¿Se ha preguntado hasta qué punto la intervención del estado es nefasta para la economía y sociedad?
Según fuentes del Banco Mundial (BM) si un empresario quiere montar una empresa desde cero en España necesita hacer 6 procedimientos legales de puesta en marcha, 3 para registrar la propiedad, 23 para hacer efectivos sus contratos comerciales y todo ello lleva a 4 meses de espera no consecutivos con un coste inicial superior al 16% del ingreso nacional bruto per cápita (que equivale a unos 3.000 euros sin contar los trámites subsiguientes). A partir de aquí el empresario “ya puede” alquilar un despacho, invertir en maquinaria… ¿Qué obtiene el empresario a cambio de este esfuerzo y dinero pagado por la fuerza? Menos capital para su negocio, menos producción útil y menos capacidad para satisfacer a su cliente. Hasta ahora, y antes de hacer nada, el futuro empresario sólo ha trabajado para la burocracia.
Además el empresario ha de someterse a todas las leyes del sector que sólo enriquecen al estado como altos impuestos, mantenimiento de licencias, absurdas inspecciones que nunca han servido de nada… En este sentido, el estado actúa como un señor feudal donde se le paga bajo pena de multas, cárcel… para conseguir únicamente su consentimiento sin ninguna contrapartida. La hegemonía y tiranía del estado actual es lo mismo que la hegemonía y tiranía de señor feudal medieval. ¡No es de sorprender que la economía sumergida supere el 20% del PIB en España!
Mirémoslo desde la parte del consumidor (aquel que compra a ese empresario). ¿Qué ha conseguido “de más” con la intervención del estado? Nada, más bien al revés, ha perdido: el empresario tendrá que hacer sus productos más caros en un mercado legislado y rígido, además, y según el BM también, el índice de contratación de empleados en España es muy bajo, su rigidez es de 69 puntos sobre una escala de 100, cuando la media de la OCDE de 34,4 puntos. Esto significa que universitarios, inmigrantes, gente poco cualificada… tienen una fuerte barrera de entrada al mercado laboral para poder ser contratados, a lo que se suman más barreras sectoriales creadas por los sindicatos contra los “nuevos invasores”. En una ocasión un sindicalista así me definió la inmigración, por eso se veía en la obligación moral de defender “nuestros derechos adquiridos” para que no nos “roben” el trabajo.
Imagínese lo prósperos que seríamos sin los tributos que el estado nos obliga a pagarle. Podríamos hacer lo que quisiéramos dependiendo sólo de nuestro esfuerzo y logros sin tener que mantener a ningún extorsionador.
Si comparamos los mismos datos del BM con otros países donde la opresión estatal es menor, como Estados Unidos, Nueva Zelanda… los resultados son claros: más libertad es igual a más bienestar y riqueza. Los estatistas le insistirán continuamente que eso no es cierto, ¡todo es un complot del mercado contra la gente! La realidad es todo lo contrario. Países como Alemania, Suecia, Francia… sólo son oligocracias dominadas por el estado y grupos de presión que esclavizan al ciudadano: Francia, Bélgica y Suecia ocupan los tres primeros puestos en el “Índice de Miseria Impositiva” según la revista Forbes; en Holanda cada persona ha de pagar un tributo al estado según la cantidad de basura que genera, el trabajador holandés ha de pagar parte de la cuota del teléfono móvil de la empresa al estado; Alemania obliga a pagar un canon por tener televisor; Francia ha prohibido a la industria cinematográfica extranjera anunciar sus películas; en Suecia está prohibido pintar su hogar sin una “licencia para pintar”… La lista es interminable.
Nuestra meta hacia la libertad y bienestar social pasa por la no intervención del estado. No hemos que luchar para asemejarnos a ningún país como una mera réplica. Nuestro esfuerzo ha de centrarse en que nos dejen en paz, que el estado no intervenga en nada y que cada uno sea responsable de sus propias acciones. Sólo así conseguiremos una economía próspera, creciente y libre.
