Letonia no ha logrado colocar su última emisión entre los inversores; la agencia de calificación Standard & Poor´s acaba de rebajar la calidad (rating) de la deuda pública de Irlanda; tras esta degradación, Francia, Italia, España, Reino Unido, Austria y Estados Unidos, entre otros, sufrirán el mismo proceso. Tales rebajas se traducirán en un mayor coste de financiación para las arcas públicas. Es decir, los ciudadanos tendrán que pagar más dinero de sus bolsillos vía impuestos para sufragar el enorme gasto público en el que están incurriendo los Estados.
Bill Gross, el mayor gestor de bonos del mundo, explica a la perfección los riesgos que conlleva este fenómeno en su última carta a los inversores. Y es que los rescates económicos y financieros amenazan con elevar el nivel de deuda pública hasta el 100% del PIB en numerosos países del G-20 a medio plazo, según las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Sin duda, esta ingente emisión de bonos presionará al alza el rendimiento de los mismos. De este modo, en caso de que llegue la ansiada recuperación económica, la deuda pública se tragará el crecimiento del PIB. Gross, por ejemplo, estima que el Gobierno de Estados Unidos tendrá que pagar un interés de entre el 5% ó 6% anual por sus letras. Si la deuda pública alcanza el 100% del PIB, esto implica que el 5% de la riqueza que genere cada año el país se irá directamente a sufragar los compromisos financieros de la Administración.
Y si esta es la factura para Estados Unidos, primera potencia mundial, imagínese por un momento el precio que tendrá que asumir un país como España para que el Tesoro logre colocar sus bonos. Simplemente insostenible desde todos los puntos de vista. Tan sólo existen tres vías para asumir tales desafíos: aumentar impuestos, recortar drásticamente el gasto público o confiar en que una inflación elevada suavice la carga de la deuda.
Puesto que el desmantelamiento del Estado de Bienestar al estilo californiano es muy improbable en un país gobernado por socialistas e incluso populares, los españolitos de a pie se enfrentan a un nuevo expolio fiscal (la inflación también es un impuesto, el peor de todos). Y ello, sin contar que el endeudamiento público es el principal culpable de la restricción del crédito a ciudadanos y empresas, y que la degradación crediticia del Estado forzará, tarde o temprano, a subir los tipos de interés de los préstamos hipotecarios y de consumo. En definitiva, todo ventajas, ¿verdad? Menos mal que los políticos saben lo que hacen y trabajan siempre en el beneficio e interés de los ciudadanos. Insisto… ¡Menos mal!
