Cuba sufre desde hace más de 50 años dos embargos: el menos grave, pero aun así significativo, es el exterior, implementado por el Gobierno de EEUU; el más grave y decisivo para explicar su medio siglo de penurias es el interior, ejecutado por la tiranía castrista. Extrañamente, muchos de los que reclaman la abolición del primer embargo como un principio básico de justicia callan ante la mucho más perentoria necesidad de abolir el segundo (o, todavía peor, se entusiasman promoviendo su mantenimiento y expansión internacional). Pero ambos embargos son negativos por lo mismo —porque impiden la pacífica, voluntaria y mutuamente beneficiosa cooperación humana— y ambos deberían ser eliminados.
Así, los liberales siempre han defendido el levantamiento de ambos embargos: conscientes de que la libertad de movimientos de personas, mercancías y capitales no lesiona ni embrutece sino que enriquece y ennoblece a las personas, el liberalismo ha abogado tradicionalmente por derrocar tanto las barreras exteriores, como sobre todo las interiores, a la libre interacción humana. La autocracia comunista convierte a los cubanos en ganado que los Castro trasquilan a su conveniencia y la incomunicación comercial entre EEUU y Cuba restringe todavía más la accesibilidad de ese muy explotado ganado a ciertos productos estadounidenses. De ahí que los liberales coincidan en reivindicar la dignificante libertad de los cubanos: libertad para que pasen a ser personas autónomas frente a la tiránica bota del castrismo y para que, usando tal libertad, puedan interrelacionarse voluntariamente con sus vecinos estadounidenses.
En lo que no coinciden todos los liberales es en el orden en el que ambos embargos, el interno y el externo, deben ser levantados. Un nutrido grupo de liberales defiende que carece de sentido levantar el segundo (el estadounidense) mientras subsista el primero (el castrista), tanto porque es injusto que los ciudadanos de EEUU comercien con propiedades que la tiranía cubana confiscó hace décadas a otros ciudadanos estadounidenses, como porque todo comercio entre los dos países sólo redundará en un mayor lucro del régimen cubano y no de su población. Otro grupo de liberales, entre los que me encuentro, considera que, aun cuando lo ideal sería un levantamiento simultáneo de ambos embargos (libertad interna y externa), resulta poco realista pretenderlo habida cuenta del control absoluto que ejerce la casta castrista sobre las estructuras de poder estatal que aprisionan a los cubanos, por lo que sería una buena noticia que al menos el embargo exterior se levantara: no porque los principales beneficiarios de ese levantamiento vayan a ser los ciudadanos de a pie —que en un régimen ultraextractivo jamás lo son— sino porque, aun cuando solo les alcancen algunas migajas del levantamiento del embargo exterior, buenas serían tales migajas en medio de tanto sufrimiento y pauperización generada por el embargo interior.
A mi entender, el caso cubano es asimilable al de un campo de concentración controlado por una burocracia criminal. ¿Deberíamos negarnos desde el exterior a remitirles a los presos de ese campo de concentración cualquier tipo de alimento o medicamento por el hecho de que la mayor parte de estos bienes de primera necesidad terminen en manos de los oficiales que los reprimen? No digo que la respuesta sea sencilla, ya que, por un lado, estaríamos financiando y sustentando indirectamente a los captores acaso prolongando su dominación sobre sus víctimas, pero, por otro, tampoco parece proporcional y humanitario agravar las penurias de los presos a través de represalias mal diseñadas contra sus carceleros, por mucho que las merezcan.
A la postre, justamente porque la dictadura cubana dispone de suficiente poder como para apoderarse de la mayor parte de las ganancias derivadas del levantamiento del embargo, también dispone de idéntico poder como para descargar sobre la población la mayor parte de las pérdidas vinculadas a su mantenimiento. Sometidos los cubanos a un absoluto embargo interior, acaso sea excesivo y cruelmente innecesario someterlos a un adicional embargo exterior.
Otra doble vara de medir
El embargo estadounidense sobre Cuba no sólo sirve para ilustrar la incoherencia de todos aquellos que guardan silencio ante el mucho más grave embargo interior perpetrado por el castrismo, sino también para poner de manifiesto la injustificable doble vara de medir que emplean muchos bienpensantes ciudadanos españoles a la hora de criticar las inversiones de multinacionales occidentales en el Tercer Mundo. En concreto, es habitual escuchar que las grandes empresas del Primer Mundo se lucran explotando las míseras condiciones laborales del Tercer Mundo, lo cual resultaría del todo punto inaceptable: a entender de muchos, las multinacionales deberían o bien abonar salarios muy superiores a los actuales o bien, en caso contrario, abstenerse de invertir en el extranjero.
Dejando de lado que la acumulación interna de capital merced a la inversión directa extranjera suele constituir una de las vías más eficaces para que estos países vayan progresivamente abandonando la pobreza y accediendo a salarios mayores, y dejando también de lado que en muchos casos los ciudadanos de estos países no son rehenes de un sistema político parasitario y ultraextractivo que ahoga prácticamente todas las expresiones de su libertad, lo cierto es que el razonamiento revela una flagrante contradicción moral: lo que muchos bienpensantes españoles están proponiendo es, precisamente, aplicar un embargo de inversión y de comercio contra el Tercer Mundo. Es decir, al mismo tiempo que se critica el embargo estadounidense sobre Cuba por cuanto empobrece a su población, se valida éticamente el embargo sobre el Tercer Mundo a pesar de que empobrezca a su población.
Pero, evidentemente, los mismos motivos que deberían llevarnos a levantar el embargo sobre Cuba deberían llevarnos a abrazar como provechosa la inversión occidental en el Tercer Mundo (en realidad, la inversión occidental en el Tercer Mundo resulta mucho más legítima y beneficiosa que cualquier inversión occidental en Cuba, ya que en este segundo caso las rentas generadas por tal inversión son rapiñadas cuasi íntegramente por la autocracia castrista, mientras que en el primer caso terminan afluyendo en su mayor parte sobre la población local). Si el embargo es malo y pauperizador en un caso, no puede ser justo y proporcionado en el segundo: al menos, no debería serlo para personas mínimamente coherentes.
Por desgracia, demasiados ciudadanos occidentales siguen modulando su discurso económico en función de sus estrechas preferencias ideológicas: ora promueven el levantamiento del embargo exterior sobre Cuba defendiendo el mantenimiento del muchísimo más empobrecedor embargo interior, ora denuncian la pobreza que genera el embargo sobre Cuba al tiempo que reclaman un embargo de la inversión occidental en el Tercer Mundo. Lo que cuenta en ambos casos no es adoptar el marco institucional que permita maximizar las libertades y el bienestar de los ciudadanos, sino impulsar una torticera agenda ideológica que ni siquiera respeta las más elementales leyes de la lógica. Por eso les es posible defender simultáneamente dos ideas opuestas sin la menor preocupación acerca de las consecuencias de esas ideas sobre la población que sí las terminará padeciendo en su carne y en sus huesos. La propaganda de unos cuantos son las penurias y el sufrimiento de otros muchos.
