Hace poco esta mandarina del poder escribía en El Mundo una breve pieza almibarada titulada El Poder Judicial abre sus puertas, dentro de la que nos topamos con la siguiente perla: "La justicia es un servicio público que se debe a los ciudadanos y su órgano de gobierno tiene la responsabilidad de explicar lo que hace a los representantes de la soberanía popular".
Nótese el burdo silogismo que pretende hacer colar la ex viceministra sobre una premisa falsa. La Constitución no menciona la justicia como un servicio público, sino como el fin de un poder (judicial) encargado de impartirla. Los integrantes de este poder son unos jueces y magistrados dispersos, cuya intendencia corresponde a un órgano de gobierno del que Robles forma parte como vocal.
De cualquier modo, los defensores de esa atrabiliaria identificación soslayan que el concepto de servicio público exige un requisito negativo. Para ser encuadrada dentro de esa categoría, la actividad en cuestión no puede ser una función esencial a la soberanía del Estado, ya que en ese caso huelga toda consideración ulterior. Aunque no cabe negar la dificultad de distinguir cuáles deban ser las funciones del Estado, en un plano descriptivo sí cabe afirmar que la justicia –o, más exactamente, la jurisdicción– se concibe unánimemente por todos los Estados del planeta como una manifestación de su soberanía. Sirva de ejemplo la previsible pugna entre las jurisdicciones norteamericana y española que vamos a presenciar con motivo de la causa abierta por un juez de instrucción de la Audiencia Nacional contra unos militares de esa nacionalidad por el homicidio del periodista Couso en un escenario de guerra.
Por otro lado, el concepto de servicio público no parece más que una interesada sublimación de todo servicio que puede prestar un individuo a sus semejantes para dejarlo en manos del Estado. Si repasamos las actividades que han merecido ese calificativo en España –banca, sanidad, educación, energía, transportes, radio y televisión, abastecimiento de agua, correos, telecomunicaciones, lotería (¡!)– observaremos que, dentro de su heterogeneidad, comparten la nota común de estar sometidas a una intensa regulación y supervisión del Ejecutivo del Estado. La experiencia acumulada respecto a esos servicios públicos cuya prestación se reserva el Estado directamente o mediante concesiones monopolísticas a particulares, demuestra que los gobernantes más que servir al público se sirven del público. Con el pretexto de declarar determinados servicios indispensables para la vida de la sociedad, el Leviatán no para de crecer y acaparar funciones.
Que la justicia estatal se deba o se imponga a los ciudadanos (parece más descriptiva esta segunda opción, sin entrar en cuestiones sobre su legitimidad) no permite concluir que su órgano de gobierno tenga que explicar (léase rendir cuentas) lo que hace a los representantes de la soberanía popular. A no ser que se pretenda controlarlo y derribar la escasa independencia que mantiene, utilizando esa pantalla. Nada de esto tiene el más mínimo apoyo en la Constitución de 1978, sino en una ideología que va imponiendo por deslizamiento sus designios de controlar el poder judicial por quien debería estar controlado por él.
En este sentido, el proyecto del PSOE para controlar todo contrapeso al poder por antonomasia muestra, por encima de retiradas y fintas tácticas, una pavorosa y sorprendente continuidad desde los albores de la Transición. Para conseguirlo sus distintas piezas se especializan en las tareas encomendadas y modulan sus discursos según aconseje la jugada (como en inigualable confesión declaró un ministro cesado). El fragor de las noticias diarias puede hacer perder de vista que muchas declaraciones de intenciones son menos ñoñas de lo que aparentan.
En los primeros años noventa esta señora y sus compañeros de jefatura en el Ministerio recibieron la encomienda de "controlar los daños" que a su Gobierno causaron los crímenes y latrocinios de Estado de los años ochenta. Desde la Secretaría de Estado se encargó de cortar las "atenciones" con las que se obsequiaba el silencio de los célebres Amedo y Domingo. Después de una prolongada hibernación, durante la cual consiguió una notable promoción en la carrera judicial, vuelve al candelero con un estilo menos bronco, pero no menos peligroso que el sin par Bermejo. Ha nacido un nuevo servicio público del Gobierno: Derribos Robles. No me sorprendería que sustituyera pronto a Caamaño.
