Pensemos solamente en el agua corriente, la luz eléctrica, el frigorífico, la lavadora, el automóvil, el teléfono o la televisión. Ninguno de estos "lujos" estaba a disposición de los grandes monarcas del pasado, mientras que hoy los asumimos como dados.
El capitalismo no sólo sentó las bases económicas e intelectuales para que tales invenciones tuvieran lugar, sino que, sobre todo, multiplicó su cantidad y las generalizó para las masas de consumidores, entre los que se cuentan los trabajadores.
Esta favorable evolución del bienestar de los trabajadores ya debería constituir una razón de peso para que dejara de relacionarse el sistema capitalista con la inmisericorde explotación del obrero. Pero además el círculo del disparate se completa si tenemos en cuenta que muchos siguen considerando el socialismo como la vanguardia proletaria, el motor del progreso de las clases trabajadoras.
Como evidenciaremos a continuación, las políticas intervencionistas del socialismo son del todo hostiles a los intereses del trabajador. En concreto, analizaremos dos de sus políticas estrella: el salario mínimo y los costes del despido.
Salario mínimo
El salario mínimo (SMI) condena a muchos individuos al mínimo bienestar. Hace unas semanas el Instituto de Estudios Económicos auguraba un incremento del desempleo en España si el SMI ascendía a 600 euros.
En principio, la opción de que el Gobierno vaya incrementando el SMI parece atractiva: las clases bajas (las perceptoras) cada vez obtendrán un mayor sueldo, lo cual mejorará su situación. En realidad, como ya vimos la semana pasada, el salario queda determinado entre dos márgenes: la productividad marginal del trabajador (es decir, el valor de lo que produce) y el salario marginal (el salario que percibe el último trabajador que permitiría sustituirlo).
Al incrementarse el salario por decreto, pues, pueden suceder tres cosas: que supere el límite superior, que se quede entre ambos o que esté por debajo del inferior.
En el primer caso los resultados son letales. El Gobierno impone al empresario que pague al trabajador más de lo que éste produce. Imaginen que tienen contratada a una persona y que estiman que su contratación les reporta unos ingresos de 1.000 euros. No obstante, el Estado les exige que le paguen 1.100 en concepto de salario. ¿Seguirían contratándolo? Al empresario le resulta más rentable despedir al trabajador que acumular pérdidas mensuales de 100 euros (o simplemente no lo contratará desde un principio). Por tanto, la primera posibilidad es que el salario mínimo arrastre al paro al trabajador.
En el segundo caso el trabajador puede salir beneficiado a corto plazo, pero a costa de perjudicar gravemente a otros obreros. Imaginemos que un trabajador reporta al empresario unos ingresos de 1.000 euros. Sin embargo, éste sabe que puede sustituir en cualquier momento a aquél por otro individuo que trabaja en la empresa vecina y que cobra 500. Por ello mismo, como ya explicamos, el empresario no pagará más de 500 euros al trabajador, aun cuando le reporte unos ingresos de 1.000.
Supongamos ahora que el Gobierno fija un salario mínimo de 700 euros. En ese caso, el trabajador de la empresa vecina será despedido (ya que el SMI superará su productividad marginal) y la remuneración de nuestro trabajador subirá hasta 700, ya que al empresario le sigue resultado rentable contratarlo (pues le proporciona unos ingresos de 1.000 euros). Aquí, pues, el salario mínimo se ceba con las clases más bajas y menos cualificadas. Algunos trabajadores ven incrementado su salario, pero otros quedan relegados al paro permanente.
Por último, en caso de que el salario mínimo se sitúe por debajo del límite inferior, sus efectos serán nulos. Si yo cobro 1.000 euros y establecen un salario mínimo de 200 no hay repercusión alguna.
Así pues, los efectos de un incremento del salario mínimo podrán ser dos: o inutilidad o nocividad. O es irrelevante (imaginemos que en España se establece un SMI de un euro al mes) o es nocivo (beneficiará a los trabajadores más productivos a costa de destruir miles de puestos de trabajo).
Tanto el PP como el PSOE acometieron ingentes subidas del SMI. En su opinión, los trabajadores obtenían un beneficio neto gracias a sus políticas. Es curioso, sin embargo, que ninguno de ellos propusiera elevarlo a, por ejemplo, 1.500 euros. ¿Es que el mismo razonamiento que se aplica a los 600 euros no sirve para los 1.500? ¿Es que acaso nos ocultaban que los incrementos del SMI acarrean siempre consecuencias indeseables?
Es necesario recordar que quienes más sufren este incremento son los individuos con menor experiencia y cualificación, esto es, jóvenes e inmigrantes. Como siempre, la izquierda al lado de los más débiles.
Costes al despido
El despido debería ser libre. Tanto el empresario como el trabajador deberían tener el derecho a rescindir el contrato sin penalización alguna. En caso contrario pasamos a un régimen de semiesclavitud: o bien el empresario podría obligar al obrero a trabajar para él o bien el trabajador podría obligar al empresario a pagarle un salario.
Los partidarios de dificultar el despido afirman que, en caso contrario, la mitad de los trabajadores del país terminaría en la calle. Es curioso cómo esta misma gente compatibiliza esta opinión con la de que el empresario explota al trabajador. ¿Cómo puede explotarse a quien acabas de despedir? Si el empresario se lucra robando al trabajador parte de su producción, ¿qué sentido tiene el despido masivo de trabajadores? ¿A quiénes explotarían entonces los empresarios?
Lo cierto es que los costes sobre el despido suponen una minoración del salario del trabajador, dado que añaden un elemento de incertidumbre al cálculo empresarial. El empresario, sin duda, contempla la eventualidad de que el trabajador no rinda tanto como espera (o de que se produzca un cambio en la demanda de los consumidores que haga que esa ocupación deje de ser rentable) y, por tanto, que tenga que prescindir de sus servicios.
En tanto el Gobierno penaliza ese error con los costes al despido, el empresario reducirá el salario del trabajador para financiar el "coste extraordinario" que le supondrá despedirlo. Esto será tanto más cierto cuando la fiabilidad del trabajador sea escasa: los casos de falta de experiencia o de baja cualificación. Nuevamente, jóvenes e inmigrantes sufren un mayor descuento en su salario (dado que la incertidumbre con ellos es mayor).
Ahora combinemos ambos efectos: supongamos que el descuento sobre el salario que provocan los costes al despido es tan grande que el sueldo que debería percibir un trabajador se sitúa por debajo del SMI. ¿Qué sucederá en ese caso? Obviamente, que el empresario no contratará al trabajador. Más paro; especialmente, más paro entre los eslabones más débiles de la sociedad.
Conclusión
Si en el primer artículo demostramos cómo el capitalismo enriquece a los trabajadores, en éste hemos analizado la miseria de dos políticas típicamente socialistas. En el corto plazo, el salario mínimo y los costes al despido suponen un incremento del paro. Si esas políticas continúan perpetuándose (de manera que los incrementos en la productividad empresarial lleven aparejados incrementos del salario mínimo y de los costes al despido), el paro también lo hará.
A largo plazo, además, estas políticas suponen una reducción en la inversión empresarial y, por tanto, una menor capitalización, que se traduce en unos salarios más bajos.
La política laboral del intervencionismo, pues, provoca dos consecuencias nefastas para los trabajadores: más paro y menores salarios.
En este sentido, resulta inexplicable que una ideología tan contraria a los intereses de los trabajadores haya merecido el calificativo de "obrerista". La política laboral del Partido Socialista Obrero Español no puede ser más antiobrera. Poco menos puede decirse del PP (autor en su momento de frecuentes incrementos del SMI), salvo que, al menos, no comete la desfachatez de considerarse obrero.
Eso sí, por muy nefastas que resulten las políticas izquierdistas para toda la sociedad, seguirán aplicándose con mano de hierro a través de la coacción estatal. La gloria de los políticos es la ruina de la sociedad. También de los trabajadores.
