Ada Colau y Manuela Carmena tienen la potestad de emitir licencias y decidir qué puede usted hacer con su casa.
Que los gobiernos municipales de las ciudades más afectadas iban a meterle mano a los alquileres era algo que se veía venir. El día que el lobby hotelero puso el grito en el cielo y apuntó a Airbnb como el causante de sus males potenciales, muchos pusimos el cronómetro en marcha a la espera de que los ayuntamientos sacaran la guadaña. La Barcelona de Colau fue la primera. El mantra del turismo sostenible, no agresivo con las ciudades, se hizo viral. El panorama es el siguiente. Al parecer, los alquileres turísticos han provocado que las ciudades estén abarrotadas de gente y no se pueda vivir tranquilamente, hasta el punto de que hay que regular el número de turistas.
Y para ello, nada como limitar la habitabilidad turística a lo que ya conocemos. Ni Barcelona ni Madrid, a tenor de lo que sus alcaldesas expresan de palabra o de obra, necesitan tantos turistas. Así que estamos dispuestos a aceptar a los que quepan en los hoteles y hostales que ya existen. Vengan ustedes, amables turistas, pero no vengan tantos. Se diría que casi estorban, con tanto bullicio y actividad. Además, el éxito de las plataformas para alquilar viviendas privadas ha empujado el precio de los alquileres, de acuerdo con los defensores de los hoteles, hasta el infinito y más allá. ¿Cómo no prohibirlas o, al menos, regularlas?
Ya se nos ha olvidado el miedo en los ojos de todos nosotros cuando tras el estallido de la crisis los visitantes extranjeros redujeron su presupuesto vacacional y muchos no vinieron. Estábamos pendientes de la ocupación hotelera, de la actividad de bares, restaurantes, museos o playas. Recuerdo a los taxistas de Madrid contándome lo que se notaba en su negocio. Pero agua pasada no mueve molinos, y ahora la situación es otra.
Esta disputa me recuerda a los tratados de cambio castellanos del siglo XVI. Por aquella época y, a causa de la llegada de oro del Nuevo Mundo, las operaciones comerciales y de crédito se habían multiplicado y habían sufrido un cambio cualitativo. Aparecieron diferentes tipos de contratos, fluctuaban los tipos de cambio y… subieron los precios. Por supuesto, la primera explicación de esta subida se refería a la licitud o no del comportamiento de los mercaderes (que siempre han tenido mala fama). Fueron los escolásticos españoles quienes explicaron que la subida de los precios se debía a la abundancia de dinero y la consiguiente depreciación monetaria.
Así también ahora, parece que la subida del precio de los alquileres es atribuida a cualquier cosa, pero no a las causas económicas reales. En principio, las causas más inmediatas son la oferta y la demanda: si sube o baja el número de pisos para alquilar y si las familias prefieren comprar o alquilar la casa. También depende de la ciudad: si es universitaria, centro de negocios, centro cultural, tiene playa o no, son factores que, al aumentar la demanda, elevan el precio. La aparición de Airbnb abarata costes. Por ejemplo, las empresas se ahorran dinero si mandan a una reunión a alguien que se aloja en un piso por una noche, eso disminuye los costes de transacción y aumenta la actividad económica.
Según José Luis Ruiz Bartolomé, experto en el sector inmobiliario, del millón y medio de viviendas que hay en Madrid, solamente unas 260.000 o 270.000 están alquiladas. De ellas, solamente entre 15.000 y 20.000 se dedican a uso turístico, y el 80% de esas viviendas está en pleno centro histórico. Realmente, el efecto que puede tener esta modalidad en el precio del alquiler es poco, al menos, mucho menor del que nos están contando. A pesar de ello, en determinados medios, ya aparecen titulares señalando a grandes consorcios bancarios que están detrás del tema de los alquileres turísticos. El rico contra el pobre. Y el mensaje llega. Porque, igual que en el siglo XVI era fácil “vender” que los precios subían porque los mercaderes eran unos avariciosos, ahora también cuela que hay una conspiración bancaria que quiere acabar con todo.
Como explicaba Ruiz Bartolomé en la estupenda entrevista de Fernando Díaz Villanueva para La Contra, en realidad lo que hace falta es que los propietarios de los 200.000 pisos vacíos en Madrid se decidan a ponerlos en alquiler. Y para lograrlo, nada como estudiar cómo se puede mejorar la ley de arrendamientos, cómo ofrecer más seguridad jurídica al arrendatario, es decir, al propietario. Y aquí es donde pinchamos en hueso. Porque el problema que subyace a todo este problema es, desde mi punto de vista, la agresión a la propiedad privada que estamos presenciando en silencio.
Si atendemos al mensaje de muchos políticos, se diría que el propietario, culpable por definición, debería supeditar el uso y disfrute de su propiedad a lo que sea socialmente necesario. Por supuesto, hay una “autoridad moral” que es capaz de decir exactamente quién lo necesita, cuándo y cómo: son los políticos. Precisamente los políticos, en un país declarado el más corrupto de Europa y donde los diferentes partidos hacen batallitas a ver quién tiene más causas en los Tribunales, más condenados o currículos falsos.
Ada Colau y Manuela Carmena tienen la potestad de emitir licencias y decidir qué puede usted hacer con su casa o no, aunque sea su manera de llegar a fin de mes. Desde julio, en Palma de Mallorca, solamente se podrán alquilar viviendas unifamiliares excepto las situadas en suelo rústico protegido, en el entorno del aeropuerto y en áreas de uso no residencial como los polígonos industriales. Cualquier cosa menos buscar soluciones imaginativas.
Mientras tanto, el gobierno presenta su Plan Nacional de Vivienda 2018 en el que expone la lista de subvenciones al precio especialmente para sectores sensibles de la población: jóvenes, ancianos y discapacitados. Es obsceno que se lo planteen con tanta ligereza.
La flexibilidad del mercado de alquileres favorece la flexibilidad del mercado de trabajo, la movilidad interna entre estudiantes para lograr una asignación del factor trabajo más eficiente, la movilidad social, de manera que quienes mejoren puedan cambiar de barrio sabiendo que pueden rentabilizar su propiedad. Un mercado rígido, subvencionado, donde el respeto a la propiedad privada no está garantizado afecta negativamente a todos esos ámbitos. Y no nos lo podemos permitir.
