No parece importarles mucho que la inmensa mayoría de esos trabajadores no se sientan representados por ellos ni estén muy interesados por sus servicios, y por eso no se afilian; quizás porque saben que los grandes sindicatos son en realidad burocracias funcionariales preocupadas por protegerse a sí mismas parasitando a los auténticamente productivos, creando todo tipo de obstáculos y dificultades para luego vender facilidades y presentarse como salvadores y agentes sociales indispensables.
Hace tiempo que se dedican más a la política que a lo laboral, como demuestran sus vacuas y tópicas declaraciones contra el terrorismo y las guerras y por la globalización de los derechos humanos, la sostenibilidad medioambiental, la legalidad internacional, la igualdad, la justicia, la paz y la libertad (no tienen vergüenza ni sentido del ridículo). También comentan algo difuso y sin concretar mucho acerca del trabajo decente, el empleo de calidad y el salario digno. Y en cuanto pueden meten en su discurso a los débiles, a los marginados, a los pobres, a los desprotegidos, a los dependientes, a los niños…
Para aparentar que son muchos y muy activos periódicamente organizan manifestaciones (cada vez más minoritarias) de celebración y reivindicación de presuntos derechos. O sea que exigen más (dinero, comodidad, descanso, seguridad) a cambio de nada o nos vamos a enterar. Exhiben los logros obtenidos para la parroquia de fieles y muestran su poder de convocatoria a los contrincantes políticos. Todo bajo el camuflaje del diálogo social, el pacto y el consenso democrático.
Sus celebraciones de logros podrían denunciarse penalmente como publicidad engañosa: "reformas en nuestro mercado de trabajo que están mostrándose positivas para la contratación indefinida"; "medidas en materia de seguridad social que garantizan la viabilidad de nuestro sistema público de pensiones"; "la ley de atención a las personas dependientes que arbitra un nuevo derecho de ciudadanía y generará miles de puestos de trabajo cualificados". Se muestran orgullosos de su coacción legalizada: "se ha promulgado la ley de igualdad donde el movimiento sindical ha logrado introducir la obligatoriedad de negociar planes de igualdad en las medianas y grandes empresas".
Reivindican soluciones a problemas que ellos mismos causan o cuyas soluciones dificultan como la precariedad en el empleo. Alarman presentando la siniestralidad laboral como una "catástrofe nacional". Acusan sin pruebas ni argumentos válidos de discriminación salarial entre hombres y mujeres. Fomentan la envidia y el rencor por el "insultante" crecimiento de los beneficios empresariales en relación a los incrementos de los salarios. Se quejan de los precios de la vivienda sin ofrecer soluciones eficientes Exigen más colectivismo e intervencionismo en sanidad y educación, justo lo que reduce su calidad e incrementa su coste.
Injurian a las empresas que abandonan el país (en gran parte debido a la baja productividad fruto de las rigideces laborales y las insaciables exigencias sindicales) con que "practican la rapiña impunemente dejando a miles de familias abandonadas a su suerte"; se quejan de que no se pueden ir porque han recibido subvenciones y luego piden más subvenciones. Reclaman "normas europeas vinculantes que sienten las bases de un derecho del trabajo común", o sea que ningún país pueda librarse de la rémora de la regulación laboral sindicalista. Quieren "un gobierno económico europeo" (socialismo multinacional), "directivas sociales, garantías de servicios públicos para todos los ciudadanos": aquí están descaradamente defendiendo los privilegios de sus principales afiliados, los funcionarios de los generalmente muy mejorables servicios públicos.
Son palabras de José María Hidalgo, de Comisiones Obreras, y de Cándido Méndez, de UGT. "Nos sentimos orgullosos de ser los principales creadores de riqueza y exigimos nuestros derechos". Exigir, que no pedir, es propio de ellos, pero cuesta imaginar a un sindicalista creando riqueza.
