En el fondo de la polémica está el motivo que es el que no se dejan las dos bolsas en España. Si fuera porque en nuestro país no contamos con la misma tecnología para la conservación de la sangre del cordón, el debate no tendría mucho recorrido. Pero la razón por la que tanto los Príncipes como muchos ciudadanos de a pie envían estas muestras fuera de nuestras fronteras es el intento de escapar al comunismo normativo que el Gobierno ha impuesto sobre los cordones umbilicales. Y es que la legislación española viola la propiedad privada de los depósitos de sangre de cordón umbilical en bancos privados. Por alucinante que parezca, uno no es dueño de su cordón umbilical ni aunque pague a una institución privada por conservárselo. El verdadero dueño es el gran hermano estatal. En efecto, el real decreto aprobado por el Gobierno del Partido Socialista obliga a los bancos privados de cordón umbilical a ceder sus muestras de forma altruista. A este aberrante ataque contra la propiedad privada es a lo que De la Vega se refirió como "una decidida apuesta para que nuestro sistema siga siendo un referente ético mundial".
Está visto que la Realeza española no piensa igual que la vicepresidenta. No sé si se deberá a que su sangre no es roja o a que, como cualquier padre y madre responsables, los Príncipes piensan y actúan en beneficio del bienestar de sus retoños.
Además, la norma española prohíbe el carácter lucrativo de estos depósitos. Esta medida no sólo viola la libre contratación de un servicio en torno a un bien privado cercenando así la libertad individual de los padres a la hora de elegir el uso de la sangre del cordón umbilical de sus hijos, sino que vuelve prácticamente inviable el desarrollo de los bancos privados en España dejando a los españoles y a sus empresas en una desventajosa y discriminatoria situación en comparación con otros países europeos.
Hace dos meses, el Tribunal Constitucional decidió admitir a trámite el recurso al real decreto socializador presentado por la Comunidad de Madrid. Por el bien de las familias que no pueden comprar su libertad enviando el cordón umbilical de sus hijos al extranjero, esperemos que el tribunal le dé la razón a quienes con la Comunidad de Madrid defienden la libertad de padres e hijos y la propiedad privada de sus cordones umbilicales.
