Desde hace años, partidos de todos los colores y todas las ideologías han subrayado la necesidad de reformar las Administraciones Públicas para hacerlas más eficientes. Un ejemplo del ahorro potencial derivado de este tipo de medidas lo tenemos en el gasto corriente y las remuneraciones de los empleados públicos: según explicó en 2010 la Fundación Progreso y Democracia, emular las mejores prácticas autonómicas en este campo podría reducir los presupuestos públicos en 26.000 millones de euros.
Pues bien, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia(CNMC) acaba de publicar otro estudio en el que pone de relieve otras costosas fuentes de ineficiencia en los presupuestos del Estado. El documento en cuestión analiza los mecanismos de contratación pública, con ánimo de desentrañar cuál sería el coste de estas adjudicaciones si el erario no tuviese que cargar con los costes de la ineficiencia y la corrupción.
El resultado es desolador: según la CNMC, acabar con las malas prácticas podría ahorrar a los contribuyentes uno de cada cuatro euros comprometidos a la licitación de servicios públicos. Teniendo en cuenta que cada ejercicio se comprometen casi 200.000 millones de euros en este ámbito, hablamos de un sobrecoste de casi 50.000 millones anuales.
Esta cifra supera el umbral del 4,2% del PIB, fijado por el gobierno como el nivel máximo al que podrá llegar el déficit público en 2015. Por tanto, acabar con los sobrecostes y la corrupción permitiría pasar de los números rojos al superávit presupuestario sin necesidad de ajustes adicionales.
De hecho, los casi 50.000 millones de euros que señala el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia son prácticamente equivalentes a la factura de todas las subidas de impuestos aprobadas por los sucesivos gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, estimada en 51.000 millones.
Entre los aspectos que habría que corregir para conseguir estos importantes niveles de ahorro, la CNMC destaca los siguientes:
- Acabar con los pactos de reparto de mercado o no competencia, que constituyen cárteles económicos y minan la competencia en las licitaciones públicas.
- Terminar con las empresas públicas que basan su existencia en contratos adjudicados "a dedo" por nuestros gobernantes.
- Acotar la extensión temporal de las concesiones, introduciendo un ritmo de competencia mucho mayor en los procesos de adjudicación.
