Algunos bancos prestan muy por encima de sus posibilidades reales porque se da la patada hacia delante por imposición política.
“You never give me your money; you only give me your funny papers” John Lennon, Paul McCartney
Uno de los incentivos perversos que está generando la disparatada política monetaria del Banco Central Europeo y la inadecuada gestión europea es el desplazamiento del sector privado a favor del público que genera una evidente competencia desleal, cuando dicho sector público accede a financiación en cantidad y condiciones completamente privilegiadas.
No es una sorpresa. Entre 2013 a 2017, los estados y empresas estatales se financian hasta a 150 puntos básicos menos que las grandes empresas, y hasta 300 puntos básicos menos que las medianas y pequeñas, según el BCE. A eso se añade el aumento de crédito al sector público a niveles de burbuja.
Un ejemplo de esa forma de tirar “con pólvora de rey ajeno” lo encontramos en los conglomerados estatales o semiestatales europeos. No solo acceden a cantidades y condiciones de crédito privilegiadas, sino que desplazan a la competencia privada porque se pueden permitir destruir valor en cantidades multimillonarias sin problema, ya que su objetivo no es el accionista, ni la rentabilidad, ni el consumidor –que sufre los excesos corporativos en su factura mensual-. No, el objetivo es la creación de imperio… con el dinero de los demás y plantando las semillas de la siguiente crisis.
Esta semana nos ha llegado una información aterradora. El BCE se ve obligado a retrasar las exigencias de limpieza de activos tóxicos de la banca por presión política de los estados. ¿Cuántos préstamos tóxicos acumula la banca europea? Más de un billón de euros. Más de un tercio de esa cantidad está en los bancos italianos. ¿Por qué se niegan los estados a que se limpien esos préstamos tóxicos? Porque entonces se pone en peligro la orgía de financiación a entidades públicas y semiestatales.
La banca italiana ha recibido más de 225.000 millones de euros en ayudas estatales (300.000 millones aprobadas) y, al contrario que otros países, incluida España, no se ha hecho una reforma en profundidad para eliminar el riesgo sistémico. El estado se beneficia de la imposibilidad de limpiar los activos tóxicos porque una gran parte son de municipalidades y empresas semiestatales, y algunos bancos prestan muy por encima de sus posibilidades reales porque se da la patada hacia delante por imposición política. Por supuesto que hay bancos italianos muy eficientes y sólidos, pero la maquinaria estatal está aprovechando los incentivos perversos de la política monetaria y la regulación para “crear imperio” desplazando a otros competidores privados.
El caso más reciente es el la polémica entre Iberdrola -100% privada desde su creación- con Enel en Brasil. Pero se ha vivido en el pasado con otros conglomerados semiestatales en toda Europa y en otros sectores, petróleo y telecomunicaciones incluidos.
Igual que hemos criticado en el pasado la política funesta de algunas constructoras a la hora de pujar por concesiones, tirando los precios a la baja para ganar concursos y luego “pedir revisiones al alza”, lo que estamos viendo con algunos conglomerados estatales es lo mismo, pero al revés. Pujar con precios desorbitados de manera evidente para ganar un concurso sabiendo que cuenta con financiación abundante y barata aunque el precio sea desproporcionado, porque será el accionista y el consumidor local el que pague el desaguisado.
La cuestión es que haya un proceso competitivo, abierto y transparente en fusiones y adquisiciones, y eso incluye que las empresas que participen tengan condiciones similares, como mínimo, a la hora de pujar. En Estados Unidos se revisa de manera rigurosa la participación de las empresas estatales en los procesos competitivos precisamente por ese riesgo. La empresa pública o semiestatal se presenta, lanza una oferta anti-económica, lo que es claro indicio de que las empresas privadas no pueden competir. Y “gana”.
Por eso se limitan y revisan de manera escrupulosa en Estados Unidos las pujas por parte de empresas estatales, porque se imponen en procesos competitivos usando criterios no económicos.
A la empresa estatal no le interesa pagar un precio que haga la inversión sostenible, sino que aumente su imperio, porque el exceso ya lo pagará el consumidor o el contribuyente.
La Unión Europea se encuentra, por lo tanto, ante un enorme reto. Porque engordando a sus mal llamados campeones nacionales solo se ha conseguido hacer las economías menos dinámicas y menos innovadoras, y además, ante la evidencia de competencia privilegiada, no solo pierden las empresas europeas privadas, sino que las norteamericanas y británicas, que se encuentran en la misma situación de desventaja, vuelven a sus países y muestran a sus reguladores y políticos las prácticas cuasi-monopolísticas y ayudas encubiertas. Y entonces reaccionan poniendo barreras.
Claramente, el estado que vende la concesión o la empresa se beneficia a corto plazo de los altos múltiplos pagados, pero –y lo hemos visto demasiadas veces- tras los múltiplos de oro llegan las reducciones de inversiones, los problemas financieros y las subidas de tarifas. Proteccionismo no es solo poner barreras vía aranceles. Es proteger conglomerados estatales y sostener sus veleidades megalómanas vía subvenciones directas e indirectas.
Una empresa privada, cuando hace una oferta competitiva en el mercado, recibe un escrutinio sin parangón de los bancos financiadores, exigiendo colaterales y todo tipo de análisis para asegurar la operación. Sus accionistas se lanzan a pedir explicaciones y detalles para que no se desmanden los múltiplos pagados. Los bonistas no dejan vivir al Director Financiero con explicaciones… Si es una empresa estatal, las palabras “lo garantiza el estado” –es decir, lo paga usted- nublan todo proceso de chequeos y evaluaciones. Si las privadas se equivocan muchas veces en sus expansiones inorgánicas, y lo hacen, imaginen cuando a todos los análisis de flujo de caja se puede añadir otro: “aumento de impuestos a los incautos”.
Si una empresa privada mete la pata en una adquisición, sus accionistas, bonistas y clientes se lo penalizan. Si lo hace una estatal, lo paga usted sí o sí.
Proteccionismo no es solo imponer aranceles. Es también que el estado permita que sus empresas controladas despilfarren, darles condiciones de financiación privilegiadas y permitir la destrucción de valor constante con el bolsillo del contribuyente. Eso es un arancel también. No al contribuyente del país en cuestión. A todos los europeos. Disparar con pólvora de rey ajeno.
