riesgo. Si alguien quiere apostar con su dinero debería ser libre de hacerlo; cosa distinta es que quiera apostar con el dinero de los demás y que, para más inri, pretenda inmunizarse de perder la apuesta volviendo a meter la mano en el bolsillo del vecino.
De la Viña niega que el mercado haya producido por sí solo muchas de las innovaciones de las que hoy nos beneficiamos todos (Internet, microondas, motores, turbinas…); lo que no cita, porque no nos han dejado saberlo, son todas las innovaciones que el mercado ha dejado de generar porque el Estado ha desviado carretillas de millones de euros o dólares hacia inversiones que luego tangencialmente y casi por casualidad, como sucedió con Internet, han alumbrado tales avances.
El número de proyectos técnicamente posibles y de los que nos podríamos beneficiar es casi infinito. Pero precisamente porque los recursos no son infinitos y hay que economizarlos, no pueden iniciarse todos a la vez; hay que priorizar, esto es, elegir unos y descartar otros. ¿En base a qué criterios? El criterio del libre mercado es bastante claro: dedicar los recursos con un menor coste (aquellos que tienen usos alternativos poco importantes) a producir los bienes que se esperan vender a un mayor precio (aquellos relativamente más importantes para los consumidores). De este modo, las necesidades más acuciantes se van satisfaciendo con las menores renuncias posibles.
¿Qué criterio ofrece De la Viña para asignar los recursos? Realmente ninguno: propone que España se dote de “políticas de Estado (…) razonables, sensatas, coherentes, consensuadas y con un amplio horizonte temporal”. Pero esto no es más que un desiderátum sin contenido concreto alguno. Lo podríamos colocar en la misma categoría de ingenuas buenas intenciones sin más utilidad que el confortable sentimentalismo que “hay que terminar con hambre en el mundo” o “deseo la paz mundial”.
Y es así por dos motivos. El primero, suficientemente puesto de manifiesto por la Escuela de la Elección Pública, que los políticos son –siendo generosos– gente tan (poco) decente y honrada como el resto de los mortales. De la Viña, por ejemplo, se queja del cortoplacismo electoral que aqueja a las políticas públicas españolas, pero ¿por qué cree que esto puede ser de otro modo? Es más, ¿por qué cree que aun cuando se travistiera a las políticas públicas de un horizonte temporal más prolongado los políticos primarían los proyectos que consideran más provechosos para la sociedad y no los que creen más lucrativos para sí mismos (enriquecer a empresarios afines, ganarse el favor de ciertos medios de comunicación o promover proyectos que sean ideológicamente más cercanos a sus planteamientos)? Apoyar la concentración de poder en manos de los políticos deseando que nada de esto suceda pero ignorando cómo evitarlo equivale a darle carta blanca a este proceso.
El segundo motivo, más importante, es que aun cuando nuestros gobernantes fueran o pudieran ser ángeles celestiales, les resultaría complicado discriminar qué proyectos de los técnicamente posibles son más “razonables” o beneficiosos para la sociedad. Que algo sea técnicamente posible o incluso técnicamente probable no significa que sea económicamente beneficioso: podemos destinar ingentes recursos en construir un puente desde Valencia hasta Mallorca (o incluso perforando los trópicos para conectar los continentes) pero eso no tiene por qué ser lo que más necesiten los ciudadanos. Se nota que nuestro crítico es ingeniero –cree posible planificar racionalmente la sociedad– pero que no domina conceptos económicos tan fundamentales como el de coste de oportunidad, ignorancia que le conduce a confundir viabilidad técnica con viabilidad económica.
La Escuela Austriaca de Economía, sin embargo, lleva décadas insistiendo en que sin un proceso de mercado donde cada individuo valore continuamente si sus decisiones son acertadas (analizando los precios y los costes a los que se enfrenta y espera enfrentarse) e incurra en pérdidas en caso de equivocarse o disfrute de ganancias en caso de acertar, la asignación de recursos perderá cualquier racionalidad.
De la Viña sugiere que sea un “comité de expertos” quien redistribuya los recursos de toda la economía. ¿Realmente creemos que un grupo de personas –por muchos conocimientos técnicos que posean– tiene la suficiente información como para conciliar centralizadamente miles de millones planes económicos cambiantes de los individuos? Del mismo modo que se asumía la existencia de un político honrado para sortear los incentivos a la corrupción, también se asume la existencia de un político hiperracional y omnisciente, capaz de analizar los diversos escenarios futuros y su probabilidad, para sortear los problemas de información. Parece que De la Viña ha olvidado la distinción entre riesgo e incertidumbre que ya trazara Frank Knight: el riesgo permite distinguir distintos escenarios futuros y la probabilidad de cada cual; la incertidumbre ni siquiera nos permite conocer cuáles serán esos escenarios futuros.
Toda inversión pública o privada se enfrenta a una incertidumbre inerradicable; la diferencia es que la empresa privada posee incentivos e información concreta para modificar y adaptar sus planes según se vayan cumpliendo o incumpliendo sus expectativas y en el límite de su incompetencia, habrá perdido todo su dinero en una apuesta ruinosa. El Estado no sólo carece de incentivos e información concreta, sino que el único límite a su apuesta es arruinar toda la economía del país. El futuro puede que nunca llegue a ser como el Gobierno espera, pero mientras queden capitales privados que rapiñar, la apuesta podrá mantenerse (e incluso ganarse si tenemos suerte) hasta que nos despeñemos por el abismo.
Nuestro estudio va dirigido precisamente a fiscalizar la actuación del Estado, en medir y tratar de cuantificar los perjuicios que va a acarrear al resto de la economía. En el informe no entramos en el debate sobre si el enorme coste de las renovables las descarta como inversión pública a acometer; sólo decimos que si, tal y como se viene insistiendo desde el año pasado, la finalidad de estas ayudas públicas es relanzar el crecimiento económico, son un rotundo fracaso.
De la Viña desdeña el estudio, no sabemos si porque ya tiene una idea preconcebida de cómo debe ser el mundo o porque realmente se cree que los errores metodológicos que señala lo son. En este último caso, sin embargo, demostraría no haber leído con demasiada atención nuestro informe.
Primero, De la Viña critica el primer ratio (que pone en relación el subsidio público medio por trabajador en las renovables con la dotación media de capital por trabajador) gracias al cual calculamos que las renovables destruyen 2,2 empleos en la economía. El cociente le parece erróneo tanto por el numerador como por el denominador empleados.
En cuanto al numerador, afirma que se lo puede reducir al absurdo: por ejemplo, si el subsidio fuera igual a 0, no se destruirían puestos de trabajo y si fuese negativo (es decir, si la industria privada subsidiase al Estado con impuestos varios) incluso se crearían puestos de trabajo. Con las reducciones al absurdo hay que tener cuidado, ya que son un arma de doble filo que bien pueden refutar las conclusiones del rival pero que también pueden dejar a uno mismo reducido al absurdo.
Ya hemos explicado por qué las subvenciones, en tanto desvían capital desde usos productivos a usos improductivos, suponen una destrucción de riqueza; por tanto, una subvención cero, en efecto, no destruiría riqueza. Cuestión distinta es que, a pesar de ese quebranto económico, se quieran mantener esas subvenciones para alcanzar algo así como “fines espirituales más elevados”, obtener “ganancias estratégicas” o incluso producir algo que creemos necesario para la vida social pero que el mercado no ofertaría por sí mismo (los llamados bienes públicos).
Para justificar las redistribuciones de renta se puede apelar en principio a cualquiera de estos argumentos –discutibles como puedan ser en cada caso concreto– pero nosotros, como decimos, no nos hemos propuesto discutirlos en nuestro informe. Así, nos hemos limitado a analizar su rentabilidad económica, entre otras cosas porque lo que unas personas pueden considerar una energía limpia en la que vale la pena invertir por sí misma otras, incluso dentro de los ecologistas, lo pueden caracterizar como una energía que destruye el patrimonio “natural, histórico y cultural de Europa”. En este punto, pues, sólo el caso de los bienes públicos podría hacernos plantear si debe ser el Estado quien acometa o dirija las inversiones, pero no parece que la energía pueda conceptualizarse como un bien público (su consumo sí es excluible y la energía que consume una persona no puede ser consumida por otra).
Por lo que se refiere a las subvención negativa de la que habla De la Viña (del sector privado al público) parece mentira que no entienda que si las subvenciones “positivas” (del sector público al privado) destruyen riqueza es precisamente porque para financiarlas hay que detraer recursos de otros sectores de la economía mediante impuestos, sobreprecios u otras técnicas (subvenciones negativas). Si las subvenciones fueran como el maná bíblico, no destruirían riqueza, sino que sólo la agregarían; es cuando se la quitan a unos grupos productivos para dársela a otros improductivos cuando echan nuestros capitales a un pozo sin fondo. Las cifras económicas deben leerse en su contexto y eso es, de hecho, lo que nuestro crítico se niega persistentemente a hacer.
En cuanto al denominador, la otra parte del ratio que no agrada a nuestro crítico, nos reprocha que “mezclemos churras con merinas” por meter en el mismo saco la inversión poco intensiva en capital que se necesita para montar un bar con la que se requiere para poner en funcionamiento una planta renovable. En su opinión, sólo deberíamos comparar el capital medio por trabajador empleado en el sector energético tradicional con el empleado en el renovable. El problema de esta crítica es que o bien manipula lo que dice el estudio o bien denota que no lo ha comprendido.
Nosotros no hablamos de la inversión necesaria para montar una central renovable, sino del subsidio público necesario para rentabilizar los capitales privados que se han destinado a las energías renovables. Dicho de otra manera, no estamos comparando la dotación media por trabajador en el sector energético con la de otros sectores menos capital intensivos, sino el subsidio medio por trabajador necesario para que los agentes privados se decidan a invertir en esta industria.
Las industrias capital intensivas emplean a pocos trabajadores, pero a cambio generan las rentas (retribuciones al capital y a los trabajadores o reducción de los costes del resto de unidades económicas) necesarias para que los sectores más intensivos en trabajadores mejoren su productividad, esto es, contraten a más empleados y les paguen salarios mayores. Sin embargo, insistimos, las industrias renovables necesitan de más de medio millón de euros por trabajador simplemente para que los empresarios se decidan a invertir en ellas; el capital privado que finalmente decidan inmovilizar va aparte y no lo hemos incluido en nuestros cálculos, precisamente porque somos conscientes de los beneficios que sobre el resto de la economía arrojan las industrias intensivas en capital generadoras por sí solas de beneficios.
Por consiguiente, sí tiene sentido comparar el subsidio medio por trabajador en las renovables con el capital medio por trabajador en el resto de la economía, precisamente porque se está descapitalizando al resto de los sectores productivos para rentabilizar a este sector concreto.
De la Viña también critica el segundo ratio utilizado que arroja un resultado idéntico al primero. En este caso, comparamos el valor presente de subvención anual media al sector de las renovables con la productividad laboral media de la economía española. Aparte de repetir los argumentos empleados contra el primer ratio y que ya hemos analizado, De la Viña acepta el resultado pero sólo para el muy restrictivo supuesto de que el futuro de las renovables sea el peor posible. En efecto, según afirma, todo sector económico va madurando y reduciendo costes, por lo que el subsidio necesario para rentabilizar ciertas industrias será cada vez menor conforme pase el tiempo y minoren sus costes. Sólo asumiendo que las renovables no van a lograr volverse más eficientes en el futuro nuestros cálculos tendrían, por tanto, sentido.
En este punto, sin embargo, De la Viña vuelve a hacernos dudar de si se ha leído el estudio. Nuestros cálculos de coste futuro se restringen a las centrales renovables existentes a cierre de 2008; aun cuando, en efecto, las nuevas plantas puedan volverse más eficientes, desde luego las construidas hasta la fecha no lo harán. Por tanto, el coste que asumimos de las renovables no está sujeto al peor escenario futuro, sino al ya suficientemente mal escenario que nos han impuesto en el presente.
Por último, De la Viña trata de extender una sombra de dudas sobre la cifra de empleos creados por las renovables. Nosotros, siguiendo el estudio financiado por la Comisión Europea en el que participó el propio sector renovable, lo hemos cifrado en 50.200 puestos de trabajo. De la Viña lo tacha de “obsoleto”. Sin embargo, nuestro crítico no nos señala qué indicador resulta preferible; se limita a decir que como las cifras oscilan entre 50.000 y 190.000 según donde uno busque, no podemos saber con precisiones los resultados laborales de los subsidios a las renovables. ¿Y cuál es la consecuencia que extrae de esta limitación cognitiva? Que cualquier gasto público puede valer con tal de que inflemos lo suficiente la cifra de posibles resultados. ¿A qué datos actualizados deberíamos haber recurrido? ¿A los de empleos creados durante 2007 en plena burbuja renovable o a los de 2009 en pleno pinchazo de la misma y con la industria verde pidiendo aún más subvenciones para tratar de mantenerlos? Parece lógico que echemos mano de unos datos que son una estimación a largo plazo sobre el empleo sostenible dentro del sector renovable.
Y es que no resulta demasiado serio, como hacen ciertos informes en los que se escuda De la Viña, comparar la cifra de 50.200 empleos anuales equivalentes en los sectores eólico, minihidráulico y solar (aquellos para los que hemos calculado los subsidios públicos) con los más de 100.000 trabajos puntuales en todos los sectores renovables. La diferencia entre empleos anuales equivalentes y personas contratadas en el sector no es baladí y debería estar al alcance de cualquier economista: si alrededor del 66% de todo el empleo renovable se crea en la construcción, fabricación e instalación de centrales, esos puestos de trabajo sólo podrán mantenerse a lo largo de los años si, al estilo de una estructura piramidal, ejercicio tras ejercicio vamos construyendo más y más centrales. No es riguroso comparar un contrato que expira en seis meses con uno que perdura todo el año (o con sus equivalentes: por ejemplo cuatro contratos de tres meses).
Aunque precisamente por habernos metido en una estructura piramidal que necesita ir construyendo más y más centrales renovables, algunas empresas, políticos y periodistas españoles parecen estar empeñados en que Estados Unidos nos tome el testigo y se ponga a construir desenfrenadamente este tipo de equipamiento, por muy nocivo para la economía que sea. Algunos quieren mantener el pelotazo como sea y por lo visto nunca les faltan corifeos mediáticos que los apoyen en esa ruta suicida. Sin embargo, ni siquiera ese lucrativo patriotismo parece tener mucho sentido, ya que la construcción de células fotovoltaicas se está concentrando en China, cuya industria más “madura” probablemente sea cada vez más competitiva que la española.
Lo esencial, sin embargo, no son los puestos de trabajo que haya creado la energía renovable, ya que bien podríamos haber generado más empleos subvencionando sectores menos capital intensivos. Lo esencial son los más de 28.000 millones de euros que van a tener que arrebatarse al resto de la economía sólo para lograr que las renovables sean rentables. Ese es el auténtico error y perjuicio que generan: creer que tapiando las ventanas y prohibiéndonos aprovechar la luz del sol incrementaremos la riqueza nacional y el empleo en la industria de velas o bombillas. No, ningún país se vuelve más rico encareciendo el precio de su energía; incluso la propia investigación en energías renovables más eficientes se vuelve más productiva si la electricidad que utilizan los investigadores es más barata.
Si ciertos políticos y periodistas quieren promover las renovables para tener energías poco contaminantes, para ser autosuficientes o porque quieren enriquecer a determinados empresarios, que lo digan. Pero que no nos intenten engañar diciéndonos que lo hacen por nuestro propio bienestar económico. Ya que con estos incentivos la mujer del César difícilmente puede ser honrada, al menos que intente parecerlo siendo sincera.
