Como bien decía el premio Nobel de Economía de la Escuela Austríaca, Friedrich Hayek, siempre que se violan los principios generales del Derecho, más tarde o más temprano esa acción revierte en forma de un claro daño al cuerpo social. El presidente de la Astroc, Enrique Bañuelos, es el principal responsable de este descalabro y de la violación sistemática contra la propiedad privada en la que los políticos del Partido Socialista y del Popular están pringados hasta el cuello.
Astroc salió a bolsa el 24 de mayo de 2006 a la sombra de la ley urbanística de la Comunidad Valenciana (LRAU6/94). El propio Bañuelos alabó aquel día la política urbanística Valenciana y destacó que la figura del agente urbanizador había "imprimido mucho progreso" a la región al tiempo que había supuesto una importante experiencia para gestionar "bien" proyectos globales. El modelo de negocio basado en el agente urbanizador consiste en que una empresa se presenta ante el Ayuntamiento de turno con un plan para urbanizar una propiedad que no es suya. Si al político de turno le gusta la propuesta, ordena en su planeamiento esa actuación. En ese momento, al propietario se le da la opción de participar en el desarrollo del agente urbanizador. En el caso de que le fuercen a participar, el agente se quedará con gran parte de los terrenos en pago al ‘conocimiento’ aportado por el agente. Pero, si no quiere o no puede, que suele ser el caso, el agente lleva a cabo el desarrollo y al propietario se le expropia y santas pascuas. Vamos, que nos encontramos ante la legalización más descarada que pueda verse de la usurpación de la propiedad privada.
En este sentido, el Parlamento Europeo adoptó una resolución en la que declara que "los principales problemas que surgen de la aplicación de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística de la Comunidad Valenciana hacen referencia al cometido del agente urbanizador" en la medida que desprotegen "los derechos de propiedad, suscitando cuestiones relacionadas con los derechos humanos y los derechos fundamentales".
PSOE y PP se han aliado con empresarios que reniegan del mercado libre traicionando los derechos más fundamentales de los ciudadanos. El batacazo de Astroc refleja la sana desconfianza del mercado hacia esta corruptela legal.
