Armageddon is just a matter of time, tear down the voice of reason, let the arrows fly, your freedom is just a state of mind». Gene Simmons.
Esta negociación de presupuestos muestra la aberración en que se ha convertido nuestra política. Unos presupuestos sin credibilidad, que duplican el déficit estructural y expolian a ciudadanos con más impuestos que nunca mientras se dispara el gasto político. Y, ¿qué negocian sus señorías? Aumentar más los gastos y expoliar a los ciudadanos. Ellos siempre gastan poco y usted gana mucho.
La última vileza es que un partido independentista, en vez de exigir una fiscalidad más atractiva para sus ciudadanos, exija peor fiscalidad para los demás. En este caso para los de Madrid. Separatismo centralista.
Las mentiras que se repiten sobre el inexistente «dumping fiscal» de la capital y el impuesto de sucesiones las hemos detallado en varias ocasiones (lean «No hay dumping fiscal» y «así es el impuesto a la muerte«).
¿Armonización? Es una falacia. No van a armonizar nada. No se va a tocar -ni se debería- el concierto vasco ni el régimen de Navarra, no se va a tocar la fiscalidad especial de Canarias o de Ceuta y Melilla. El único objetivo es expoliar a los madrileños, y con ello también a los andaluces y murcianos, entre otros.
Por ahora se demuestra la visión extractiva y confiscatoria de Sánchez y sus socios de gobierno. Sus voceros repiten una y otra vez que el déficit no importa y la deuda no es un problema, y a la vez suben gastos improductivos e impuestos a todos. Identifican mayores impuestos con más recaudación y después, cuando los suben, se sorprenden de que recaudan poco y de que se dispare el déficit. Ni una sola partida de priorización, de mejora de eficiencia, de control de gasto innecesario.
El 2020 es el año donde usted y yo seremos expoliados fiscalmente hasta niveles nunca vistos mientras sufrimos una crisis sin precedentes cercanos y el gobierno multiplica asesores, gasto y desequilibrios.
A España se le ha concedido un espacio fiscal sin precedentes para crecer y crear empleo y lo están usando para poner más escollos a la creación de puestos de trabajo e inversión y aumentar sus redes clientelares.
Decía Sánchez hace unos años que quería extender el modelo de la Junta de Andalucía del PSOE a toda España, y eso es lo que está haciendo. Pedro Sánchez puso en julio de 2014 como modelo el socialismo andaluz para «cambiar España», «exactamente igual que hicieron desde Andalucía, hace ya 40 años, otros jóvenes intrépidos socialistas». Y lo está haciendo.
Pero no le echen la culpa a Gabriel Rufián del despropósito fiscal de la semana. Rufián solo predica a su elector, y la demagogia anti-Madrid es perfecta para esconder la realidad del desastre que han creado en Cataluña con sus veleidades separatistas, aumentos constantes de impuestos y empeoramiento de la seguridad jurídica.
Este plan de expolio y centralismo tributario que solo permite autonomía para gastar más y subir impuestos está en el programa de Sánchez desde hace años. Va en contra de un verdadero sistema autonómico, que es tener más responsabilidad sobre los gastos y mayor autonomía en política fiscal.
Sánchez no busca un modelo autonómico real y eficaz, sino un modelo semifeudal peronista de provincias donde se rinda pleitesía al gran «repartidor de favores» central, Sánchez, se multiplique el peso administrativo y solo funcionen para subir impuestos.
Lo único que hace Sánchez es, de nuevo, poner como responsable mediático de sus veleidades intervencionistas a otro, sea Iglesias, Rufián, Bildu o el PNV, y presentarse como resignado estadista de voz suave y tono melifluo que solo hace lo que le obligan. Pero su intención la dejó muy clara en octubre de 2019 cuando anunciaba «armonizar» impuestos sin pestañear.
¿Por qué ocultan que el ataque va orientado solo a Madrid? Algunas comunidades, incluidas algunas gobernadas por o gracias al PSOE, han aplicado las rebajas fiscales de la Comunidad de Madrid, pero ni ERC ni el Gobierno las acusan de «dumping» ni dicen nada: Extremadura, Cantabria o Castilla-La Mancha tienen la misma fiscalidad o similar a Madrid en Sucesiones.
Armonizar (para Sánchez) es subir impuestos. Y no a los ricos. Además, no financia sanidad ni educación. Supone anular la posibilidad de que las comunidades de régimen común puedan aplicar una política fiscal propia en los impuestos estatales que tienen cedidos. Convierte a las autonomías en entes que solo pueden subir impuestos.
Es un centralismo socialista fiscal obligatorio para todas las Comunidades Autónomas excepto aquellas a las que el ejecutivo de Sánchez aumenta sus excepcionalidades si se portan bien y le apoyan.
De nuevo, supone aumentar las diferencias regionales por adhesión política al avanzar y aumentar la autonomía fiscal de Cataluña, País Vasco y Navarra, mantener los sistemas excepcionales de Ceuta, Melilla o Canarias y, eso sí, expoliar a los madrileños (y con ello a muchos otros).
La falacia de que esto le afecta solo a los ricos se desmonta con los datos. La inmensa mayoría de los damnificados por el Impuesto de Sucesiones, más del 90%, son familias de clase media atacadas por brutales recargos y valoraciones catastrales falsas que convierten a personas de clase media en «grandes patrimonios» con tasaciones infladas, según la plataforma Stop Impuesto de Sucesiones.
Un ejemplo. Un hijo que heredase bienes y derechos por importe de 160.000 euros (incluyendo vivienda habitual), pasaría a pagar un impuesto de 2.220 euros por un activo no líquido y probablemente invendible en muchos casos.
Los hogares madrileños pagarían 2.001 euros de impuestos más al año si vivieran bajo las normas fiscales que impone la Generalitat catalana y que ha supuesto desplazar talento, inversión y empleo a otros países cercanos, como Portugal o Italia, países con una fiscalidad más atractiva, no solo «a Madrid».
El socialismo, en vez de defender a los ciudadanos de las comunidades autónomas que sufren el impuesto de sucesiones y patrimonio, solo busca hundir a los que no lo sufren. Esa es la verdad del socialismo.
España es un infierno fiscal para el ahorro. En la mayoría de Europa el Impuesto de Sucesiones es residual o inexistente y no se suma a los altos impuestos al ahorro. Y donde se aplica, es mucho menor. España aplica el segundo tipo más alto en Sucesiones de la Eurozona. Aquí se tributa hasta el 34% de la herencia; en la Eurozona, no llega al 12%.
El Impuesto de Patrimonio sólo existe en España. No se aplica en ningún país de la Unión Europea y somos el único país de la OCDE en el que este impuesto se añade al resto de cargas sobre el ahorro. Noruega, Suiza y Holanda son los únicos países de la OCDE que lo mantienen, pero -ojo- sustituye a otro tributo, no se suma a los altos impuestos al ahorro e inversión que ya tiene España, que es lo que pretende Sánchez.
Usar «solo» sucesiones esconde la lista de impuestos adicionales que penalizan el patrimonio. Si sumamos el Impuesto de Patrimonio, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados y el Impuesto de Plusvalía Municipal, encontramos que España recauda el 1,5% del PIB por este concepto (Eurostat 2017).
La media comunitaria es mucho más baja: no llega al 1% del PIB. Y en 2019, cuando se ha eliminado el impuesto de Patrimonio en Francia, España quedó como el único país de Europa que lo mantiene.
Es, además, confiscatorio: la rentabilidad de los activos es menor que lo que se paga por mantener el patrimonio (en Extremadura el tipo máximo es del 3,75%, muy superior a los tipos de interés actuales y la rentabilidad media de los activos).
No solo es así, sino que el sistema de valoración en España (inflando el valor catastral) lleva a pagar unos impuestos exagerados sobre una cantidad completamente desligada del valor de mercado. La diferencia entre valor catastral y precio de mercado ‘infla’ impuestos a inmuebles hasta un 30%, según la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios (APEI).
En 2007 se renunciaba a 3,4 herencias de cada cien. En 2019, la cifra aumentó a diez de cada cien, según datos del Colegio de Notarios. La principal causa es la imposibilidad de pagar los impuestos. Todo un expolio a familias.
El estado carga impuestos excesivos, inflados y confiscatorios, los ciudadanos renuncian a la herencia, la Comunidad Autónoma se queda el inmueble, lo subasta y ¿quién lo compra en subasta con descuento? Los ricos. Es fabuloso el expolio. Toda una redistribución negativa.
La Comunidad de Madrid recaudó por grandes impuestos (IRPF, IVA, e IIEE) 84.431 millones de euros en 2018, pero la mayoría se queda en la caja común. Madrid sólo recibe el 22,6% de lo que recauda y más de 65.000 millones de euros se van a financiar otras administraciones.
Madrid ha sido capital de España desde 1561 y, pese a la centralidad de siglos pasados, solo en los últimos años ha liderado el crecimiento económico y la creación de empleo en España. Cataluña, motor de crecimiento y riqueza durante décadas, ha sido devastada por el separatismo y las veleidades independentistas añadidas a una fiscalidad confiscatoria y sus políticos quieren culpar de su declive a los demás.
El hecho de que en la Comunidad de Madrid se encuentren las sedes de algunas grandes empresas no genera mayores ingresos a las arcas regionales porque las empresas tributan por el Impuesto sobre Sociedades (que corresponde en su totalidad al Estado), sólo se repercute por IRPF a la Comunidad de Madrid lo correspondiente a la gente que vive en la región. Iberdrola, Mercadona, Inditex y tantas grandes empresas españolas tienen sus sedes en otras regiones.
Impuestos atractivos, mayor recaudación
Un contribuyente medio madrileño con rentas de 20.000 euros al año se ha ahorrado más de 69.000 euros en impuestos, el equivalente a más de tres años de sueldo. El 85% del ahorro fiscal ha correspondido a rentas inferiores a 60.000 euros, y de esa cantidad, el 73% a rentas inferiores a 33.000 euros.
En diez años, la Comunidad de Madrid ha rebajado el IRPF un 25% a las rentas más bajas y un 2,3% a las más altas. Con impuestos más atractivos, recauda más y además es la Comunidad más solidaria. En el periodo 2009-2018 (desde que se aprobó el actual Sistema de Financiación Autonómica), la aportación de la Comunidad de Madrid ha sido de 31.672 millones de euros, casi tres veces la de Cataluña (11.169 millones).
El objetivo de Sánchez con su programa de expolio fiscal no es el crecimiento ni el empleo, si fuera así aplicaría una fiscalidad atractiva en toda España, ni mucho menos la armonización ya que pretende aumentar las diferencias de algunas regiones según su adhesión política. Su único objetivo es el expolio fiscal a familias y ahorradores para mantener un sistema clientelar y extractivo.
No financia estado de bienestar, ni educación, ni sanidad. Con un déficit de más de 94.000 millones en 2021 y una recaudación que sufre por los altos impuestos, que expulsa talento, inversión y empleo. Lo único que hace es extender un sistema fiscal confiscatorio que ataque al ahorro y la inversión para aumentar el férreo control gubernamental, aunque perjudique a los ciudadanos.
La propuesta de Sánchez con ERC es, además, inconstitucional y va contra las normas de fiscalidad. Un impuesto no se fija porque el gobierno considere que recauda poco, y no se puede permitir la sustitución de un impuesto por otro exactamente igual pero más oneroso simplemente por voracidad recaudatoria.
No se construye un estado de bienestar penalizando el ahorro y la inversión y premiando el despilfarro y el endeudamiento improductivo. Así es como se destruye.
El objetivo del socialismo nunca es el progreso, es el control, y por eso no duda en prender fuego al bosque siempre que le permita quedarse como rey de las cenizas.
