Cada vez hay más bandas organizadas que prefieren esta forma de crimen, efectiva y segura para el delincuente. Están generalmente formadas por la extranjeros, aquellos que prefieren vivir del delito que hacerlo del trabajo honrado. Un reportaje publicado el pasado año recogía una observación de un miembro de la policía: “los delincuentes se han dado cuenta de que en las casas no suele haber ya mucho dinero y pueden obtener más beneficios, y de una manera mucho más fácil y eficaz, con los dueños de la casa dentro”. Actúan con una violencia terrorífica, no muestran respeto por la vida o la integridad de los asaltados y se imponen por la fuerza.
Recientemente se produjo en Canals uno los miles de casos que se dan todas las semanas. Entraron ocho asaltantes. Uno de ellos les dijo al matrimonio “os vamos a matar aunque consigamos el botín”. Les amenazaban con armas cargadas y les repetían constantemente que les matarían. En un descuido de éstos, el empresario valenciano Francisco Ramírez cogió un arma, hizo un disparo de aviso y luego volvió a utilizar el arma para defenderse de los asaltantes, con el fatal resultado de la muerte de dos de ellos. A la espera de que se aclare por completo el caso, parece un claro caso de legítima defensa.
Lo recordaba recientemente Juan Carlos Girauta, “la primera obligación del Estado es proteger la vida y hacienda de los individuos libres que lo sostienen con sus impuestos”. Pero el Estado es torpe, prácticamente incapaz de responder incluso de sus funciones más básicas. Desconozco el dato para España, pero en los Estados Unidos más del 99 por ciento de las intervenciones de la policía se producen cuando el crimen se ha cometido ya. No creo que sea aquí muy diferente. ¿Qué puede hacer el ciudadano? Defenderse en la medida de sus posibilidades, y hasta el punto en que resulte juicioso, de acuerdo con las circunstancias. No es ya que delinquir resulte barato, o que la ley en España proteja al delincuente frente a las víctimas y no al revés. Es que en el momento de producirse el crimen las víctimas están indefensas. Francisco Ramírez y su familia tuvieron la suerte de que él pudo acceder a un arma, y de que sabía utilizarla.
Si los delincuentes que asaltan las casas buscan el encuentro con las víctimas es porque saben que están indefensas. En vez de rehuirlas, de intentar no encontrarse con una víctima que pueda defenderse de algún modo, el criminal sabe en España que él impone su ley y que será dueño de la situación. La solución a este contrasentido quizás esté en favorecer la seguridad privada. Además de los medios que pueda proveerse cada uno, las empresas privadas de seguridad pueden ser un buen camino para evitar estas situaciones. Y de hecho es una industria en crecimiento en España. Sin duda una de las mejores medidas que pueda tomar el Gobierno por nuestra seguridad sea favorecer las soluciones privadas, también en este aspecto de la vida ciudadana.
