Afirma indignado el ministro de Hacienda que “España ha hecho una reducción del gasto público como nunca antes se había hecho en su historia”. Le molesta a Montoro que algunos analistas hayamos optado por no bailarle el agua y que, al contrario, critiquemos sus más de 30 subidas de impuestos en apenas doce meses. Afirma el jienense que “no es la subida de impuestos lo que ha permitido el cambio en la posición financiera de España, sino la reducción del gasto”; reducción que él mismo cifra en dos puntos del PIB, esto es, algo más de 20.000 millones de euros.
Ciertamente, Montoro no ha dicho ninguna falsedad: durante 2012, las administraciones públicas españolas recortaron el gasto público en alrededor de 20.000 millones de euros, lo que constituye la mayor reducción de sus desembolsos en toda su historia y el motivo principal que ha permitido minorar el déficit desde el 8,96% del PIB en 2011 al 7,1% en 2012 (descontando el coste del rescate bancario). El problema del ministro de Hacienda no es tanto lo que dice, cuanto lo que calla.
Primero, un déficit de 75.000 millones de euros sigue siendo un desequilibrio presupuestario más alto que cualquier otro alcanzado en nuestra historia anterior a la crisis. No hemos regresado a ninguna situación de normalidad en la que podamos relajarnos y olvidarnos de la necesidad de seguir recortando los gastos de un modo aún más intenso de lo que lo hemos hecho hasta ahora. Por desgracia, el Gobierno sí está decidido a dormirse en los laureles, por cuanto su objetivo de déficit para 2013 es del 6,5%, que con la desviación de rigor permanecerá anclado estructuralmente en el 7% de 2012.
Segundo, si el déficit sigue anclado en el 7% es porque el Gobierno todavía no ha empezado a recortar el gasto estructural del Estado. En 2012, los egresos conjuntos en empleo público, consumos intermedios subvenciones y transferencias sociales apenas se redujeron en 8.500 millones de euros (0,8% del PIB); fue el (muy necesario) tajo de 14.000 millones de euros a la inversión pública el que realmente concentró el grueso del ahorro estatal. Sucede que, como decíamos, nos quedan 75.000 millones de euros que recortar y ya hemos tocado hueso en materia de inversión pública. En este sentido, las dos grandes rúbricas por ajustar son empleo público y transferencias sociales (fundamentalmente, pensiones). Sería necesario minorar en 30.000 millones de euros la primera y en al menos 40.000 millones de euros la segunda, pero es más que dudoso que el PP vaya a hacerlo: en cuanto a los empleados públicos, porque los populares ya han prometido restablecer la paga extra suspendida en 2012; en cuanto a pensiones, porque el informe de los “expertos” está concebido para cuadrar las cuentas de la Seguridad Social a largo plazo (y sin recortes nominales a los pensionistas actuales), cuando nuestro problema financiero es de corto y medio plazo.
Y tercero, semejante ajuste no podrá venir del lado de los ingresos. Las 30 brutales subidas aprobadas por Montoro apenas han servido de nada, como él mismo reconoce con incomprensible desparpajo. Ahora mismo, no existe margen para 30 nuevas (inútiles) subidas: al contrario, si deseamos aumentar las posibilidades de que España vuelva a generar riqueza, tocará bajarlos. ¿Cómo cuadrar, entonces, el tercer mayor déficit de toda la Unión Europea? Pues sólo bajando los gastos a un nivel que Montoro y sus cuates socialdemócratas se niegan a bajar.
Pírrico e insuficiente recorte
Por poner en perspectiva el pírrico ejercicio de “austeridad” de Montoro: Letonia, país que en 2008 tenía unos problemas presupuestarios muy parecidos a los nuestros (misma presión fiscal, mismo peso del sector público sobre el PIB y mayor déficit) optó por recortar su gasto público un 20% para despejar los temores de bancarrota; le costó pero finalmente lo ha conseguido: en 2012, incluso cerró con superávit sus cuentas públicas. El gigantesco tijeretazo de Montoro en 2012 apenas fue del 4,5% del gasto total: a saber, para seguir el camino de Letonia deberíamos haber recortado los desembolsos en 90.000 millones de euros, y no en 20.000.
En suma, el ministro de Hacienda no tiene ningún motivo para sacar pecho: al contrario, tiene sobrados motivos para quedarse guarecido en casa. Lejos de solventar de verdad los problemas financieros de España, sólo ha consolidado una estructura tributaria confiscatoria, un Estado sobredimensionado y un déficit insostenible. Ese es el resultado del primer año de gobierno del PP y, según nos informan, están tan orgullosos que desean quedarse ahí tanto tiempo como los mercados financieros se lo permitan. Pero los desequilibrios fundamentales siguen sin haberse solventado y nuestro stock de deuda no para de crecer. ¿Cuánto tiempo creen que puede resistir España?
