Las pensiones de la Seguridad Social son una estafa piramidal que está al borde de la quiebra. No sólo son financiadas por medio de la extorsión –o pagas, o el Estado se venga contra ti persiguiéndote– sino que su rentabilidad, si es que se puede llamar así, depende de la gracia del político en época de elecciones.
La pensión pública es cara y forzosa: ¿sabe que si usted cobra 1.000 euros brutos al mes está dando, quiera o no, una tercera parte, 300 euros, a la Seguridad Social, más lo que su empresa aporta por usted y que jamás verá en su nómina? Su gestión siempre es improvisada, precaria e ineficiente: ¿sabe también que el Gobierno se está gastando ahora mismo su dinero en otra persona y que aún no ha ahorrado por usted ni un solo céntimo? Se fundamenta en la estafa: ¿sabe que AFINSA fue intervenida por el Estado por financiarse igual que las pensiones públicas, lo que se considera económica y legalmente un fraude?
Si usted contrata un plan de pensiones privado lo cobrará desde el primer año si está en los plazos legales y se le reintegrará todo el capital aportado más el rendimiento que éste haya generado, da igual cuando lo haya abierto. En cambio, el periodo mínimo de cotización para cobrar una pensión pública es de 15 años (hasta el año pasado eran 12,5, así que no descarte que en breve necesitemos cotizar como mínimo 20 años para ver un poco de nuestro dinero). ¿Qué entidad privada cambia las condiciones de un "contrato" de forma unilateral y sin nuestra aprobación expresa como hace el Estado con las pensiones? Ninguna, y si lo hace es juzgada y multada. La pensión estatal tampoco se traspasa a los herederos en caso de defunción del progenitor. El dinero que haya pagado éste se lo queda el Estado, sin más. Otra vez, nada que ver con los planes de entidades privadas. Algo similar sucede con las viudas. ¿Por qué el Estado se queda con la mitad de la pensión del cónyuge? ¿En qué entidad privada ocurre algo así? ¿Por qué todos, empresas y particulares, estamos sometidos a la ley menos el Estado?
En cualquier entidad privada donde tenga un plan de pensiones le dirán la rentabilidad que tiene su plan y cuánto dinero va a percibir al jubilarse, incluso lo podrá consultar por teléfono o internet. Es el mínimo de transparencia que exige el mercado. Desde hace unos años el Gobierno ha emprendido una batalla por la transparencia en las empresas y otra vez más, es el Estado es quien se queda al margen de la ley al ser la organización más opaca y fraudulenta de nuestra sociedad. No tenemos ni idea de cuánto cobraremos al jubilarnos y no hay forma de asegurar que vayamos a cobrar algo siquiera; es más, parece más probable que no.
Recientemente el Gobierno aprobó una ley que permite retirarnos a los 70 años y así elevar hasta un 15% la pensión del trabajador. Hasta ahora es opcional, pero es cuestión de tiempo que hagan la medida obligatoria como ya ha ocurrido en otros países como Alemania, aunque aún no haya entrado en vigor. Por qué tenemos que pagar con más trabajo la gestión irresponsable del Gobierno.
Hágase una pregunta. ¿Se considera usted un imbécil total? El Gobierno está convencido que sí, por eso nos obliga a que le demos nuestro dinero para gestionarlo "responsablemente" por nosotros. Los burócratas, como siempre, subestiman al hombre libre. Los españoles tenemos una firme voluntad de ahorrar. Según ADICAE (Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros), las familias españolas tienen en acciones y participaciones de fondos de inversión más de la mitad de sus ahorros, un porcentaje que supera el de otros países, como Francia, donde esta cifra es del 37% e incluso Estados Unidos, el país con mayor tradición bursátil. Es más, según Profim, compañía de asesoramiento en fondos, entre 1991 y 2006 el sector de los fondos de inversión, cuya diferencia con los planes sólo es legal pero no económica, se ha multiplicado por nueve. Y si lo miramos por la parte de la oferta, sólo en el primer cuatrimestre de 2007 se registraron en la CNMV más de 100 fondos de inversión nuevos. Ya hay casi 3.000 fondos de gestoras españolas. A esto sumemos más de 7.000 fondos de gestoras internacionales que se pueden comercializar en España.
Tiene su gracia que los burócratas nos llamen irresponsables y afirmen sin sonrojarse que ellos se preocupan más que nosotros por nuestro dinero y nuestro futuro. La realidad nos indica todo lo contrario: ellos nos confiscan nuestra riqueza y la pierden en a saber qué. Y con lo poco que nos dejan le sacamos el máximo provecho empleando las oportunidades que nos brinda el libre mercado.
José Manuel González-Páramo, miembro del Comité Ejecutivo y del Consejo de Gobierno del BCE, ha dicho recientemente que es necesario un "debate público, abierto y en profundidad acerca del futuro de nuestros sistemas públicos de pensiones". Sin duda, pero su solución pasa por ahogarnos más, manteniendo o aumentando los ingresos del Estado y reduciendo prestaciones sociales. No es el buen camino. El modelo actual es injusto, fraudulento e ineficiente hasta el punto de rozar la quiebra del sistema.
Es más, la solución no es convertir el actual sistema de reparto en uno de capitalización individual, esto es, lo que se entiende generalmente por privatización de las pensiones. Eso significaría que el Estado nos seguiría ordenando qué hacer con nuestro dinero y cómo emplearlo. La solución más acorde a la libertad individual y al respeto de las decisiones de cada persona es que cada cual gestione su dinero y su vida como le venga en gana sin dar explicaciones a nadie, y eso significa que ninguna ley ni oligarca político nos ha de imponer si hemos de invertir el dinero en nuestro futuro, el de nuestros hijos o en cualquier otra cosa que decidamos. Esa es nuestra decisión y la de nadie más. El sistema de pensiones públicas ha de ser abolido.
